Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. En Michoacán, hasta el 90 por ciento de los divorcios y separaciones resultan en el incumplimiento de pago de pensión alimenticia. A pesar de la legislación y las sanciones, el incumplimiento de los padres hacia sus hijos y mujeres que se encargan de la crianza es elevado. Al igual que el aumento en la tasa de divorcios, el abandono de las obligaciones familiares es uno de los fenómenos que sigue creciendo, debido a la incapacidad económica de muchas mujeres para acceder a un asesor legal. Según la postura de Circe López Riofrío, directora de la Asociación Humanas sin Violencia, aunque no hay registros oficiales de deudores alimentarios, se observa que la tendencia es cada vez más alta en todas las regiones del estado. Esta semana, el Senado de la República aprobó la creación de un padrón de deudores alimentarios a nivel nacional, con restricciones administrativas para quienes no cumplan con sus obligaciones después de un divorcio. A pesar de que las cifras son elevadas incluso a nivel nacional, hasta la fecha no existen padrones actualizados ni sanciones públicas para los deudores. “Aún no hay. Pero en la mayoría de las separaciones, ese es un punto de conflicto. El 90 por ciento de las separaciones, ya sea de forma jurídica vía civil o no, no exige el pago de la pensión alimenticia. Y esta no se paga ni se asume principalmente por parte de los hombres. Sin embargo, como nuestro sistema de justicia solamente cuenta con una perspectiva de género en el nombre, no tiene una base institucional suficiente para dar seguimiento a los casos de violencia paterna económica, que suelen escalar”, manifestó la activista y especialista en derechos de las mujeres. Durante los últimos tres años, en el marco de la conmemoración del Día del Padre, el Día Internacional de la Mujer y el Día de la Madre, las mujeres han colocado los famosos tendederos de deudores alimentarios y se han manifestado. Desde funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, empresarios, profesores, deportistas y prácticamente todas las profesiones han quedado expuestas en los ejercicios de sanción pública implementados por las activistas ante la omisión de las autoridades para hacer cumplir las leyes en torno a garantizar una pensión para miles de niños, niñas y adolescentes de todo el estado. Este problema es realmente brutal, porque hay una situación compleja. No solamente porque algunos hombres tienen un ingreso informal o porque ponen sus bienes a nombre de su familia. Es un ejercicio evidente de poder el negarse, lo que significa abandonar a la expareja, sin priorizar a los hijos. Y aún algunas empresas o gobiernos encubren a los deudores. Es realmente una situación estructural de violencia, porque está protegida por diversas capas sociales e institucionales”, explicó la activista. Marta Camarena, presidenta del Colegio de Abogadas de Michoacán, reconoció como un panorama complejo en el campo de las mujeres madres jefas de familia en el estado. Las cifras de 2018 revelaron que solamente el 18 por ciento de las mujeres en proceso de divorcio y separación llegaron a los tribunales bien asesoradas legalmente en cuanto al pago de pensión alimenticia y otros derechos para sus hijos. Explicó que una de las agravantes de la situación es la creciente tendencia de madres solteras desde la adolescencia, lo que ha valido para aumentar el espectro de deudores de pensiones alimenticias y otros fenómenos que afectan la condición económica de las madres de familia. En general, los hombres aprovechan las lagunas legales para no cumplir con sus obligaciones en cuanto a la pensión alimenticia y otras obligaciones después de concluir un contrato matrimonial o un proceso de separación por concubinato. La especialista reconoció que urge un proceso de concientización y generación de cultura jurídica que oriente a las mujeres a conocer sus derechos. “Nos hemos dado cuenta de que hay casos donde los varones prefieren dejar de trabajar para que no les descuenten. Desde el punto de vista jurídico, esas madres tienen derecho a pedir esa pensión. En un porcentaje de la sociedad en general, con un nivel de educación medio hasta secundaria, ahí es donde el porcentaje es mucho mayor. No llegamos ni al 10 por ciento de acceso. Se va pasando la voz. No hay una educación ni cultura jurídica que haya permeado. Es un grave problema en nuestro estado”, explicó la especialista.
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