Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Este miércoles, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que las crisis que vive actualmente Estados Unidos por el consumo de fentanilo no tiene que ver con México, esto al señalar que esa droga ni se produce ni se consume en México, sino que el territorio nacional sólo es ruta de paso para la droga que viene de Asia y va rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, distintos reportes contradicen la versión oficial y ponen al descubierto que los cárteles mexicanos están directamente involucrados en la producción y trasiego de este enervante. Reportes de inteligencia de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ubican el inicio de la crisis por consumo de fentanilo en Estados Unidos en el año 2014. Entre los actores principales del tráfico masivo de este opioide a dicho país, según la institución, están los grupos criminales mexicanos, quienes se han encargado de forjar rutas comerciales desde Asia para obtener precursores químicos, producir drogas sintéticas y enviarlas a Estados Unidos. Concretamente, la agencia antidrogas ha señalado al Cártel de Sinaloa y al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los responsables de cientos de miles de muertes en aquella nación. Los informes más recientes detallaron que entre enero de 2021 y enero de 2022, 107 mil 375 ciudadanos estadounidenses murieron por sobredosis y envenenamiento relacionado con narcóticos. En el 67 por ciento de los casos estuvieron involucrados opioides como el fentanilo. Debido a la expansión de estos grupos criminales y a la estructura que han forjado para el tráfico de drogas, congresistas republicanos de Estados Unidos, como Dan Crenshaw y Michael Waltz, han exigido que el presidente Joe Biden autorice el despliegue del Ejército para combatir directamente a los cárteles. En medio de las tensiones que esta iniciativa ha provocado, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), viajó al país vecino para reunirse con el embajador Esteban Moctezuma y los 52 cónsules en territorio estadounidense e iniciar una “campaña en defensa de México” ante los “ataques” de los legisladores republicanos. Durante el encuentro, Ebrard y el conjunto de diplomáticos discutieron los señalamientos que ha recibido México como culpable de la crisis en el consumo de fentanilo. Al respecto, el canciller ha adoptado una postura de total rechazo a propuestas como la intervención militar. “No vamos a permitir que atropellen a México”, dijo en la reunión. Uno de los argumentos que presentó Ebrard Casaubon como muestra de la cooperación del gobierno federal con Estados Unidos para combatir esta crisis fue que en el territorio nacional no se produce fentanilo, sino que México es sólo una región “de paso”. “Las autoridades de seguridad nacionales no tienen registro de producción de fentanilo en México, sino que ubican a nuestro país como zona de tráfico de ese opioide y sus precursores, los cuales provienen sobre todo de Asia”, pudo leerse en un comunicado de la SRE. Sin embargo, esto contrasta con los recientes reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) alusivos a los operativos de seguridad desplegados en Sinaloa. El 14 de febrero de 2023, el Ejército Mexicano encontró y aseguró un “centro de manufactura de pastillas de fentanilo” en un terreno de Pueblos Unidos, Culiacán, que también albergaba el laboratorio con mayor capacidad de producción de metanfetamina del que se tenga registro. En dicho lugar, las fuerzas castrenses aseguraron 629 mil 138 pastillas de fentanilo, con un peso aproximado de más de 68 toneladas y media, así como 128,03 kilogramos de fentanilo granulado. Tres días después, el 17 de febrero, el Ejército encontró y desmanteló otro centro de manufactura de pastillas de fentanilo en la colonia Ampliación Antonio Toledo Corro, también en Culiacán. Como resultado de ese operativo, fueron aseguradas 530 mil tabletas de fentanilo, 30 kilogramos del opioide en polvo, 150 kilos de acetaminofén (mejor conocido como paracetamol), dos máquinas tableadoras, dos máquinas revolvedoras y una prensa para la confección de pastillas. “Los cárteles mexicanos obtienen fentanilo de manera ilícita, así como los precursores necesarios para la manufactura de fentanilo y sustancias relacionadas desde China y, primordialmente, usan el fentanilo como un adulterante para la heroína [...] Han descubierto que fabricar fentanilo es mucho más costeable, eficiente y llama menos la atención que los cultivos de amapola requeridos para producir heroína”, es uno de los diagnósticos que ha elaborado la DEA respecto a esta droga. El consumo de fentanilo en México En el mismo contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó en su conferencia matutina del 9 de marzo de 2023 que “aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo”, en lo que insistió este 29 de marzo. Tal declaración fue enunciada como parte de su reacción a la propuesta intervencionista del Partido Republicano para el uso de las Fuerzas Armadas contra los cárteles mexicanos. Sin embargo, un informe oficial del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, adscrito