Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Al feminicida se le impondrá hasta 60 años de prisión, según aprobó el pleno del Congreso del Estado para homologar este delito con la nueva pena máxima de prisión en Michoacán. Dicho ilícito penal ahora será imprescriptible para evitar que quede impune por el mero transcurso del tiempo y de las décadas. La tentativa será castigada severamente. “Por el simple hecho de intentar matar a una mujer, el agresor recibirá una sanción de 30 y 40 años de prisión”, advirtió la diputada Daniela de los Santos. La pena máxima también habrá de aplicarse al que dolosamente mate a un menor de 18 años de edad, ajustándose a un rango de 40 a 60 años de prisión, a partir del dictamen elaborado por las comisiones de Justicia y de Igualdad de Género, que encabezan las morenistas Anabeth Franco y María de la Luz Núñez. La sanción máxima de 60 años conlleva el mensaje de que el feminicidio es una conducta sumamente lesiva, cuya reprobabilidad (culpabilidad) debe ser mayúscula, justificaron los legisladores. Estadísticamente la violencia contra la mujer concurre con mayor frecuente en el noviazgo, en la vida en pareja, en las amistades cercanas o en los afectos sexuales o románticos. Al asesino de mujer embarazada se le castigará con pena de 15 a 35 años de prisión de manera adicional, determinó el pleno camaral. Conforme al decreto, se aumentará en un 50 por ciento la sanción ya prevista en contra del feminicidio infantil, es decir, en contra del homicidio de niña o adolescente menor de 18 años de edad. El feminicidio es el homicidio doloso de la mujer “por razones de género”, lo que queda acotado a través de 7 hipótesis delictivas redactadas a modo de circunstancias agravantes. En ese sentido, un asesinato de mujer es clasificado como feminicidio cuando hay antecedentes de acoso, abuso sexual o violencia psicológica. Es también feminicidio cuando el cadáver es abandonado “sin decoro y sin dignidad” en despoblado, lugar solitario o en terreno baldío, pues los cuerpos dejados a su suerte entran en descomposición, lo que dificulta las investigaciones ministeriales. Se considera además como feminicidio cuando la mujer asesinada era víctima de trata de personas o de explotación sexual. Se le dará trato de feminicida al agresor que incomunique a la víctima antes de matarla, así como al que tenga una relación sentimental o de pareja con la mujer asesinada, según lo aprobado. Posturas convergentes En la tribuna parlamentaria, la diputada Julieta Gallardo advirtió que ya no será lo mismo robar que intentar matar a la mujer en la legislación michoacana. Subrayó que cada día una mujer es asesinada en México por el simple hecho de ser mujer. “Queremos que dejen de matarnos. Que a los feminicidas les den muchos años de cárcel”, apremió la petista Gabriela Cázares, mientras que la panista Liz Hernández celebró que el Congreso michoacano haya aprobado imponerle 30 años de prisión por lo menos al delito penal de feminicidio en grado de tentativa. Durante la votación en el pleno camaral, el petista Baltazar Gaona consiguió fijar la pena “mínima” en 40 años de cárcel para quien cometa feminicidio infantil, es decir, se le impondrá al criminal que en forma dolosa prive de la vida a menor de 18 años de edad. La petista Gabriela Cázares se opuso a subirle años de cárcel (de 15 a 30 años adicionales) al feminicida en el caso de que la víctima esté embarazada, pues ello –dijo- implicaría reconocer en forma tramposa y velada el derecho a la vida desde la concepción. A su vez, la perredista Mónica Valdés denunció que más del 90 por ciento de los delitos se encuentre en la impunidad, advirtiendo que el aumento de las penas no es disuasivo para los feminicidas. La diputada Valdés Pulido evidenció la profunda crisis humanitaria en México ante la incapacidad federal para garantizar seguridad. Hizo recuento de feminicidios, torturas, vejaciones y desplazamientos forzados. Contabilizó que la violencia generada por las organizaciones delictivas ha provocado más de 150 mil muertes, 35 mil desaparecidos, más de 100 periodistas asesinados. En tanto, la priista Gloria Tapia enfatizó que la violencia contra las mujeres precisa respuestas enérgicas y contundentes del Estado mexicano. En su opinión, la violencia feminicida no cede en México porque la acción del gobierno deja mucho qué desear. Cabe recordar que el Código Penal Federal ya sanciona a los agentes del Ministerio Público y a los jueces que retarden o que entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración y administración de justicia a través de penas que van de los 3 a los 8 años de prisión, incluyendo la destitución y la inhabilitación hasta por 10 años para desempeñar cualquier otro cargo público. Al respecto, los legisladores michoacanos insistieron en homologar e imprimir la perspectiva de género desde las etapas iniciales de la investigación para esclarecer los hechos, pues en la práctica las víctimas y los familiares no cuentan con pruebas directas de los antecedentes de violencia del agresor hacia la mujer asesinada. El dictamen valoró las iniciativas de diputados de la 75 legislatura: Belinda Hurtado, Julieta Gallardo, María de la Luz Núñez, Andrea Villanueva, Oscar Escobar y Adriana Hernández. Se revisó además la iniciativa ciudadana de Verónica Villaseñor, Elvia Higuera y Nuria Gabriela Hernández. Hicieron también propuestas diputados de la anterior legislatura: Yarabí Ávila, Alfredo Ramírez Bedolla, Javier Estrada Cárdenas, Alfredo Flores y Sandra Luz Valencia. El resultado es un decreto que agrava las sanciones y que agrega causales de responsabilidad contra funcionarios maliciosos o negligentes.
La Voz de Michoacán
