Jorge Ávila / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (Enasjup) 2022 y ofrece datos interesantes, como que en 2022, a nivel nacional, el 56.5 por ciento de los adolescentes en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA) cumplía una medida de sanción en externación y 30.2 por ciento cumplía una sanción de internamiento. Además, la encuesta revela que el 45.9 por ciento de los adolescentes que se encontraban en el SIJPA sufrió algún tipo de agresión física al momento de su detención y que el 32.0 por ciento de ellos fue víctima de algún delito dentro del centro de internamiento en el último año. Para realizar este ejercicio, entre agosto y septiembre de 2022 se visitaron 45 centros de internamiento en los 32 estados del país. Así, los periodos de referencia de la información corresponden a agosto y septiembre de 2022, así como de agosto de 2021 a septiembre de 2022. Además se consideró una muestra real de 2 mil 715 adolescentes de 12 a 17 años que se encontraron en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA) y que tuvieron, como medida cautelar, el internamiento preventivo o una medida de sanción privativa o no privativa de la libertad por la comisión de un delito del fuero común o del fuero federal. Fuera del hogar, a la deriva Según los datos de la ENASJUP 2022, de la población de adolescentes en el Sistema de Justicia Penal, 33.8 abandonó su hogar al menos una vez para ir a vivir con amigos; 32.4 por ciento se fue con familiares, 16.3 por ciento inició vida en pareja y 4.4 por ciento se fue a vivir a la calle. Entre las razones para haber abandonado sus hogares, el 37 por ciento declaró la falta de libertad para hacer lo que quería. En segundo lugar estuvo el deseo de hacer vida en pareja, con el 10.3 por ciento. En tercer lugar, la violencia entre los adultos con los que vivía, sean padres o tutores, con el 9.2 por ciento. Por otro lado, el 7.7 por ciento afirmó que su motivo fueron los insulto o humillaciones recibidos por parte de otros integrantes de la familia. En quinto lugar se ubicaron los problemas económicos, con 6.1 por ciento. Este dato resalta porque se da justo después de la pandemia por COVID-19, que trajo una severa crisis económica y laboral en todo el país, y para contrastar vale la pena rescatar el porcentaje de 2017 (el ejercicio previo): 3.8 por ciento. Esto va estrechamente relacionado con los adolescentes que salieron de sus hogares con la finalidad de ir a trabajar: 3.5 por ciento en 2022 y 2 por ciento en 2017. Otras razones por las que estos adolescentes salieron de sus casas fueron: conflictos familiares, 5.9; golpes, 5.5; los corrieron, 5.4; conductas delictivas, 3.2, consumo de drogas, 2.1; por la muerte o abandono del hogar por parte de un familiar, 1.6; abuso sexual, 0.9; mendicidad forzada, 0.1, y sin dar un motivo específico, 4.3 por ciento. Todo empieza con un robo Otro dato que resulta interesante es que, en 2022, a nivel nacional, 21 por ciento de los adolescentes sujetos al Sistema Integral de Justicia Penal declaró que su primer delito cometido fue un robo. De ese sector, más de la mitad, 59.4 por ciento, cometieron robo simple o asalto; el 13.1 por ciento cometió robo a transeúnte en la vía pública; el 10.5 por ciento incurrió en robo de vehículo; 8.6 cometió robo a negocio; 7.1 se metió a robar a una casa habitación; el 0.9 por ciento robó en transporte público y el 0.4 por ciento cometió robo de autopartes. En menor medida se ubicaron otros ilícitos como primera conducta delictiva de estos jóvenes: violación sexual, 15.4 por ciento (porcentaje que prácticamente supera al de 2017, que fue de 7.8); homicidio, 9.5 (en 2017 fue de 7.9); portación ilegal de armas, 6.2 (frente a 1.9 de 2017); narcomenudeo, 4.8 (en 2017 fue 3 por ciento); lesiones, 4.4; posesión ilegal de drogas, 2.6; secuestro y secuestro exprés, 2.3; delitos sexuales, 1.8, y daño a la propiedad, 1.6 por ciento. Los datos anteriores destacan porque no todos los adolescentes en el Sistema de Justicia Penal son primerizos, sino que hay quienes ya han pasado por las puertas de la procuración de justicia. Y es que, a nivel nacional, según los datos de la encuesta, el 8.7 por ciento de los adolescentes en el SIJPA ya había enfrentado un proceso penal. Del total de la población de adolescentes, 3.4 por ciento había estado anteriormente en un centro de internamiento y 5.4 por ciento llevó su proceso en libertad. Detención de un adolescente, tema delicado Toda detención realizada por la autoridad debe estar sujeta a un debido proceso, y en el caso de los adolescentes el tema se vuelve más delicado por su condición de menores de edad. Por la naturaleza de los delitos cometidos, son las corporaciones de mayor proximidad a la ciudadanía las que llevan a cabo las detenciones. En este caso fueron las policías municipales las que en 2022 efectuaron el 25.7 por ciento de los aseguramientos. En segundo lugar estuvieron las policías estatales ministeriales