EFE / La Voz de Michoacán Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió este jueves el polémico proyecto con el que planteaba eliminar la prisión preventiva oficiosa de la Constitución mexicana, en medio de protestas y presiones del presidente, Andrés Manuel López Obrador. El ministro Luis María Aguilar, autor del proyecto, retiró la propuesta tras dos días de discusión en el pleno de la Suprema Corte en los que los integrantes se mostraron divididos sobre su facultad para declarar inaplicable el artículo 19 de la Constitución que contempla la figura. De acuerdo con Aguilar, la propuesta se retiró para presentar un nuevo proyecto y lograr el mayor consenso entre los 11 ministros del máximo tribunal. Retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello tratar de unir los puntos de conexión, a fin de proponerles una nueva metodología”, expresó en la sesión. Este acto se da después de que López Obrador reconoció en su habitual conferencia del martes que ejercía presión sobre los ministros para mantener la prisión preventiva forzosa al tratarse de “un asunto delicadísimo”. Además, el proyecto dividió a la sociedad civil, con algunos colectivos de familiares de víctimas de feminicidio que se manifestaron este jueves en contra de eliminar la prisión preventiva, mientras que otros denunciaron que viola los derechos humanos. Después de dos días de discusión, siete de los 11 ministros habían manifestado posturas a favor de mantener la vigencia del artículo 19 constitucional, que determina la prisión preventiva oficiosa en automático cuando se preconfiguran delitos graves como la corrupción, peculado, lavado de dinero, homicidios, trata de personas, entre otros. No obstante, la mayoría de los ministros coincidieron en que esta polémica figura legal es aplicada en México de manera excesiva, aunque señalaron que la SCJN no tiene facultad para modificar este artículo de la Constitución. La discusión de esta medida inició el lunes, cuando cuatro ministros del Supremo rechazaron aprobar el proyecto que buscaba eliminar esta figura jurídica obligatoria que mete de manera automática a la cárcel a acusados de al menos 16 crímenes. En el proyecto, el ministro Aguilar sostenía que actualmente hay 92.000 personas en prisión preventiva en cárceles mexicanas, de las que cuatro de cada 10 no han recibido una sentencia. “No se propone que la prisión preventiva desaparezca, sino que dicha medida cautelar solo pueda ser dictada por un juez cuando el Ministerio Público lo justifique”, dijo Aguilar en el primer día de debate. En los dos días de debate los ministros argumentaron que existía un abuso de la prisión preventiva oficiosa y proponían limitar los delitos por los que se aplica de forma automática; aunque otros defendieron la necesidad de seguir aplicando esta medida cautelar.