a la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) de la Secretaría de Salud, reconoció que en México ha habido un incremento en el uso de fentanilo en los años recientes. El documento “Demanda de tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en 2021” reveló que la utilización de este opioide ha incrementado exponencialmente desde 2013 hasta el año de recopilación de datos. El primer registro, en 2013, contempló un total de cinco casos de uso de fentanilo en todo el país. La tendencia se mantuvo a la baja hasta 2018, año en que la cifra llegó a diez. En 2019 se contabilizaron 25 casos, en 2020 fueron 72 y, finalmente, 2021 cerró con una cifra de 184 reportes de uso de esta droga. Pese a que los datos no guardan la misma proporción a los de la crisis en Estados Unidos, en 2021 la cantidad de casos fue más del doble que el periodo anterior. Al respecto, el Observatorio detalló que “dichos casos se presentan principalmente en los hombres y en los estados de Baja California y Sonora”, los cuales representan puntos claves en las rutas de trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Cárteles comparten proveedores para producir fentanilo Un reporte publicado en noviembre de 2022 por Insight Crime rebela que a pesar de estar sumidos en una feroz competencia por el control de diversas economías criminales, los cárteles más poderosos de México al parecer recurren a los mismos proveedores para abastecerse de químicos precursores para la producción de fentanilo. Un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CIN) citado en esa investigación identificó a tres empresas mexicanas que suministran químicos para la producción de fentanilo al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las firmas Corporativo y Enlace Ram, Corporativo Escomexa y Grupo Pochteca al parecer importaron sustancias claves como 4-Anilino-N-fenetil-4-piperidina (ANPP), cloruro de propionilo y anilina de India y otros países asiáticos. Estos por lo general arriban a puertos importantes de México, como Lázaro Cárdenas en Michoacán, y Manzanillo, Colima. Después de su importación, no es claro cómo se acordaban las ventas con ambos grupos criminales. Se dice que la Fiscalía General abrió investigaciones sobre cada una de las firmas por la venta de estos químicos mientras operaban bajo la fachada de distribuidores de software y fabricantes de bebidas, entre otros, como informó Milenio. La producción de drogas sintéticas, como el fentanilo, suele ocurrir en laboratorios clandestinos en estados como Michoacán y Sinaloa antes de la etapa final de procesamiento, que puede darse en bodegas y residencias particulares en grandes ciudades. A mediados de octubre de 2022, efectivos de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional de México habían desmantelado más de mil laboratorios clandestinos de droga en todo el país desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder a finales de 2018. Gran parte de ellos se descubrieron en el estado de Sinaloa. El hecho de que el CJNG y el Cartel de Sinaloa se abastezcan de químicos precursores con las mismas empresas sugiere un par de conclusiones: La primera es que esta dinámica muestra que el mercado de fentanilo ilícito en Estados Unidos —principal destino de la producción mexicana— ha crecido al punto de que genera ganancias suficientes para ambos grupos sin necesidad de hacerse al monopolio de los proveedores químicos necesarios para la producción. De hecho, el fentanilo ha llegado a ser de lejos el principal factor de la actual crisis de opioides en Estados Unidos. En algunas regiones del país, el fenómeno dejó de originarse en la oferta para activarse desde la demanda. En 2020, las sobredosis de drogas que incluían opioides sintéticos potentes como el fentanilo cobraron las vidas de unas 72 mil personas, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. De igual manera, los decomisos de la sustancia en la frontera entre México y Estados Unidos han superado el triple en los dos últimos años fiscales. En segundo lugar, el reportaje muestra que las organizaciones criminales mexicanas explotan los puntos débiles en las iniciativas de regulación de las autoridades en industrias legales para facilitar la producción de sustancias ilícitas. Es una tarea compleja, pues los proveedores de químicos en países productores, como India y China, con mucha frecuencia son firmas legítimas que producen legalmente dichas sustancias. De hecho, los gobiernos nacionales muchas veces están atentos en lo que respecta a la prohibición de la producción y la importación de ciertos químicos identificados como materia prima en la producción de drogas sintéticas. Cuando una sustancia es declarada ilegal y objeto de control internacional, sus componentes químicos pueden modificarse con facilidad para crear nuevos análogos y precursores no regulados que cumplan la misma función. Es fácil que empresas de papel como las descubiertas en México importen las pequeñas cantidades que los grupos criminales necesitan para la producción, mezclándolas con productos legales o simplemente cambiando las etiquetas.
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