Jorge Manzo / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Se han interpuesto acciones de inconstitucionalidad contra la Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio, oficializó el ombudsman Marco Antonio Tinoco Álvarez, tras considerar que existen algunas inconsistencias. “Hay tres elementos básicos y fundamentales. El Congreso reguló aspectos procesales y hay una invasión a la esfera federal. Asimismo, estableció autoridades intermedias, entre ellas nosotros, y nos parece que la regulación no es la adecuada y nos encomendó a realizar una convocatoria para algunos miembros, pero no nos da las bases y esa falta de atención nos genera incertidumbre jurídicamente y básicamente asignó a la Fiscalía tareas preponderantes para la prevención”. Cara a Cara para los lectores de La Voz de Michoacán, la presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos dijo esperar que prosperen los recursos que ya fueron presentados, para resolverse la alegada acción de inconstitucionalidad, y recordó que el organismo tiene un centro de prevención del delito y se lo encomiendan a la Fiscalía General, a cuya institución la tarea que le corresponde es la de perseguir delitos. Tinoco Álvarez, quien arribó a la institución como presidente hace poco más de un año, compartió que desde que llegó estableció un nuevo modelo de gestión estableciendo tres ejes: gobernanza, cultura y defensa, y en resumen reconoció que lo que el ciudadano demanda es que se le resuelva pronto. Recordó que a su llegada encontró que había mil 400 asuntos al año, y este que concluyó lo hizo con 4 mil y con muy poco rezago. “Cuando yo llegué a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos teníamos rezagos del 2017 y ya no los tenemos. Entonces creo que el balance ha sido positivo, aunque aún tenemos dos áreas de oportunidad”, evaluó el presidente, tras destacar que uno de los pendientes que tiene es la instalación de las visitadurías de Sahuayo, Tacámbaro, Puruándiro y Coalcomán. Compartió que también urge generar desde las autonomías indígenas las propias defensorías, cuya tarea aún se debe explorar. Notificó su agradecimiento al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla puesto que están en un proceso que no se había logrado desde hace más de 30 años y que es el proceso de desincorporación. “La estructura de la Comisión le nominaba el gobierno del estado. El 16 de octubre pasado desincorporamos la estructura y estamos desincorporando a los compañeros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, que es un proceso similar al que vivió la Fiscalía. Agradecimos al gobernador por este gesto democrático. El siguiente presidente heredará una institución autónoma”. “El 16 de octubre llegó la desincorporación. Hay un tema medio raro porque se decía que la Comisión ejercía 90 millones, pero en realidad no administraba ni la mitad porque esa mitad la tenía el ejecutivo para la nómina. Ahorita estamos en el proceso de desincorporación del STASPE, lo más seguro es que se queden con nosotros, pero ya no con cargo a la comisión. Es un proceso complejo y no lo habían hecho los presidentes anteriores”. ¿Esto ataba de manos a la Comisión? “Nos ataba se manos en el crecimiento financiero porque, por ejemplo, este año el Congreso nos otorgó 111 millones de pesos, pasaditos. Pero en la realidad solo van a caer 93 millones de pesos, casi 20 millones no los manejamos porque esto pertenece a los compañeros del STASPE. Estos flujos de dinero no llegaban y no se podía crecer adecuadamente y se tenía un presupuesto ficticio”. Pero esto es administrativamente hablando. En la operación ya de la CEDH... “Impacta sí. SÍ te quitan el presupuesto no tienes capacidad de crecimiento ni de auto administración”. ¿Y políticamente? “Sí. Yo creo que hasta el maestro Alfredo Ramírez Bedolla lo mencionó. Su equipo ha ayudado mucho. Hacía una reflexión de algo muy importante, pues se creía que si el gobernante pagaba era tu dueño y efectivamente eso generaba cierto control político del estado sobre la comisión, y justo por eso se ha dado esta desincorporación”. Libraste batallas ahí en el Congreso del estado, la más reciente