Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Logran primera destitución de funcionario público por violencia de género y deudas alimentarias en el estado de Michoacán. Agrupaciones de feministas celebraron que a más de dos años de la declaratoria de la Ley 3de3 contra la violencia de género y otros mecanismos, finalmente se notaron los primeros avances en la materia. Las colectivas Red Feminista de Michoacán, Deudores Alimentarios de Michoacán y el Frente Nacional contra la violencia dieron a conocer el hecho que consideraron “histórico”, por marcar un precedente en cuanto a los criterios para los nombramientos de los puestos de confianza. Fue el jueves 8 de diciembre por la tarde cuando se informó que Lorenzo Corro Díaz, subdirector jurídico de la banca estatal de desarrollo Sí Financia, fue removido de su cargo al no haber apoyado económicamente como marca la ley. “Lorenzo Corro Díaz, quien fue coordinador de Quejas y Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) entre el 2011 y el 2014 y actualmente subdirector jurídico de Sí Financia, fuera removido de su cargo público por ser deudor alimentario y agresor de violencia vicaria. Reconocemos que finalmente las instituciones hayan cedido a quitarlo de este último puesto esperando que a todos los violentadores que viven del erario se les desplace de esos lugares”, manifestaron las organizaciones de activistas mediante un comunicado. Las colectivas anunciaron que la lucha de género en contra de la violencia de género a través de fenómenos como los deudores alimentarios apenas empieza, toda vez que hay más casos que desde hace más de un año se pusieron sobre la mesa ante los relevos institucionales en el Ejecutivo estatal, municipios e incluso al interior del Poder Legislativo estatal. A finales del 2021, trascendieron al menos tres perfiles del gobierno del estado de Michoacán y del Congreso local que cuentan con señalamientos, denuncias e incluso imputaciones por agresiones tales como el acoso en contra de trabajadoras. Organizaciones de mujeres michoacanas Ilemich pusieron sobre la mesa que, tras los nombramientos en el gobierno del estado, se detectaron dos casos cercanos al propio gobernador Alfredo Ramírez Bedolla con antecedentes e incluso, con procesos y consecuencias legales, por lo que exigían su inmediata destitución. Entre los nombres mencionados se encuentra el legislador Roberto Reyes Cosari, quien fue acusado en 2020 por un grupo de trabajadoras del Ayuntamiento de Morelia por acoso y otros actos de violencia que, en su caso, no encontraron eco en el Palacio Municipal encabezado por Raúl Morón Orozco. En el gabinete de Ramírez Bedolla resaltó la designación de Omar Murillo Núñez como director de Operación de Fondos y Valores de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), “quien fue acusado y sentenciado por la Procuraduría de Derechos Humanos del estado de Guanajuato por violencia de género en 2017”. En un tercer término, Héctor Abud Ochoa, quien habría sido designado con puesto directivo al interior der la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) en días pasados. Sobre este funcionario estatal “se tienen denuncias por violencia y agresiones sexuales”, según denunciaron las distintos colectivas radicadas en la ciudad de Morelia. También advirtieron nombramientos de mujeres en contextos poco claros, como la otrora titular de la Secretaría de Educación del Estado, a quien acusaron de ser integrante del movimiento Provida de la entidad e ir claramente en contra de los principios de que presuntamente enarbola un gobierno progresista y de izquierda En todos los casos anteriores, a pesar de que fueron señalados directamente al gobierno del estado de Michoacán por conducto de las áreas correspondientes, no se dieron a conocer acciones por parte de la administración de Ramírez Bedolla. Desde octubre del 2020 en que se generó la Ley 3de3 contra la violencia de género, activistas y autoridades estatales exhortaron a los partidos políticos y a los legisladores sumarse a esta iniciativa que recordaron, tienen la urgencia de establecer mecanismos que sancionen a funcionarios públicos y a quienes aspiren a llegar a puestos populares. Con el paso de los meses todos los partidos y actores políticos se comprometieron a cumplirla. En este sentido, exigieron en el cumplimiento de la paridad de género y políticas que permitan el desarrollo de las mujeres en la vida pública y en los puestos electorales de cara a las campañas del próximo año.
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