Jorge A. Amaral El pasado 15 de enero, el líder comunal de Aquila, Antonio Díaz Valencia, y el abogado de la comunidad, Ricardo Lagunes Gasca, salieron de una asamblea realizada en Aquila, abordaron una camioneta y se retiraron del lugar. Lo último que se supo de ellos fue que estaban en el municipio de Coahuayana. Con el transcurrir de las horas y en vista de que no tenían noticias de ellos, sus familiares reportaron la desaparición tanto a las autoridades de Michoacán como a las del vecino estado de Colima, iniciándose así el trámite de búsqueda con la emisión de las fichas de desaparición. Ya el lunes fue localizada abandonada la camioneta Honda en la que se desplazaban. La unidad estaba en las inmediaciones de Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán, Colima, y, según los primeros reportes de las autoridades, la unidad presentaba impactos de bala. Ante el hallazgo de la camioneta y el desconocimiento de paradero de ambos hombres, pobladores de comunidades indígenas de la región se apersonaron en la carretera que va a Colima y cerraron el paso en el puente que comunica a Michoacán con el estado vecino, esto para exigir la localización con vida de Antonio Valencia y Ricardo Lagunes. Según la información divulgada por los propios pobladores, no se descarta que la desaparición esté relacionada con un choque de intereses por la actividad minera de la zona, que es bastante redituable, pues no hay que olvidar que desde tiempos de La Familia Michoacana ya era un botín codiciado, siendo una de las mayores entradas de dinero para el cártel de Los Caballeros Templarios. Para la noche del 18 de enero se difundió un video en el que aparece un hombre, presuntamente el líder comunal de Aquila, Antonio Díaz Valencia, siendo interrogado. Al día siguiente el hijo de este hombre corroboró su identidad. Este video, breve y de mala calidad, evidencia las prácticas que siempre se han sabido: la subordinación de las autoridades ante los líderes delictivos, ya que en muchos lados son los propios criminales quienes ponen en el puesto desde las policías locales hasta los alcaldes y, como se ha denunciado en Guerrero y otros estados, diputados tanto locales como federales. Le comento esto porque en ese video, Antonio Díaz empieza hablando del alcalde de Aquila, el morenista José María Valencia, de quien dice que llegó a la alcaldía recurriendo a la vieja práctica del compro de votos, lo cual no suena nada inaudito y menos en una zona con tanto rezago socioeconómico como lo es la Sierra Costa de Michoacán, donde si bien se han amasado fortunas con el narcotráfico y la minería, el grueso de la población rural vive en extrema pobreza. “La cuestión con él (José María Valencia) se manejó buscando la forma de bajar recursos del Fondo Minero para hacer varias partes, entre ellas darle apoyo a la gente o al grupo que dirige El Chopo, El Teto (Héctor Zepeda Navarrete) en Coahuayana y a la gente que dirige El Toro en Ostula”. Estos tres personajes, quienes desde hace muchos años se autodenominan líderes de policías comunitarias, han sido ya señalados como operadores del crimen organizado. “‘Chema’ Valencia ganó la candidatura comprando votos y ofreciendo que iba a bajar recursos del Fondo Minero para apoyar a estas gentes del Teto, del Chopo y del Toro para que mantuvieran su guerra”. En ese breve video destaca el apodo “El Toro”, como se le conoce a Germán Ramírez: “Me ofreció, primero, la propuesta que le apoyase para meter lanchas con droga y que me daría de 20 a 50 mil dólares, pero no se alcanzó a trabajar en dos casos porque querían compromiso con el comisariado ejidal de Ostula, de primero acreditar al grupo de comunitarios que dirige El Chopo”, dice Antonio Díaz. Al siguiente día de que ese video fue difundido, el hijo de Antonio Díaz, Keyvan Antonio Díaz Valencia, ofreció una rueda de prensa en Morelia, en la que corroboró que, efectivamente, el hombre que aparece en el video sí es su padre, pero recalcó que lo dicho por el hombre es producto de la presión y las amenazas, que nada de eso es cierto y que incluso las familias de los desaparecidos han debido salir de sus lugares de origen por las amenazas recibidas. Ahora el escenario de caótico, porque ni Antonio Díaz y Ricardo Lagunes han sido localizados, sus familias han pasado a engrosar las filas de los miles de desplazados por la violencia en Michoacán y el crimen organizado de nueva cuenta le gana al gobierno y, por ende, a la sociedad. Y le digo esto porque si