o judiciales, con el 24.9 por ciento; policía estatal, 12.7; en un operativo conjunto, 5.3; la policía federal ministerial, 5.1; la Guardia Nacional, 2.3; el Ejército, 1.9; Policía Federal (antes de su desaparición) 1.9; Secretaría de Marina, 0.5; otra autoridad gubernamental, 0.3 por ciento. De todos esos adolescentes detenidos, el 53.5 por ciento admitió que la detención se debió a la comisión de un delito, mientras que el 37.8 por ciento fue asegurado por estar implicado en un ilícito y el 7 por ciento fue detenido por haber ayudado a cometer un crimen. Pero además, de la población de adolescentes que se encontraba en el SIJPA durante 2022, 48.4 por ciento refirió haber sido detenida inmediatamente después de la ocurrencia del delito, en tanto que en plazo menor a una fue detenido el 11.5 por ciento, el 4.4 por ciento fue detenido en un plazo mayor a una semana y menor a un mes luego del delito; el 3 por ciento fue asegurado después de 30 días, el 12.8 por ciento fue detenido en un periodo de entre un mes y un año después del ilícito y el 17.7 por ciento fue asegurado después del año. Adolescentes torturados Pero además, con todo y que son menores de edad, no estuvieron exentos de violaciones a sus derechos humanos, ya que el 65.9 por ciento fue víctima de violencia psicológica durante la detención. De ese porcentaje, el 72 por ciento recibió insultos y 51.4 por ciento estuvo incomunicado o aislado. Pero ahí no paran los abusos, ya que al 48 por ciento de los adolescentes violentados los amenazaron con imputarles cargos falsos, al 45.7 por ciento los anduvieron paseando a bordo de un carro antes de presentarlo ante la autoridad competente; el 45.1 por ciento dijo haber sigo amagado con golpes u otros daños físicos, al 35.7 por ciento le cubrieron la cabeza o le vendaron los ojos para que no viera a dónde lo llevaban, el 29.5 por ciento fue amenazado de muerte, el 28.6 por ciento lo desnudaron y el 26.2 por ciento lo presionaron para denunciar a otra persona. En cuanto a la violencia física, el 45.9 por ciento de adolescentes que se encontraban en el SIJPA sufrió algún tipo de violencia física al momento de la detención. De ese porcentaje, 86.8 por ciento fue pateado o golpeado con las manos y 46.7 por ciento fue golpeado con objetos. Al 41.7 por ciento le aplastaron el cuerpo o alguna parte de él con algún objeto o con el cuerpo de otra persona, al 31.5 por ciento lo amarraron, al 28.6 lo torturaron con estrangulamiento o mediante la obstrucción de vías respiratorias con una bolsa u otros objetos, el 19.1 por ciento recibió descargas eléctricas, al 15.8 por ciento le sumergieron la cabeza en agua o lo sometieron a la práctica conocida como tehuacanazo y al 9.4 por ciento lo lastimaron en sus órganos sexuales. De este universo, el 47.2 por ciento son hombres y 32.7 el por ciento son mujeres, y manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia física al momento de su detención. De ellos, 88.1 por ciento fue pateado o golpeado con las manos y 47.6 por ciento fue golpeado con objetos. Mientras que 66.6 por ciento de las mujeres fueron pateadas o golpeadas con las manos y a 48.4 por ciento les aplastaron su cuerpo o alguna parte de él con algún objeto o con el cuerpo de otra persona. Así, los tipos de tortura más padecidos por adolescente mujeres fueron el aplastamiento del cuerpo o una parte de él, con 48.4 por ciento; acoso sexual, manoseo, exhibicionismo e intentos de violación, 41.5; lesiones en sus órganos sexuales, 18 por ciento, y asfixia o tehuacanazo, 17.9 por ciento. Los varones, por su parte, fueron los que sufrieron más patadas y golpes con las manos (88.1), golpes con objetos (47.6), ataduras (31.7) y asfixia con una bolsa de plástico u otro objeto (29.1 por ciento). Pero además de los abusos físicos, verbales y psicológicos que sufrieron, 38.7 por ciento declaró haber sido despojado o padecido robo de dinero o pertenencias por parte de la autoridad que los detuvo. Ministerio Público no cumple al 100% En el tema de las agencias del ministerio público, esta instancia tampoco cumple al 100 por ciento con lo que mandata la ley que protege a niños y adolescentes, pues si bien los números pueden no parecer alarmantes, sí reflejan que aún hay carencias y violaciones a los derechos humanos. En este tenor, de la población de adolescentes que se encontraba en el SIJPA y que fue presentada en la Agencia del Ministerio Público, al 14.1 por ciento ni su edad le preguntaron, el 16 por ciento estuvo expuesto a ser fotografiado o grabado por personas distintas a la autoridad, al 21.3 no le informaron de qué se les acusaba, el 29.4 por ciento no supo que estaba frente a una autoridad especializada en justicia para adolescentes, el 31.8 estuvieron juntos hombres y mujeres, el 33.1 por ciento no fue informado de su derecho a guardar silencio y a no declarar sin la presencia de un abogado, el 34.6 estuvo encerrado con adultos detenidos, al 38.3 no le permitieron contactar