Jorge Manzo / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. “Sí hay peces gordos (en las investigaciones que se siguen por el manejo irregular de recursos)”, respondió tajante la contralora de Michoacán, Azucena Marín Correa al avance de las carpetas que sigue el gobierno bedollista a su antecesor y ratificó que se tienen presentadas 17 denuncias penales, y esperan que pronto se puedan girar las primeras órdenes de aprehensión. ¿Está entre los indiciados se encuentra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo? “Debo cuidar el debido proceso. Espero que eso te dé la respuesta adecuada...” Cara a Cara para los lectores de La Voz de Michoacán, la abogada también reveló que ya se tienen notificados 68 servidores públicos de procesos de inhabilitación, entre los que se encuentran 15 personas que se desempeñaron con cargos de secretarios en el gobierno pasado. Marín compartió que algunos de los secretarios del gabinete de Silvano ya fueron enterados y “muchos” ya se presentaron al procedimiento, comparecieron, ofrecieron pruebas y tienen avances, sin embargo, de siete no encontraron los domicilios que señalaron en sus declaraciones, por lo que se ha complicado su localización. Ironizó sobre esto último y compartió que le agradó que uno de ellos levantó la mano e informó en dónde estaba. “Ojalá así fuera todos”, dijo la contralora, tras advertir que ya han sido notificados, aunque haya quienes lo nieguen, e incluso, adelantó que ya se tiene a uno sancionado, mismo que intentó frenar el castigo mediante un amparo, pero que le fue negado. Declaró que en su despacho se tienen en trámite más de 3 mil 300 expedientes de distintos procesos sancionatorios. Denunció que antes, sólo se les notificaba mediante un mensaje de WhatsApp, un trabajo de escritorio, sin embargo, la medida que implementó a su llegada es que se les debe enterar cada una de las etapas en el domicilio que registraron para recibir notificaciones. ¿El exgobernador Silvano Aureoles está dentro de las investigaciones? “Yo creo que cualquier gobernador tiene una serie de atribuciones que le marca la ley orgánica y la Constitución y tenemos que cumplir”. Al entrar de lleno a la charla, la contralora reconoce que siempre será delicado hablar de los temas de esta dependencia y no sólo por la sensibilidad de los datos, sino porque debe cumplir con un par de artículos, frente a otras Secretarías que sólo deben atender lo que dicta uno. Destacó que su institución además absorbe tareas de transparencia e innovación y se empatan con la Función Pública. Comentó que las denuncias por el manejo de recursos es apenas el 5 por ciento de lo que hace la Contraloría, aunado a que no tiene atribuciones punitivas, pero reconoció que cuando se dan cuenta de un hecho ilícito se tienen que dar a conocer a las autoridades y ahí comienza una cadena, en donde entran a formar parte de una denuncia, convirtiéndose en víctimas de un delito como funcionarios. “Coadyuvamos con el ministerio público del estado o federal. De estos temas no puedo hablar por el debido proceso. Aunque son faltas administrativas no te puedo hablar porque el Código y la ley me marca que debo notificarles personalmente a los funcionarios que incurrieron en faltas. Si lo hago público incurro en faltas y va a ocasionar que personas a las que no se les respetó su derecho ya no se sujeten al debido proceso”. Entrados en la charla, ofreció hablar sin nombres, y confesó que lo que han encontrado en este primer año de gobierno, y ya iniciadas las investigaciones es abuso de funciones, incumplimiento de la declaración de situación patrimonial, que ahora incrementaron debido a la obligación que tienen maestros o trabajadores de la salud y de seguridad pública. “Hablamos de funcionarios de primer nivel que fueron omisos. Tenemos de esos asuntos 205 asuntos de relevancia ya sea por el monto o la cuantía o el tipo de servidores públicos. No es lo mismo que una persona que toda su vida ya sido funcionario te diga que se le olvidó hacer su declaración patrimonial”. Otro tema que han encontrado es las deficiencias en la ejecución de obras públicas y eso lo calificó como muy preocupante porque se dieron pagos por adelantado y en exceso... simulaciones, acciones entre funcionarios que cambiaron la modalidad de las obras. “El 95 por ciento de lo que yo hago es lo más importante, pero pareciera que el otro cinco por ciento es lo que se mediatiza”, reprochó Marín. Quizá el interés mediático es por el discurso de cero corrupción de este gobierno… “Pero el cero corrupción es parejo. A los otros que lo hicieron se les está integrando su paquetito, pero aquí le digo al gobernador que nadie me quiere. A todos los traigo cortitos, les digo qué están haciendo mal o que cambien las cosas. Llevamos licitaciones, adquisiciones, obra pública, juntas de gobierno”. Pero el tema es más relevante en estos momentos porque hay denuncias por irregularidades y lo denuncia también la Auditoría Superior de la Federación... “Lo confirma. Ya les decía que los trece mil millones de los que habla la Auditoría, muchos ya los traemos nosotros en las observaciones. Aunque de vista, yo del presunto hecho delictivo me quedo aquí (en la Contraloría) con la falta administrativa”. ¿Habrá persecución? “Te diré una cosa. Mi papá era abogado, mi mamá era abogada. Yo litigo desde los 16 años de edad y estoy enamorada