Arturo Molina / La Voz de Michoacán Michoacán. Con base a la alta incidencia de impunidad en los deudores alimentarios y otros factores de violencia patrimonial en agravio de las mujeres michoacanas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades estatales buscarán endurecer los marcos jurídicos y las sanciones para quienes omitan sus obligaciones familiares. Solamente en lo que va de este 2022 se han recibido miles de solicitudes de atención en las dependencias estatales relacionadas a la violencia patrimonial y deudores alimentarios en todo el estado. Fue durante el Primer Congreso por los Derechos de las Mujeres, Infancias y Adolescencias contra las Violencias Alimentarias, realizado en coordinación con la organización civil Deudores Alimentarios Michoacán, trascendieron las principales cifras que ponen de manifiesto que la impunidad, ha derivado en un incremento sustancial en los niveles de violencia patrimonial a los que se enfrenan miles de mujeres y sus hijos todos los días. Las activistas entregaron directamente al ejecutivo estatal la propuesta para el decreto para la Ley Sabina, la cual buscará incidir en la disminución de la alta tasa de impunidad que permea en los deudores alimentarios. La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) destacó que solo en el primer semestre del presente año se han registrado en Michoacán 8 mil 207 casos de violencias contra las mujeres, de los cuales, el 18.33 por ciento corresponde a violencia económica, el 30.29 por ciento a física, el 9.17 por ciento a patrimonial y el 42.19 por ciento a psicológica, siendo el grupo de edad de 19 a 40 años el más afectado, con el 68.7 por ciento del total. Tamara Sosa Alanís, titular de la dependencia estatal, manifestó que en este mismo periodo de tiempo referido la Seimujer ha atendido mil 432 mujeres y ha brindado 3 mil 040 atenciones psicológicas, mil 920 asesorías jurídicas y 169 trámites de pensión alimenticia representados, además de la atención a menores de edad por violencia; 31 niñas, 27 niños, 36 adolescentes mujeres y 14 adolescentes hombres. Celebro que el gobernador de Michoacán sea el primer mandatario del país en recibir de manos de la Seimujer y mujeres organizadas de diferentes estados esta propuesta de reformas a diversos ordenamientos jurídicos que permita garantizar el acceso a la justicia de manera igualitaria y vele por el interés superior de la niñez”, manifestó. En el caso de la atención a pensiones alimenticias, uno de los principales aspectos por atender refiere a la falta de resultados en la judicialización, así como la falta de oportunidades de miles de mujeres para acceder a la justicia ante un deudor alimentario. En compañía de integrantes del Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios, la secretaria explicó que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2020, hay 410 mil 986 madres autónomas en Michoacán que representan un 32 por ciento de los hogares de todo el estado. El dato anterior, representa un incremento casi exponencial respecto a años pasados. Diana Luz Vázquez, impulsora de la Ley Sabina, presentó el paquete de reformas y adiciones a diversas disposiciones jurídicas del estado que, aseguró, se desarrollaron con los marcos jurídicos de protección de niñas, niños y adolescentes, tratados internaciones a los que está suscrito el estado mexicano, desde la visión de la perspectiva de género y los derechos de las mujeres. La también activista y especialista enfatizó que uno de los objetivos es ampliar el espectro de acción de iniciativas como la 3 de 3 contra la violencia de género, en donde se restringen candidaturas a deudores alimentarios. Aseguró replicar este mismo esquema en puestos del gobierno estatal, municipal o cualquier cargo público tendría una repercusión directa. Refirió, la propuesta de reforma en incide en distintos ordenamientos jurídicos, tales como la Ley Orgánica del Estado, en la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado; Ley Orgánica del Registro Civil del Estado de Michoacán de Ocampo, Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios; así como en los códigos penal, familiar y civil del Estado; la ley por una vida libre de violencia para las mujeres de Michoacán. Durante su participación, Ramírez Bedolla se comprometió a revisar la viabilidad a nivel nacional, estatal y local de la iniciativa, y presentarla ante el Congreso del Estado de Michoacán, y respaldó los “Tendederos de Deudores Alimentarios”, el jefe del ejecutivo estatal argumentó que incluso, la acción de protesta cumple con los cánones para ser considerada como presta social amparada en la libertad de expresión.
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