LA CASA DEL JABONERO | Puerta giratoria

Jorge A. Amaral

El 11 de enero de este año, Bryan Axel Cervantes, de 20 años, desapareció en la colonia Rector Díaz Rubio, en Morelia. El jueves lo hallaron muerto en una alcantarilla en la colonia Vista Bella. Según la carpeta de investigación, el veinteañero fue visto por última vez cuando quedó de ir a recoger a su novia a la escuela, pero fue citado por dos sujetos identificados como Everardo e Iván y después no se supo más de él.

Al notar la desaparición de Bryan, su familia la reportó y se emitió una cédula de búsqueda. En entrevista con la reportera Naomi Carmona, de mimorelia.com, la mamá de Bryan, Sandra Lizbeth Murillo López, a finales del mes de enero se pronunció por que la Fiscalía General del Estado localizara y entregara el cuerpo de su hijo. “Yo estoy pidiendo justicia para mi hijo, mi hijo ya no está con nosotros, a mi hijo lo mataron y no hemos podido dar con el cuerpo de mi hijo, yo lo que pido es que me entreguen el cuerpo de mi hijo y que detengan a estas dos personas”, dijo.

Y es que, dice la señora, la Fiscalía General del Estado ya había detenido a uno de los involucrados en la muerte y desaparición de Bryan, pero lo dejaron libre. “Él declaró que estuvo en el momento, en los hechos, y que ayudó con el cuerpo, y aun así lo dejaron ir. Ahora ya no lo encontramos, me imagino que puso al tanto al presunto asesino de mi hijo. Mi hijo tenía 20 años, el chico que declaró dijo que lo arrastraron hacia una coladera en el río, pero ya fuimos a esa coladera y, aunque hay restos de sangre, no es suficiente para haber arrastrado un cuerpo, ahí no dejaron a mi hijo”, contó Sandra Lizbeth Murillo, quien además agregó que se estuvo trabajando con personal del OOAPAS y de Protección Civil en la coladera señalada, pero no hubo resultados.

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“He ido casi todos los días a la Fiscalía y sólo me dicen que se está trabajando el caso, pero yo les pregunto: si el chico relató que él estuvo ahí, que él ayudó con el cuerpo de mi hijo ¿por qué lo dejaron ir?, y me dicen que no había argumentos suficientes ¿eso no es suficiente?”, lamentó la madre.

¿Cómo es posible que teniendo en sus manos a alguien que les confiesa que estuvo cuando mataron a alguien y además ayudó a arrastrar el cuerpo, lo dejen ir? Desde ese momento y hasta que haya pruebas físicas de ello, el sujeto debe quedar a resguardo de la Fiscalía, ya que el homicidio se persigue de oficio. El caso es que este jueves Bryan Axel fue encontrado sin vida y en avanzado estado de descomposición.

Y es que, por ponerle sólo un ejemplo, la Policía de Morelia ya ha lamentado que de 700 delincuentes detenidos en la capital del estado durante 2022, el 40 por ciento eran reincidentes, esto quiere decir que hay a quienes, según la corporación, han detenido hasta en 4 ocasiones por distintos delitos y siguen impunes, porque al consignarlos ante la Fiscalía no hay elementos para procesarlos, muchas de las veces, hay que decirlo, por falta de una denuncia formal.

Esto se debe a que la sociedad, las policías y la Fiscalía están inmersos en un círculo vicioso: la Policía detiene a un sujeto, lo lleva a la FGE, pero nadie denuncia por miedo a represalias o por desconfianza en las autoridades; entonces, al no haber más elementos, no pueden procesarlo, así que deben liberarlo. El individuo regresa a las calles, sigue delinquiendo y los ciudadanos se quejan de la impunidad y dicen que por eso no confían en las autoridades. Entonces sucede que un día los vecinos agarran a ese raterillo, lo reconocen como reincidente, le dan la paliza de su vida y cuando la Policía llega a detenerlo y los invita a denunciar, dicen que para qué si al rato sale. El resultado de este círculo vicioso: policías trabajando y arriesgándose a lo tarugo mientras el aparato de justicia se queda en el limbo burocrático y los criminales pasan a sus anchas por la puerta giratoria de la procuración e impartición de justicia.

Claro que si al delincuente se le ocurre tocar aunque sea con el pétalo de una rosa a un agente de la Fiscalía, que se cuide, porque lo andarán cazando y a la brevedad posible será detenido y procesado y no se necesitarán “argumentos”.