del debido proceso. Me encanta y creo que sería la solución de muchos males. Yo te podría dar nombres porque hay gente que ya está notificada de faltas administrativas, pero no lo puedo hacer. Estamos esperando a que se les venzan los plazos, tiene plazos de amparo”. ¿Van a caer los responsables? Es lo que quieren escuchar los ciudadanos. “Yo creo que los ciudadanos deben estar tranquilos porque por mí, no va a quedar, por este gobierno no va a quedar. Pero no solo por eso. Vamos a agarrar parejo. Ya iniciamos procesos de auditoría a nuestra administración. Yo quiero que el ciudadano merece que sus recursos se manejan de manera responsable. No seré omisa. No tengo atribuciones de sancionar ni de hacer una carpeta de investigación. Yo tengo que tocar puertas, pero estoy como la mamá de todas las víctimas donde estamos toque y toque las puertas para buscar la justicia. No podemos dejar de tocar puertas”. ¿Has visto que hay respuesta por parte de las Fiscalías, de los tribunales? “Nosotros hemos acudido con las Fiscalías, con la Unidad de Inteligencia Financiera, e incluso, con esta institución estamos firmando convenios de colaboración y estamos profesionalizando todas las áreas. Quisiéramos que la justicia fuera más rápida”. ¿Has visto respuesta de las instituciones para que todo esto no quede impune? “Nos han pedido información y se las hemos llevado. Estamos viendo con ellos todo lo que se necesite para integrar la documentación que nos piden. Te puedo decir que en un 70 por ciento hemos visto respuesta. Hay un 30 que nos falta de que quisiéramos más rapidez”. ¿Los peces gordos en dónde están? “En las dos. La que nos da la pauta es el origen del recurso y hay muchas jurisprudencias”. ¿Cuántas denuncias hay en total? “Tenemos 17 denuncias”. Y ahí están los personajes que deben estar… “Sí. Hay unos gordos, unos flaquitos, pero un pez es un pez. Eso es en las Fiscalías, también tenemos ante la Secretaría de Hacienda, y por supuesto también tenemos ante en la Unidad de Inteligencia Financiera, de manera concreta”. Los ciudadanos quieren algo... ya “Lo que le puedo decir a la ciudadanía es que estamos trabajando y que no vamos a dejar que nadie nos vea la cara de paisanos. No nos vamos a dejar. Yo pago impuestos, tú los pagas y no vamos a dejar pasar esto, porque tenemos que sacarle la vuelta a esa idea de que puedes robar y no te va a pasar nada”. ¿Sí encontraron un tiradero? “Te voy a decir una cosa. Has recibido a alguien en tu casa que todo se ve limpio y cuando abres la alacena y todo se te viene encima. Pues justamente así fue como nos dejaron”. ¿Ha sido fácil ordenar la casa? “No. No había orden en la normativa y por eso se caían los asuntos y por eso se siguieron cayendo en el tribunal porque debemos tener la autoridad investigadora y tenemos que tener una división y no se tenía. Había divorcios en las dependencias de cuáles eran las paraestatales y las otras y estamos tratando de ordenar donde el sector salud sea homogéneo, donde el sector económico esté ordenado, y así sucesivamente”. Tiempos. Entiendo que hay plazos que se tienen que cumplir, pero cuándo empezaremos a verlos caer… “Son 15 días hábiles para que se apersonen aquí en la Contraloría. A muchos ya les está corriendo el plazo. Estas son denuncias administrativas internas, las más fuertes son resarcitorias. Pero, por otro lado, ya cumplimos un año de que las presentamos en algunas Fiscalías en algunas más de un año. Yo espero que se puedan judicializar ya varias porque todavía la semana pasada entregamos información”. De estas que te tocan a ti, cuál es la más onerosa... “La falta de pago de proveedores. La sanción es que tú haces un contrato con tiempos. El proveedor dice que no lo pagaron y nos sancionan al pago y ahí hay montos de un millón, de un millón y medio. Ahorita tenemos uno de 68 millones de pesos. Ahorita lo tenemos que cubrir nosotros... Pero me los traigo para acá y les iniciamos procedimientos por faltas administrativas y son cantidades grandes. Tenemos en la contraloría investigación por 15 mil 416 millones. Esto es en materia de órganos de control, pero en Contraloría traemos otros 14 mil millones que estamos auditando”. Viene el proceso electoral... ¿No va a intervenir? “Yo sigo trabajando. No publicito. Lo subí al chat de contralores nacionales porque nosotros no tenemos estrado donde se puedan consultar las resoluciones, pero sí tengo una página que estoy actualizando a los funcionarios sancionados y también tengo una página para que todos los ciudadanos puedan denunciar”. Una abogada en Contraloría Azucena Marín Correa es abogada de profesión, con maestría en derecho y actualmente está al frente de la Secretaría de la Contraloría de Michoacán. Se ha desempeñado como jefa de departamento en la ventanilla de acceso a la información pública del Gobierno de Michoacán, así como subdirectora del Departamento Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Rural. Ha sido titular del área del enlace jurídico de la Consejería Jurídico en el Instituto de Vivienda, y asesora jurídica del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la zona arqueológica de Chichén Itzá, así como coordinadora de programas de la Comisión Nacional de Pesca. También se desempeñó con esa encomienda en el Instituto de Acceso a la Información Pública de Michoacán.
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