bien no podemos corroborar ni desmentir que el señor Antonio Díaz tenga nexos con la delincuencia organizada, tampoco podemos negar de quien se habla cuando se refiere a El Toro. El 6 de octubre del año pasado, el portal de noticias Noventa Grados publicó un perfil de Germán Ramírez Sánchez, alias El Toro, quien se ostenta como líder de la Policía Comunitaria el municipio de Aquila. Según la nota publicada en el portal y firmada por la Redacción, El Toro tiene varios sambenitos: extorsiones, secuestros, homicidios y narcotráfico. El Toro cobró notoriedad en 2015, cuando asumió el liderazgo de la Guardia Comunal de Santa María Ostula tras la detención del líder de los grupos de autodefensa de la Costa, Cemeí Verdía Zepeda. Así, la célula bajo el mando del Toro tomó el control de la seguridad del municipio, al grado de que la gente bajo sus órdenes fue incluida en la nómina del municipio, entonces bajo la administración del perredista José Luis Arteaga, lo que luego generó conflictos pues la alcaldía no les pagó los salarios acordados. El conflicto siguió en el gobierno de Mohammed Ramírez Méndez, emanado del Partido Verde, quien desconoció el acuerdo y la legitimidad del grupo armado del Toro, asegurando “que no se ha extendido ningún nombramiento de Policía Municipal a integrantes de la guardia comunal de Ostula y, por lo mismo, no tiene ningún adeudo en este sentido”. Incluso amagó con denunciar penalmente a Germán Ramírez por el delito de extorsión. En 2019, efectivos de la Secretaría de Marina tenían la orden de detener al Toro, pero él y su gente se enfrentaron a balazos con los marinos y luego de una persecución logró escapar. Pero mientras por un lado se le consideraba objetivo a detener, por el otro seguía presionando al Ayuntamiento para que le diera dinero para que su “policía comunitaria” siguiera operando. Ya para marzo de 2020, El Toro y su gente, apoyados por la Policía local, privaron de la libertad a la madre de Cemeí Verdía pues iban en busca del líder autodefensa, pero no lo encontraron en la casa, donde la mujer tenía una fonda. Por esos días también mandó levantar y asesinar a un vecino de Aquila llamado Zósimo Nepomuceno. Él logró escapar, pero su esposa e hijos siguen desaparecidos. Para febrero de 2021 El Toro fue objeto de un video del Cártel Jalisco Nueva Generación en el que lo acusaban, junto a Héctor Zepeda, El Teto, de imponer funcionarios en Aquila y Coahuayana para luego meter a sus testaferros a las policías locales, además de cobrar cuotas a la población. “El que verdaderamente traicionó y manchó el movimiento de autodefensas, fueron Héctor Zepeda Navarrete y German Ramírez Sánchez, ya que ellos desde 2017 comenzaron a descargar cocaína en lanchas y avionetas del ‘Abuelo’ Farías y de Felipe Villalobos, además de hacer lo mismo que hacían Los Caballeros Templarios, como cobrar cuotas, nomás que ahora les llaman ‘voluntarias’”, se decía en el video. Entonces, con estos antecedentes, que sólo son la punta del iceberg, queda muy claro el nivel de impunidad que sigue privando en Michoacán, porque se habla de personajes que desde hace al menos 10 años son bastante conocidos por sus tropelías y no ha habido autoridad que los persiga en serio. Par nadie es nuevo que la actividad minera ha sido objeto del deseo tanto de empresas extranjeras como de grupos delictivos, que las policías comunitarias de la región tienen su origen en las “guardias blancas” conformadas por las mineras para proteger sus intereses, que la Costa michoacana ha sido destino de mucha droga que viene de Sudamérica al menos desde la década de los 80, que con el auge de las drogas sintéticas Lázaro Cárdenas es puerta de entrada para precursores químicos con que los cárteles fabrican metanfetaminas y fentanilo, que en la Sierra michoacana, así como en la Montaña de Guerrero, los campos de amapola y los sembradíos de marihuana han estado desde hace décadas como única opción para miles de familias sumidas en la pobreza, en la indefensión y el rezago en todos los aspectos. Para nadie es nuevo que los criminales de siempre siguen operando, y que el gobierno sabe dónde están, sabe dónde encontrarlos y ha habido funcionarios que hasta se han sentado a la mesa con ellos y, como dijera Jaime Maussan: nadie hace nada. En México la corrupción sigue siendo moneda de cambio y la impunidad se mantiene como garantía para quienes saben cómo se arroja un cañonazo de dinero al funcionario público indicado. Es cuánto.
La Voz de Michoacán
