José Luis Ceja / La Voz de Michoacán Jiquilpan, Michoacán. Tras el anuncio de la liberación de un hombre quien se asume como responsable de la muerte de una joven en un accidente carretero en el tramo Jiquilpan-Sahuayo, la ciudadanía de Jiquilpan se ha manifestado en contra de la decisión de la autoridad competente, luego de que la familia, mediante una carta abierta, externara sus dudas sobre la forma en que se llevó a cabo el proceso y se desestimara el peritaje realizado por las autoridades viales de Jiquilpan. Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando dos jóvenes a bordo de una motocicleta fueron embestidos en el tramo carretero que conecta a los municipios de Jiquilpan y Sahuayo a la altura de los semáforos. En una primera instancia se dio a conocer que los jóvenes habrían estado esperando el cambio de luz al momento de ser embestidos; sin embargo, el video del peritaje preliminar que obra en archivos establece que al menos 120 metros antes del semáforo, el vehículo que embistió a los jóvenes salió de la cinta asfáltica, momento que los jóvenes aprovecharon para rebasar; en seguida la camioneta se reincorporó a la vialidad para impactar a la motocicleta que quedó incrustada en la parrilla del vehículo y, de acuerdo con las marcas en la cinta asfáltica, los empujó poco más de 100 metros. Derivado de esto una joven de 20 años perdió la vida y tres personas más, que circulaban en otra motocicleta, resultaron heridas. Sobre este tema, el oficial encargado del peritaje en la Dirección de Seguridad Pública de Jiquilpan, que pidió reserva de sus datos, señaló que segundos después llegó una mujer que argumentó trabajar para el Poder Judicial del estado, quien aseguró que había hablado ya con el agente del Ministerio Público de turno en Jiquilpan y sería la Fiscalía de Sahuayo quien tomaría conocimiento del evento. De acuerdo con la misma fuente, los agentes de la Fiscalía del Distrito Judicial de Sahuayo tomaron la custodia del conductor del vehículo, quien se encontraba alcoholizado al momento del accidente. Linchamiento social y demanda de justicia Desde la noche del accidente las redes sociales locales estallaron con la exigencia de la aplicación de justicia y recordaron que hace varios años, sobre esta misma carretera y también en estado de ebriedad, el mismo hombre había protagonizado otro accidente también con la pérdida de vidas humanas. Otro sector de la población abogó por el detenido acusando al gobierno estatal, ya que en el marco de la rehabilitación de este tramo carretero realizado semanas atrás no se colocó equipamiento para reducir la velocidad. Mediante una carta abierta, la familia de la joven muerta expresó que “ante la tragedia que vino a traer Eduardo Moreno Munguía, responsable del fallecimiento de Ana Teresa Rodríguez Huitrón, la familia sentimos impotencia y un profundo pesar ya que el conductor y causante de estos penosos hechos ya se encuentra en libertad, cobijado por la impunidad que lo arropa y bajo la sombra del poder que le da el dinero, porque, como es sabido por todo el pueblo de Jiquilpan, el asesino de Ana es la segunda vez que le quita la vida a un ser humano por mezclar el alcohol con el volante y por la impunidad de años atrás le arrebata la vida a una joven”. El texto firmado por la familia reseña también que a mediados de la década de los 90 el mismo conductor en estado de ebriedad atropelló a la altura de la comunidad de la Yerbabuena a un trabajador del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del IPN sede Jiquilpan. En esa ocasión, señala el texto, el hombre fue puesto también en libertad. Video que forma parte del peritaje realizado por la autoridad, en el que se aprecia la distancia que la camioneta arrastró la moto. En lo que respecta a la intervención de la funcionaria del Poder Judicial del estado señaló a la licenciada Rosalba Cervantes Moreno, sobrina del detenido, quien, aseguran, “llegó diciendo que trabajaba para el Poder Judicial del estado de Michoacán y queriendo echar la culpa a las víctimas del accidente. Ya en el Ministerio Público, la licenciada Rosalba le hizo saber al agente del Ministerio Público en turno que era funcionaria del Poder Judicial y en una actitud déspota y prepotente siempre quiso hacernos creer que debíamos firmar un acuerdo en base a sus condiciones, porque ella estaba en el lugar donde se aplicaba la ley y así debía ser”. En ese sentido la familia solicitó de las instituciones encargadas de la impartición de justicia en la entidad hacer una revisión al actuar de sus servidores públicos, “ya que sentimos un acoso por parte de esta licenciada que es sobrina del indefendible Eduardo Moreno Munguía, porque el día de hoy se encuentra en libertad y desconocemos bajo qué argumento o con qué sustento legal”.
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