Más Bukeles

En días pasados el gobierno de El Salvador echó a andar el Centro de Confinamiento del Terrorismo y las imágenes le dieron la vuelta al mundo: miles de pandilleros de distintas facciones de la Mara Salvatrucha, semidesnudos, descalzos y esposados, fueron sacados de las prisiones donde estaban para ser reubicados en un enorme complejo penitenciario de máxima seguridad, donde además estarán mezclados, a diferencia de la estrategia de gobiernos anteriores, de encerrarlos por separado, lo que facilitó su organización para seguir operando dentro y fuera de los reclusorios.

De inmediato esas imágenes causaron críticas, como ha sucedido desde que el gobierno salvadoreño arreció la lucha contra las pandillas. Incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a esa cárcel “campo de concentración”, diciendo que los jóvenes deberían estar en las universidades.

Claro, los jóvenes deben estar trabajando o estudiando, no en pandillas ni en grupos delictivos de otra naturaleza, pero, como hemos visto en México con las becas y unidades deportivas, una cancha de basquetbol o 4 mil pesos no van a disuadir a un joven que ya está metido hasta el pescuezo en la maña, y lo mismo pasa con un pandillero de El Salvador.

Aquí llama la atención otra cosa: el discurso. Esa cárcel se llama Centro de Confinamiento del Terrorismo, y durante el recorrido que el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, dio por el recinto, los funcionarios, en sus explicaciones sobre las distintas áreas, no dejaron de usar el término “terroristas” para referirse a los reos.

En la declaración de las Naciones Unidas de 1994 sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, la ONU usó esta definición de terrorismo: “Actos delictivos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinadas personas que son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera que sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos”. Mientras que el filósofo croata Igor Primoratz lo define como la intimidación con un propósito: el terror se utiliza para provocar que otros hagan cosas que de otra manera no harían.

Recordemos, por ejemplo, en diciembre de 2004, en Honduras, 26 personas murieron al ser atacadas a balazos cuando iban a bordo de un autobús; los autores: maras, lo mismo que en agosto de 2003, en que, con el mismo modus operandi: rafaguear, detener, subir y rematar, los pandilleros asesinaron a 12 y dejaron heridas a 17 personas, también en Honduras.

Ya en El Salvador, el 19 de junio de 2010, un miembro del Barrio 18 conocido como Crayola fue asesinado en una balacera en la zona de Mejicanos. Sus compañeros escucharon que los responsables habían huido en un microbús de la ruta 47 hacia una de las colonias controladas por la MS-13. Su venganza apuntó por lo tanto a ese mismo transporte y a esa misma ruta. Era la manera de dejar claro a sus rivales que el crimen no quedaría impune, aunque los pasajeros que acabarían siendo sus víctimas no tuvieran nada que ver.

Al día siguiente, hombres de la 18 dispararon contra un microbús que venía de aquella misma colonia gobernada por la MS-13. Murieron una niña y el conductor, pero ese sólo fue el primer ataque, porque minutos después cometerían una masacre, porque otro grupo de pandilleros del Barrio 18 había estado esperando al microbús de la ruta 47. Según testigos, algunos de ellos ni siquiera alcanzaban la mayoría de edad. Subieron y obligaron al conductor a desviar su ruta para acercarse al lugar donde había sido asesinado Crayola.

Allí dispararon contra 30 pasajeros horrorizados que se amontonaron en la parte trasera del camión mientras los pandilleros rociaban gasolina en el pasillo y la puerta del camión para luego prenderle fuego.

Los pasajeros, muchos de ellos con niños e incluso bebés, intentaron escapar por las ventanas mientras el camión era consumido por las llamas, pero al salir entre humo y fuego eran ametrallados por pandilleros que esperaban fuera. La tragedia duró unos minutos, pero 17 personas murieron carbonizadas en el mismo lugar o a los pocos días en los hospitales, y otros sufrieron heridas de extrema gravedad.

Dígame usted, basados en definiciones ya citadas, ¿eso no es terrorismo?, ¿los perpetradores de esos crímenes dejarán sus actividades si se abren universidades?

Entonces, siendo tan peligrosos como son, la mano dura e implacable del Estado se vuelve indispensable, mientras no sea como en México: mano dura pero sólo contra los enemigos de los aliados de los gobernantes en funciones, como en los sexenios panistas. Ojalá en México también hubiera un Centro de Internamiento del Terrorismo y una verdadera lucha contra el crimen, que aterroriza a la ciudadanía al tiempo que contribuye a la putrefacción de la sociedad y el aparato de gobierno. Es cuánto.