RAFAEL ALFARO IZARRARAZ El término policía no siempre ha significado lo que ahora entendemos por esa palabra, como un cuerpo encargado de vigilar la seguridad de los ciudadanos y de los bienes públicos del Estado. Originalmente significaba, durante la colonia, como “civilización”, “cortesía”, “urbanidad”, “aseo” y “limpieza”. Durante el porfiriato se asoció con el control del bandolerismo y el cuidado de lo privado, como un cuerpo profesional. Después de la Revolución era la encargada de perseguir el delito. En los noventa del siglo pasado el concepto empezó a cambiar ante la incertidumbre que la ola de violencia e inseguridad se empezó a incubar en toda nuestra América Latina y México. La desconfianza, fundada en datos de INEGI, la difusión desmedida e interesada de medios como la televisión y la radio de las acciones de los grupos delincuenciales, entre otros factores, creó las condiciones favorables para que se desconfiara de la seguridad como una función del Estado (Ver: Claudia Carolina Zamorano Villarreal: ¿Qué tan pública es la seguridad pública en México? Revista mexicana de sociología, vol. 81, núm. 3). El interés privatizador de la vida económica también alcanzó al de la seguridad pública, aunque éste es un tema al que se le presta poca o casi nula atención. Por lo general ha sido un tema poco considerado pero que, al igual que otros rubros de la vida económica del país, representa un segmento bastante considerable de ganancias para el sector privado y que incide en las decisiones que se toman a nivel institucional en materia de seguridad (Ver: Claudia Carolina Zamorano Villarreal: ¿Qué tan pública es la seguridad pública en México? Revista mexicana de sociología, vol. 81, núm. 3). La consolidación de este tipo de empresas ha acompañado el fracaso, muchas veces inducido, de las políticas de seguridad pública en México, beneficia a las empresas de seguridad privada. Desde la época neoliberal, y desde una perspectiva macrosocial e inspirados en teóricos neoliberales del mercado y creyentes de la ineficacia del Estado latinoamericano, el problema de la seguridad pública se contempló como un asunto que no correspondía únicamente a los estados nacionales sino que también incluía al sector privado. Lo anterior, debido a que la tecnología que permite la creación de grandes bases de datos, establecer vigilancia de ciudades, áreas comerciales, casas habitación, negocios, empresas, bancos y comercios, es manejada por empresas del sector privado (ver: Nelson Arteaga y Roberto Fuentes: Nueva lógica de la seguridad pública México: vigilancia de lo público y lo privado). Ante este fenómeno de la seguridad privada, se quedan “chiquitos” los esfuerzos de vecinos por cerrar sus calles ante la delincuencia. Dicen los autores citados, quienes hacen referencia a autores que refieren el tema de la seguridad, en el colmo de una visión acrítica de la seguridad pública mexicana, que: “En estos años es posible observar un crecimiento exponencial de los organismos privados de seguridad o, como Volkov (1999) apuntaría, de las corporaciones empresariales que generan ganancias, legalmente, a partir de la administración de cierta violencia en lugares determinados. En la actualidad, los servicios de seguridad privada abarcan no sólo aspectos relacionados con el oficio de guardia, se vinculan también a actividades que incluyen la instalación y el mantenimiento de alarmas, la investigación, el manejo de bienes y valores, la consultoría, la instalación de sistemas electrónicos de vigilancia y de seguridad…”. De acuerdo a datos proporcionados y dados a conocer en 2021 por el periódico El Economista, en México operan aproximadamente seis mil empresas de seguridad privada cuyos centros de operación se ubican en los urbanos más importantes del país donde se concentra la vida económica. Para tener una idea al respecto, y sin contar a los empleados administrativos y de apoyo, estas empresas, en conjunto, cuentan con más de medio millón de empleados, cifra que supera a los miembros actuales de la Guardia Nacional que cuenta con una cifra cercana a los 120 mil integrantes. Algunas de ellas y debido a la característica como operan son las llamadas empresas de seguridad “patito” (Edición del 15 de agosto de 2021, información de Diego Badillo). A partir de la década de los noventa el Estado empieza a ser desplazado por empresas privadas de seguridad (Ver: Claudia Carolina Zamorano Villarreal: ¿Qué tan pública es la seguridad pública en México? Revista mexicana de sociología, vol. 81, núm. 3). Se trata de empresas que brindan servicios de seguridad a empresas privadas y públicas, incluidas instituciones de educación superior mexicanas. También incluye el traslado de personal, cuidado de valores, vigilancia de empresas, comercios y servicios, de unidades habitacionales, el traslado de bienes, servicios de cuidado de personalidades como empresarios, figuras del espectáculo, políticos, de grupos religiosos, embajadas de otros países en México, la vigilancia de eventos privados y públicos de carácter masivo, la venta e instalación de sistemas integrales de vigilancia como instalación de sistemas de video vigilancia en fraccionamientos privados, ciudades, entre otros negocios. Por supuesto que nadie en su sano juicio podría cuestionar que el sector privado contrate su propia seguridad privada, en absoluto. Pero por el número que representa la seguridad privada y quienes operan ese negocio, no es extraño tanto interés porque fracasen las políticas que impulsa el gobierno actual.
La Voz de Michoacán
