Jorge Manzo/Salvador Rodríguez Cerrar los anexos en Michoacán pondrá en aprietos al sistema de salud, pero sobre todo a las personas que son atendidas por adicciones. Especialistas advierten que se enfrentará una problemática mucho muy grave, pues no es sencilla la atención que requieren las personas que padecen alguna adicción. Tratar en condiciones normales a un adicto no sólo implica contar con un psiquiatra, un psicólogo y varios especialistas en adicciones, sino también un espacio donde se le brinde atención adecuada. Esto implica un gasto elevado no sólo para el gobierno, que ahora tendrá que garantizarlo, sino también para las familias que se vean en la necesidad de contratar un servicio privado, muchas veces fuera del alcance del bolsillo. “Hoy los centros de tratamiento en Michoacán son los conocidos como anexos o centros de contención de adictos los cuales son manejados por adictos rehabilitados o personas que están metidas en el campo de tratamiento para adictos y que ante la necesidad social emprenden un negocio lucrativo, esto ante un vacío del estado en la Salud Pública”, admiten, aunque están conscientes de que ese “negocio” se ha ido pervirtiendo y también han sido denunciados por ser campos de concentración de futuros criminales. En el estado existen intentos de clínicas para desintoxicación de pacientes adictos a las drogas pero debido al costo que implica internar a un adicto pocos pueden hacer frente al problema optando por enviar a sus familiares a Guadalajara o a la Ciudad México a clínicas prestigiadas en el campo de las adicciones como Monte Fénix, u Oceánica. Los que no cuentan con recursos, ven limitadas las posibilidades de que un familiar sea rehabilitado o rescatado. El tratamiento ronda en más de 250 mil pesos y dura un mes o mes y medio máximo, tomando en cuenta que no se reciben personas en contra de su voluntad. Los anexos cobran cuotas de “internamiento” que van desde los 2,000 pesos por mes, hasta los 15 o 30 mil pesos mensuales, y el internamiento es de 3 meses en adelante hasta un año o más. La mayoría de las familias michoacanas con hijos adictos acuden a estos lugares para tratar de hacer algo por el hijo adicto que sufre aunque este, lo niegue rotundamente. ¿Qué pasará con estos adictos que ante el vacío del Estado en el tema de salud pública tenían una oportunidad de contención en estos lugares?”, cuestionan especialistas, quienes advierten que las calles se llenarán de adictos robando o pidiendo el peso para la “cura” en las esquinas en los cruceros, en los parques, y en muchos lados. “No es difícil ver ya algunos de ellos o que les falta un pie o una mano o exhiben sus ulceras provocadas por la heroína y pronto ya por el fentanilo (droga sintética 100 veces más poderosa que la morfina)”. “El problema de los anexos es la “regulación” no la “desaparición” o bien el Estado haciéndose cargo del problema de salud pública tan grave en el cual ya estamos inmiscuidos. Los adictos la mayoría de las veces son inconscientes de su enfermedad por eso es llamada “la adicción, enfermedad de la inconciencia” y no es fácil tratarla. También debe legislarse sobre el tema ya que también existen vacíos legales sobre el tema y la problemática esta encima de nosotros no es para mañana es para hoy”, exponen. Lo que ocurrirá en Michoacán A partir del primer minuto del 2023, la atención y tratamientos contra las adicciones tendrán que ser 100 por ciento ambulatoria y sin privaciones a la libertad de los pacientes. Solo en la ciudad de Morelia se cuenta con registro operativo de 180 establecimientos de este giro, mientras que al interior del estado se cuentan poco más de 400 regulares bajo el esquema de anexos. Aunado a lo anterior, existe un espectro de cientos de anexos que se mantienen en la clandestinidad y sin regulación de funcionamiento. En voz de Hebert Flores Leal titular de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (COEPRIS) el paradigma para atender las adicciones ha cambiado desde la ley, en la norma y en los mecanismos de atención. En general, solo se podrá internar por menos de 3 días a cualquier persona siempre bajo su consentimiento. El resto de la atención tendrá que darse en seguimiento y sin privaciones de la libertad, tal como se había acostumbrado desde hace más de dos décadas. Por lo general, los “anexados” son en su mayoría jóvenes varones de entre los 15 y los 35 años de edad que son enviados contra su voluntad a dichos espacios en dónde son completamente aislados. Si bien se cuenta con el permiso y el costeo económico de sus familiares directos, principalmente los padres, se ha detectado casos y denuncias de tortuga, privaciones ilegales e incluso, de terapias de conversión a población diversa sexual.
La Voz de Michoacán
