Erik Avilés Martínez Actualmente, tal y como sucede desde hace 35 años, fuerzas muy poderosas contienden por hacerse del control de la CNTE, franquicia histórica de la disidencia magisterial. El territorio, invariablemente es Michoacán de Ocampo, epicentro de los experimentos político-sindicales en la nación. El magisterio, comprendido como una de las fuerzas políticas de mayor peso que se acuñaron durante la denominada dictadura perfecta atrae a quienes tienen ambiciones de poseer poder y todo lo que de él emana. Además de constituirse por miles de personas, las maestras y maestros son líderes natos reconocidos en las comunidades como tales, muy frecuentemente son las personas con mayor formación académica, que cuentan con la confianza de los habitantes de las secciones electorales, por lo cual representan un capital político ambicionado por quienes buscan cargos de elección o quienes son dueños de organizaciones partidistas. Aunado a lo anterior, la capacidad de monetizar la posesión de un movimiento de bases magisterial está más que comprobada. Las cúpulas que han encabezado a la CNTE o a alguna de sus tribus frecuentemente han resuelto su vida y la de sus descendientes, siendo fácilmente trazables los privilegios y recursos recibidos, directamente o a través de sus familiares, incondicionales o prestanombres, constituyéndose en torno suyo redes multitudinarias de corrupción, a través de las cuales se comercializan ingresos, permanencias, adscripciones, promociones, jubilaciones y herencia de plazas, lo cual ha socavado ampliamente la constitucional excelencia de nuestro sistema educativo estatal. El interés político y económico es más que manifiesto. Bajo ese contexto, parece que se cocina la conformación de una nueva relación de fuerzas en Michoacán. Es decir, en esa sucesión de ciclos de unidad y discordia, parece que una vez más se está pulverizando el sindicalismo magisterial, particularmente el disidente, en aras de arropar al nuevo orden imperante. Las intenciones de unificar a la representación de los trabajadores de la educación quedaron atrás y los intereses han prevalecido. Para comenzar, la CNTE azul, la misma que recibió toda clase de acusaciones en el VIII Congreso Seccional de Bases en enero de 2020, la semana pasada llevó a cabo su congreso electivo, donde ocurrió un fenómeno muy parecido al de hace tres años, donde, el líder, al verse superado en maniobrabilidad y en números decide desconocer tanto al congreso como a la nueva dirigencia, decidiendo “por mandato de una base” permanecer indefinidamente en el cargo, mientras que los congresistas llevaron a cabo el proceso de votación, pero también deslegitimados por la presencia insuficiente de delegados sindicales que acreditaran fehacientemente ser representantes de las bases magisteriales en toda la geografía estatal. Por ende, es un gran momento para que la autoridad dé pasos agigantados para recuperar la rectoría de la educación. Parte sustantiva de ello es reconocer los derechos laborales de los trabajadores y atenderlos directamente, sin intermediarios. Otra más es evitar la corrupción en la conformación de gremios, limitar y disolver las componendas que imperen en las dependencias educativas. Paralelamente, será muy importante que se evite otorgar, además de gestoría y doble negociación, también que cunda la simulación o las comisiones sindicales extralegales, que conllevan la descarga de trabajo frente a grupo aduciendo una supuesta representatividad que, como se está demostrando, está cada vez más diluida y resulta innecesaria. Por ejemplo, en el Congreso de la CNTE azul, apenas lograron acumular, asumiendo sin conceder, de acuerdo con sus propias cifras, escasos 372 supuestos delegados efectivos, de más de 800 que deberían de ser para tener una cobertura estatal. Para completarse, tuvieron la necesidad de permitir el ingreso a 431 personas adherentes que no sabemos su procedencia, si cuentan con plaza magisterial o militancia sindical acreditada, pero se les denominó “fraternos”, a quienes incluso les dieron derecho a voto. Por si fuera poco, varios de los integrantes del nuevo CES azul están señalados por la propia base con fuertes acusaciones de corrupción en regiones como Morelia, Pátzcuaro y Puruándiro, no siendo diferentes a las de su otrora líder que los desconoció para eternizarse en su cargo, a pesar de la segunda defenestración consecutiva que ello le implica. No se olvida que, en su momento arrastró acusaciones frontales en los citados congresos y en redes sociales, de hacerse de privilegios en la región de Zacapu y en Morelia. Aunado a lo anterior, las acusaciones mutuas de intromisión gubernamental de parte de los dos grupos de comisionados gremiales de la CNTE azul enrarecen más el ambiente, más cuando está fresca la memoria de que fueron fortalecidos por la gestoría que se le brindó a raudales durante tres años, sin ser capaces de demostrar la legitimidad que da la mayoría, ni tampoco de haberse constituido formalmente como una fracción sindical, prefiriendo depender del SNTE, siendo su nicho de oportunidad para el entablamiento de dobles negociaciones y nunca terminar de romper la liga, a pesar de estirarla constantemente a su favor. También, quedó manifiesta la ya consabida irresponsabilidad con la cual las cúpulas dirigentes pisotean los derechos del estudiantado, al citar