a sus padres, tutores, familiares o alguien de confianza y el 42.3 por ciento no fue evaluado por un médico a la hora de ser internado. Pero además, en muchos casos la violencia física siguió durante la estancia en el Ministerio Público, ya que de los adolescentes detenidos, el 19.2 por ciento dijo haber sufrido algún tipo de violencia física durante su estancia en el Ministerio Público. De este porcentaje, 77.5 por ciento fue pateado o golpeado con las manos y a 34.1 por ciento le impidieron respirar. Al 32.4 por ciento lo amarraron, al 32.1 por ciento lo golpearon con objetos, al 26.3 por ciento le aplastaron el cuerpo o alguna parte de él, el 22.3 por ciento señaló haber recibido descargas eléctricas y el 20.3 por ciento señaló que le impidieron respirar o le metieron la cabeza en agua. Delitos y discriminación en internamiento, el calvario continúa En 2022, de la población de adolescentes que se encontraba en el SIJPA con medida de internamiento, el 61.8 por ciento estuvo en un centro mixto; es decir, hombres y mujeres. En esos lugares la percepción de inseguridad ha disminuido desde la última medición de 2017, puesto que en ese año, la percepción de inseguridad en los dormitorios fue de 10.4 por ciento, y para 2022 bajó a 7.4. esa percepción en el centro de internamiento en general también bajó, pues si el año pasado llegaba a 12.4 por ciento, en 2017 era de 15.3 por ciento. Esa percepción de inseguridad se debe a que al interior de esos centros los delitos siguen, al grado de que el 32 por ciento de los adolescentes internados fue víctima de algún delito, como robo de objetos, 80.8 por ciento; lesiones, 34.2; amenazas, 22; delitos sexuales, 16.1, y extorsiones, 14.3 por ciento. Pero además de los delitos de que pueden ser víctimas al interior de los centros de internamiento, también está el problema de la discriminación, ya que 13.5 por ciento de los adolescentes internados fue víctima de discriminación en 2022. De ese porcentaje, 47.1 por ciento fue discriminado por su forma de ser y 29.8 por ciento, por el tipo de delito por el que le acusan. A estos factores le siguen los rasgos físicos (25.5), la vestimenta (18.3), edad (15.4), enfermedad o discapacidad (10.7), situación económica (10.3), religión (8.7), identidad de género (8.7), lugar de origen (7.8), idioma o lengua (6.7), orientación sexual (5.4) e identidad étnica (4.5 por ciento). Las formas de discriminación más frecuentes en el reporte de 2022 fueron las humillaciones u ofensas (80.9 por ciento), ser ignorado (19.7), empujones, patadas y golpes con las manos (11.4); amenazas (8.2), castigos y aislamiento (4.9), negativa al acceso a actividades (3.8), negación de bienes o servicios (3.3), golpes con objetos (3.2), 0tras formas no especificadas (2.7) y robo o daños a sus objetos personales (2.2) De esas conductas discriminatorias, el 81.7 por ciento corre por cuenta de otros internos, mientras que 31.2 por ciento es ejercido por personal del mismo centro. Lo anterior no es de extrañar si se toma en cuenta que el personal incurre en actos de corrupción, como cobrar por servicios básicos. Por ejemplo, el 36.9 por ciento de los jóvenes internados en 2022 tuvo que pagar por usar un teléfono, el 28 por ciento pagó por tener aparatos eléctricos, el 23.2 tuvo que dar dinero para recibir medicamentos, por acceder a servicios médicos, psicológicos o escolares, 21.3 por ciento; salir al patio de visitas, 15.4; por protección, 13.8; usar sanitarios, mingitorios y regaderas, 12.4; tener una cama, colchoneta o cobijas, 12; tomar un talles, 12; tener celular, 10.3; acceso a agua potable, 8.5; por tener electricidad en el dormitorio, 5.1 por ciento de los internados tuvo que pagar; por recibir comida, 3.4; por ir a juzgados, 3.4; por el pase de lista, 3.4; por visita íntima, 3.4, y por ir a los locutorios, el 1.7 de los internados tuvo que pagar. Autogobierno y cogobierno A nivel nacional, de la población de adolescentes con medida de internamiento que se encontraban en el SIJPA, 23.6 por ciento señaló que en los últimos 12 meses vio que las personas internas realizaban actividades de seguridad o funcionamiento del centro de internamiento de manera parcial o total (actividades de autogobierno y/ o cogobierno); de ellos, 12.7 por ciento ha visto riñas entre grupos de internos por el control del centro de internamiento. Pero también se dan actos de violencia contra autoridades, imposición de sanciones o castigos por parte de otros internos, que a veces tienen el control de las llaves de los dormitorios y hacen tareas de vigilancia que sólo corresponden al personal. Estos internos también cobran por dar protección y tienen poder para negar o permitir a sus compañeros el acceso a talleres, cobran por bienes y servicios, controlan el acceso a llamadas telefónicas, determinan la asignación de camas y dormitorios, el acceso a actividades escolares y hasta servicios médicos.
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