Arved Alcántara / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Querella internacional pone al aguacate michoacano y su exportación en la mira. Sólo el 4.5 por ciento del fruto se produce de forma orgánica y cumple con todas las disposiciones internacionales, reconoce la Secretaría de Medio Ambiente (Secma), que prepara una estrategia de certificación para dejar fuera de la jugada a todas aquellas huertas que han depredado el ecosistema y que hoy tienen en vilo la comercialización del “oro verde”. Para corregir la ruta de degradación forestal y evitar cualquier riesgo en materia comercial en el T-MEC, el Gobierno de Michoacán busca asegurar que las huertas certificadas den total cumplimiento a las diversas legislaciones ambientales. Este nuevo esquema incluye una inspección satelital que permitirá determinar qué huertas y productores han roto la normativa en los últimos años. También se recomendará la orientación hacia la producción orgánica. Y es que una nueva controversia legal emerge contra el aguacate michoacano, toda vez que un particular presentó una queja que ha sido admitida por la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) ante lo que se alega es una flagrante falta de protección de los recursos forestales e hídricos derivados de la producción de este fruto. Foto: Ilustrativa El peticionario, de quien se ha omitido su identidad, alega que existe un costosísimo impacto ambiental y grave deforestación por la ininterrumpida expansión de las plantaciones del aguacate, en tanto que México –y en particular Michoacán- no ha respetado disposiciones constitucionales, federales e internacionales enfocadas en la evaluación del impacto ecológico, la conservación de los bosques, el desarrollo sustentable, la calidad del agua, el cambio climático y la protección del medioambiente. En entrevista sobre este tema con La Voz de Michoacán, Alejandro Méndez, titular de la Secma, reconoció que ha habido deficiencias en el pasado en cuanto al seguimiento puntual de la conservación forestal y las leyes que le acompañan, tanto por la relajación de las revisiones de parte de los gobiernos anteriores como por la falta de “dientes” para ejercer sanciones por parte de las dependencias estatales. Foto: Especial Por ello –dijo- se trabaja ya en estrecha coordinación con la Federación para atender este problema, que es una de las prioridades de la actual administración; “a través de la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Ambiental y el Instituto de Ciencia, Tecnología e innovación, se trabaja con un equipo técnico-científico en la elaboración de una certificación para distinguir a los productores que deforestaron de los que no deforestaron”. Para contar con esta información, Alejandro Méndez adelantó que “se toma como base un estudio que elaboró el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA-UNAM), donde se documenta que el 70 por ciento de las huertas se estableció en terrenos agrícolas en el periodo que va del año 1974 a 2011”, es decir, la mayoría de las irregularidades en la siembra de aguacate se habrían dado de 2012 a la fecha. De acuerdo con los datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en 2011 se destinaron lícitamente a este cultivo 108 mil 683 hectáreas; para 2022 esta cantidad creció hasta 183 mil 385 hectáreas. Si se vuelve más atrás en el tiempo, los cultivos de aguacate no rebasaban las 31 mil hectáreas en 1980. En cuanto a la producción, se reportaron en 2021 un millón 826 mil 614 toneladas de aguacate en Michoacán, de las cuales apenas 82 mil 409 se cosechó bajo el esquema de producción orgánica, es decir, el 4.5 por ciento. Según el mismo SIAP, todo este volumen fue destinado completamente al mercado nacional. “La producción de aguacate orgánico, aunque va a la zaga, es la alternativa que puede salvar la producción agrícola”, ponderó Alejandro Méndez, quien reconoció que “aunque somos el principal estado en producción agrícola, somos el tercero en producción orgánica”. La ventaja de los productos orgánicos es que cumplen sin problema con todos los criterios ambientales y de fitosanidad que se solicitan para su exportación hacia Estados Unidos, Canadá y Europa. En cuanto a la mencionada certificación de huertas sustentables, el funcionario desglosó que “incluye la validación de buenas prácticas ambientales, el establecimiento de mecanismos de retribución de servicios ambientales, e incluso la generación de bonos de carbono”. El titular de la Secma refirió que “se construye un esquema de vigilancia-alerta automática satelital que determinará con un alto nivel de confiabilidad los sitios que presenten un cambio de uso de suelo, determinado esto por aprendizaje informático a partir de algoritmos aplicados a fotografías satelitales” A grandes rasgos, aquellas huertas que no pasen la rigurosa revisión -en teoría- serían dadas de baja del sistema y no sólo se les prohibiría continuar con la actividad, sino tendrían que retribuir los servicio y daños ambientales.
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