a sus actividades en día y horario laboral. En ámbitos no magisteriales hay muchos otros sindicatos que, cuando sesionan, lo hacen a contra turno. Sin embargo, en la Secretaría de Educación en el Estado e instituciones sectorizadas aún abundan los gremios que abusan de la situación y convocan impunemente a reuniones que nada tienen que ver con devengar su salario. De por sí, el calendario escolar en este mes ya lucía a modo para la realización de paros y puentes, así como suspensiones de facto al cierre vacacional, como frecuentemente sucede. Pero, al final, quienes pagan las consecuencias de las decisiones fácticas son las niñas, niños y jóvenes, al ver vulnerado su derecho a aprender. Es importante tenerlo muy en cuenta: la atomización del sindicalismo magisterial no beneficia más que a los representantes unipersonales. Conseguir la formación o control de un sindicato es resolver la existencia propia y la de las posteriores generaciones. Funcionarios corruptos se prestan a la conformación de sindicatos a modo, en total colusión. Lamentablemente, no ha habido poder que detenga esa mala práctica, porque los beneficios son recíprocos, ya que permiten basificar y, con ello, perpetuar la fuente de trabajo para personas contratadas discrecionalmente. Normalmente, funcionarios y cúpulas gremiales, en sus negociaciones oscuras se reparten por mitad las plazas y prestaciones, en sociedad. Las ganancias económicas, en colocación vitalicia de incondicionales en las dependencias que terminan colonizadas y la capacidad de movilización político-electoral son muy atractivas, por lo cual, la gran mayoría de los políticos de cierto nivel tienen esa clase de componendas que los privilegian elección tras elección, administración tras administración. En el caso magisterial hay decenas de sindicatos alternos, expresiones gremiales y grupos fácticos que dificultan inmensamente el ejercicio de las atribuciones a los funcionarios, quienes en muchas ocasiones terminan destituidos, suplantados o mangoneados por esta clase de actores. Si bien, en los hechos ya no están marchando y movilizándose, aprovecharon el ocaso de la administración pasada o el inicio de la presente para hacerse de ciertos feudos al interior del sistema educativo estatal. Más aún, además de la situación de la CNTE azul, también hay vientos divisionistas que soplan en la CNTE roja, autodenominada “Poder de Base”. Su ala más antisistémica estudia la situación y ya se han atrevido a llamar a movilizaciones en el interior del estado por encima de los supuestos acuerdos con el Comité Ejecutivo Seccional. ¿Valores entendidos entre ellos? ¿Estamos ante el juego del “policía bueno y el policía malo? ¿Ruptura genuina? En el proceso de transición electoral para elegir un comité 2023-2026 es que se revelarán las manos que desestabilizan esa cuna. El derecho a aprender merece ser tratado con seriedad, respeto y centralidad por parte de todos aquellos que pretendan tomar responsabilidades en el sindicalismo magisterial, porque, al final del día, el gremio que aspiran dirigir y administrar es de garantes de los derechos de la niñez y juventud en Michoacán, razón por la cual deben de ser personas con alta vocación profesional y además, imprescindiblemente deberán honrar la obligación que tienen los trabajadores de la educación con formar integralmente y ejemplarizar a las generaciones jóvenes. Los derechos laborales guardan un delicado equilibrio dinámico con cumplir con el deber encomendado desde el momento de tomar posesión de una plaza en el servicio profesional docente. En caso de generar asimetrías y perjuicios contra los hijos de los michoacanos, los daños que perpetran son incalculables y a su vez terminan por revertirse en contra suya. Prueba de ello es la falta de arropamiento social que han tenido las movilizaciones de los últimos años, por ser contrarias a los intereses de las niñas, niños y jóvenes, de sus familias y las comunidades escolares, demostrando ser clasistas y, en el mejor de los casos, gremialistas, toda vez que no responden a las causas que deberían defender como líderes comunitarios, sino a una burda y previsible agenda confidencial de los mandamases en turno, quienes intentan reiteradamente despacharse con la cuchara grande de los recursos destinados originariamente a la educación de nuestros hijos. Entonces, ante esta diáspora que emprenden las tribus gremialistas, es momento de que la autoridad actúe profilácticamente, definiendo, normando, sistematizando y transparentando procesos que tengan que ver con el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores de la educación, para evitar que los personeros se encaramen sobre de ellos y ejerzan dobles negociaciones y simulaciones bajo la mesa para obtener canonjías a costa de la precarización del magisterio estatal y del detrimento del ejercicio de los derechos educativos en la entidad. La situación es favorable para que el gobierno actúe respondiendo a las necesidades magisteriales y al inmenso rezago que se ha acumulado durante décadas en materia educativa. Con inteligencia y adecuada construcción de políticas públicas podrá llegarse muy lejos. ¡Que así sea! Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles *Erik Avilés es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional y director fundador de Mexicanos Primero, Capítulo Michoacán, A.C.