Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El pleno del Congreso eliminó la autonomía financiera de la Auditoría Superior de Michoacán y dejó “sin efectos” la Unidad Programática Presupuestal del órgano técnico de fiscalización para el próximo año. Por una mayoría de 23 votos, 14 en contra y una abstención, los diputados determinaron que el gasto público de la Auditoría Superior del Estado sea manejado por el área de finanzas del Congreso local. A propuesta del diputado Marco Polo Aguirre, el pleno camaral acordó solicitarle a la Auditoría Superior de la Federación que le haga una auditoría financiera a la Auditoría Superior de Michoacán para constatar cómo ejerció el presupuesto autorizado en el año 2022. El Congreso ejercerá 1,187 millones de pesos en el 2023, según el monto aprobado ayer mismo. Dentro de ese presupuesto se incluye el gasto de la Auditoría, bajo una partida etiquetada para pagar nómina y operatividad de los 415 trabajadores del ente fiscalizador. Los morenistas negaron que la Auditoría Superior tenga autonomía financiera como dicen los opositores, y sostuvieron que la Auditoría es un órgano técnico dependiente del Congreso, unicamente con “autonomía técnica y de gestión”. En la tribuna parlamentaria, un diputado de Morena (que laboró en la gestión de Silvano Aureoles, con inhabilitación judicializada) volvió a arremeter en contra de Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, a quien ha dado el mote de “auditor carnal”, acusándolo de abusar de la autonomía técnica para hacer y deshacer a su antojo dentro del órgano fiscalizador, recriminándole haber dejado prescribir 3 mil expedientes de presuntas irregularidades por actuación negligente. La diputada plurinominal Seyra Alemán Sierra (ex directora de seguimiento de auditoría municipal en Auditoría Superior del Estado, despedida en la pasada legislatura por Aguirre Abellaneda por aparente extravío de expedientes, lo que motivó una investigación de la Fiscalía anticorrupción) afirmó que más de 140 empleados de la Auditoría Superior laboran sin título profesional, por lo que no tienen perfil para firmar documentos institucionales. Al hacer la réplica, Víctor Manríquez, coordinador parlamentario del PRD, reviró con ironía: “Qué bueno que saben de la existencia de perfiles no idóneos en las tareas de fiscalización. Qué bueno que saben de familiares de diputados y de exdiputados en la Auditoría. Pero si es cierto lo que dicen, es importante denunciar y apegarse a procedimientos de legalidad”. El exedil de Uruapan sentenció que la supresión de la Unidad Programática Presupuestal viola la Constitución estatal. Por su parte, el exlíder parlamentario del PAN, Oscar Escobar Ledesma, quien se separó de la bancada albiazul, enfatizó que la Auditoría Superior del Estado es una institución de contrapeso, condenó lo que llamó atropello a su autonomía presupuestal, y exhortó a los diputados de la 4t y a sus aliados en el Congreso a no someter al órgano fiscalizador a revanchas personales o de grupo. Según el artículo 133 de la Constitución estatal, la Auditoría Superior goza de autonomía técnica y de gestión para ejercer su presupuesto, darse organización interna y emitir resoluciones. “Fuimos el último estado en otorgar la autonomía financiera a la Auditoría Superior en el país (en 2019) y ahora seremos el primer estado en retroceder y eliminarla”, deploró la diputada priista Guillermina Ríos Torres, presidenta de la comisión Inspectora, quien lamentó que los 180 auditores del órgano técnico del Congreso (con un promedio salarial de 6 mil pesos a la quincena) tengan que laborar otro año más con remuneraciones económicas congeladas. El panista Hugo Anaya aclaró que la Auditoría Superior no es una Unidad Programática Presupuestal, sino una unidad administrativa independiente de un órgano técnico dependiente del Congreso. En tanto, el diputado Marco Polo Aguirre propuso también subirle el gasto a la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior. CORTINA DE HUMO El debate sobre la autonomía de la Auditoría Superior ha sido el distractor perfecto para esconder los detalles del presupuesto legislativo y ocultar los manejos financieros del Congreso, reclamó el diputado petista Baltazar Gaona, al recriminar que las cúpulas legislativas no desglosen en qué van a gastarse casi 1,200 millones de pesos proyectados para el 2023. “Vamos a seguir otro año con la misma dinámica de aviadores, software y pagos no comprobados. La falta de transparencia también es corrupción”, sentenció. “Causa mucha intriga ver qué se esconde detrás del nuevo presupuesto”.
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