ahí en el tema de Juicio político. ¿Cómo va eso? “Lo que he sabido de los juicios políticos, pero nadie ha sabido decirme cuál es la reclamación de fondo, yo he sido muy respetuoso con las y los diputados que me han permitido el diálogo. Yo compareceré las veces que sea necesario. Sé lo de los juicios políticos por lo que se ha mencionado en los medios. Sé que es por un extrabajador o varios. Ignoro las causas”. Se politiza la situación en la institución que se por sí tiene de mucha crisis de credibilidad... “Sí. La institución, he intentado que se mantenga serena y la imparcialidad y por eso me he reservado a la relación institucional con los diputados. Yo creo que una institución lejana a los poderes políticos, pero cercana a la ciudadanía y es lo mejor”. Al hablar de lo que se ha hecho, compartió que se han interpuesto acciones de inconstitucionalidad tanto contra la ley para prevenir y erradicar el feminicidio, como contra todas las leyes de ingresos municipales por alumbrado público, por el cobro de derechos para pasaporte, derechos de transparencia y a estos recursos legales se adhirió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Los diputados tienen los ojos sobre la CEDH, tú cómo percibes las cosas? “A mí me parece, he oído algunos comentarios de los diputados y me parece legítimo. Lo que quieren es la autonomía de la institución como los comentarios de la diputada Margarita (López) en el tema de las personas desparecidas y me parece que las instituciones han dejado abandonadas a todas las madres buscadoras y hay un panteón forense que aún no abre, nosotros tenemos un área de desaparecidos y no los hemos atendido. Me parece que es legítimo que digan que la Comisión no ha respondido, aunque nosotros no somos o no tenemos un papel preponderante cómo la fiscalía. En el tema que menciona la diputada Ivonne Pantoja también es reclamo de que la institución venía de una inercia con un modelo de gestión a través de las recomendaciones. En lo que yo no coincido es en que hay aviadores y que ganan 80 mil pesos. El único que gana casi 80 mil pesos soy yo y la verdad es que sí trabajo. Los demás salarios están por debajo de los 60 mil pesos. En lo general yo no percibo aviadores. Lo que sí es que estamos capacitando a todo el personal y lo que dicen de que nos falta personal es cierto, nos falta personal en áreas muy sensibles porque no nos alcanza el presupuesto. Nuestro personal estaba acostumbrado a un modo de trabajo y estamos capacitando porque no nos queremos deshacer de personal. Necesitamos el apoyo de los diputados”. Esas son las posturas de diputados, pero hay actores políticos que están moviendo aguas pues justamente para generar ruidos en la CEDH... “Yo creo que el personal que tenemos, las y los trabajadores, y que llegaron conmigo, hay algunos y son muy pocos tres o cuatro que no comparten este modelo de visión y no lo quieren. No lo pienso yo contra el presidente o contra la institución. Son compañeros institucionales, solo que tienen una visión diferente. Ellos están con el modelo viejo, que ya no funciona y que está muriendo. Éste que hemos adoptado es el modelo mundial que viene acá que es de intervención, gestión y de colaboración con las autoridades. Estos compañeros no comparten esa visión porque sienten que debemos de emitir muchas recomendaciones y que debemos estar generando crisis política y el ombudsperson es el que tiene que generar estabilidad con los ciudadanos. Es una disputa de visiones que debemos resolver”. Hablaste de recomendación y que es una visión distinta. Hoy veo más actividad... “Este nuevo modelo es diferente. Este modelo es de acompañar. Antes no acompañábamos en marchas o mítines y ya lo estamos haciendo. Los números indican muchas cosas. Lo que sí no tenemos son pleitos mediáticos en los medios porque eso es una idea de tu servidor. Queremos difundir lo que estamos haciendo y no en lo que no estamos de acuerdo. El presidente ha dejado de salir mucho en medios. Y la institución es la que comunica para acompañar a la ciudadanía”. Veo pronunciamientos contra el ayuntamiento de Morelia, el alcoholímetro, el tema de seguridad, ¿Hay pleito? “No. Hemos