Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Al menos 11 millones de pesos en multas por delitos y violaciones a las leyes ambientales fueron recaudados en los últimos 11meses. Ayuntamientos, iniciativa privada por la instalación de antenas de telefonía y fraccionamientos han tenido quedes embolsar fuertes cantidades de recursos en el estado. Datos de la Procuraduría Ambiental de Michoacán revelaron que en general, todos los ayuntamientos que han sido inspeccionados por las autoridades ambientales fueron sancionados por distintos motivos. En este caso, son 15 demarcaciones entre las que se destacan Quiroga, Tacámbaro y Huandacareo incluso como reincidentes. En entrevista, Arturo Chávez Carmona, titular de la PROAM precisó que, en el caso de los particulares, también se advierten resistencias a cumplir con las leyes ambientales. Los mismos, fueron denunciados principalmente por ciudadanos que se cansaron de la degradación delos ecosistemas. Evidenció que, en este caso, aunado a los fraccionamientos que incumplen con las obligaciones ambientales, también inciden las tendencias de instalación masivas de antenas que han incurrido en cambio ilegal de uso de suelo. En este sentido, la Procuraduría Ambiental celebró qué la mayor parte de los actos de autoridad concretados en carpetas se lograron gracias al acercamiento y la mayor sensibilidad de los michoacanos a los temas ambientales a través de la denuncia anónima. En lo que va del año, la mayor parte de las quejas y denuncias se focalizaron en la ciudad de Morelia. Debido a la expansión descontrolada de la mancha urbana, las afectaciones ambientales llevaron a más de 40expedientes en el primer año dela actual administración estatal. “Una cosa que nos interesaba era la promoción de la denuncia ambiental ciudadana. Hemos llegado a 180 denuncias y 40 en Morelia. Vamos con 62 procedimientos con carpetas de actuación. De multas, tenemos de octubre a septiembre poco más de 11 millones de pesos. Cuestión de fraccionamientos, rellenos sanitarios, estamos revisando las antenas. Estas antenas para internet se están colocando y alrededor de unas 14 que se han revisado y se les ha impuesto una pequeña multa. Alguna parte se abona a la parte ambiental”, explicó el funcionario. En términos generales, irregularidades en la disposición de residuos de manejo especial, permisos de construcción de conjuntos habitacionales y otras irregularidades, dieron pie al inicio de los procedimientos administrativos. Durante el primer trimestre del año, la Procuraduría Ambiental de Michoacán (PROAM), inició un total de 18 procesos administrativos en municipios como Uruapan, Zinapécuaro, Hidalgo, Acuitzio, Múgica, Tarímbaro, Tlalpujahua y Santa Ana Maya. El procurador ambiental del estado aseguró que incluso si los delitos ambientales o actividades que afecten al medio ambiente no competen a la instancia administrativa del ejecutivo estatal, las mismas pueden ser canalizadas y seguridad hacía más instancias de los municipios o en su caso, de la federación. Actualmente se cuenta con un número de denuncia debidamente habilitado, un buzón de denuncias con correo electrónico, a través de las páginas oficiales o incluso directamente de manera presencial en las instalaciones de la PROAM. Aquí la participación social resulta fundamental para la preservación del entorno. Por eso queremos y pedimos a la gente que sigan alertándonos sobre las problemáticas ambientales que detecten, en caso de ser competencia Municipal o federal podemos canalizar las denuncias”.Arturo Chávez Carmona, titular de la PROAM Desde el 2016, los procedimientos en contra de las empresas constructoras de fraccionamientos también se cuentan por decenas. La mayoría de las denuncias en contra de las constructoras por irregularidades radica en la falta de los permisos de construcción y la afectación directa a los ecosistemas locales. Las ciudades del estado son las que concentran la mayor necesidad de protección y vigilancia ambiental. El informe del fin de año pasado colocó a la ciudad de Morelia como el punto dónde se han concentrado la mayor cantidad de denuncias en fechas recientes por contaminación auditiva, del aire, desarrollo habitacional y otras violaciones principalmente de empresas particulares.
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