trabajado con el alcalde, con la síndica y con el Comisionado hemos tenido una buena relación. Tenemos mesas de diálogo permanentes. Lo que sí creemos es que no estamos en contra de su modelo, lo que no nos parece es que no tienen los mecanismos normativos ni de seguridad jurídica para la ciudadanía. No estamos a favor, no estamos en contra del alcoholímetro, pero sí queremos un protocolo de actuación de cómo calibran los alcoholímetros y que estén en la norma mexicana. No queremos que a los morelianos les cobren 8 mil pesos de arrastre de grúa y que les digan cuánto es desde la norma y de que manera pueden reducir las sanciones”. ¿A propósito, cómo está Morelia? “Yo creo que Morelia tiene un buen modelo de justicia cívica que todavía no crece a su máximo, pero que tenemos que trabajarlo mucho desde lo normativo. Es un buen modelo, pero aún no se explota el potencial porque nos faltan las herramientas normativas. Algo que estamos promoviendo, es que los municipios se hagan cargo de sus mecanismos de protección de derechos humanos. Que tengan el mecanismo para personas discapacitadas, el mecanismo para erradicar tortura, porque los municipios están más cercanos a la gente. Ellos deberían de tener una Comisión Intermunicipal de Derechos Humanos. Sería bueno si esa comisión fuera autónoma. La ley Orgánica Municipal nos otorga la facultad para vincularnos con los municipios para generar las autonomías. Ellos tendrían que tener sus medios alternos, sus círculos de justicia, los trámites de quejas de violación de derechos humanos vinculados con nosotros y nosotros tendríamos que estar pendientes para elegir a los ombudsperson municipales. Eso es algo bien importante. Lo tenemos pendiente de trabajar con los municipios para que cada municipio tenga su propia agenda de derechos humanos y esa agenda impacte directamente en el plan municipal de desarrollo y que seles asignen pesos y centavos”. ¿Cuál es tu percepción sobre casos de Jessica y de Oliver...? “Intervenimos en el caos de Jessica... En el caso de Oliver aún no. Me parece que son temas que debemos de visualizar mucho. Tengo una reunión con el Poder Judicial. Me aparece que los jueces y los ministerios públicos aún no están a la altura del estándar interamericano. Particularmente de tres casos que es el del Campo Algodonero donde mandan a disponer todo lo necesario para las condiciones de no violencia contra la mujer. Entonces me parece que los jueces, todavía privilegian la forma por el fondo. Es decir, privilegian el procedimiento sobre los hechos y los hechos no pueden variarse y ahí el Estado Mexicano tiene que actuar con todas las formas. No puede continuar la violencia contra la mujer. También tenemos que ir erradicado la violencia económica contra la mujer. ¿Los jueces michoacanos cómo están? “Pareciera que Fiscalía y Poder Judicial están en los extremos cuando deberían estar en constante compartimiento y vinculación no para hacerse amigos sino para tratar temas de interés público. Hay una desvinculación de los actores del estado incluyendo a las comisiones que tendríamos que generar mesas de interlocución, la sociedad civil y las universidades”. TRAYECTORIA Marco Antonio Tinoco Álvarez cuenta con un doctorado en derecho por el Centro de Investigación y Desarrollo, y otro más en ciencia por la misma institución educativa. Es maestro en ciencias con especialidad en administración pública por el Instituto Politécnico Nacional y es abogado egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde agosto del 2021 es el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ha sido profesor en varias instituciones educativas, entre ellas, la Casa de Hidalgo, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad La Salle, así como en Jalisco, Baja California y Durango, entre otras. Rector del Ilustre Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Políticos Y Sociales de México y coordinador del doctorado en derecho y de la maestría en gobierno y asuntos públicos del Cidem. Previo a asumir esa encomienda, fue consejero de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
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