Salvador García Espinosa Esta semana los medios de comunicación dieron a conocer que, después de meses de negociación, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal de Morelia firmaron lo que se ha denominado “convenio de colaboración por la seguridad pública de la capital del estado”. Sin lugar a duda, tal noticia despierta optimismo en todos los habitantes, no sólo de Morelia, sino de Michoacán, por tratarse de una de las demandas prioritarias de la sociedad, y se debe reconocer y aplaudir el hecho de que los dos ámbitos de gobierno se coordinen en beneficio de los ciudadanos. Ahora bien, más allá del beneplácito que provoca la noticia, sorprende que se requiere de la realización de este tipo de convenios, y más aún, que demanden meses de negociación, considerando que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 define con toda claridad que “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre”. El municipio, como la base del sistema político y territorial del país, se define que: “tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguiente… Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito...”. Y de manera general señala que: “…Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo… Cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio...”. El optimismo del acuerdo mencionado, ojalá que represente un parteaguas en materia de coordinación gubernamental, que resulta urgente y necesaria. A manera de ejemplo, propondría que nuestras autoridades se aventuraran a pensar en un convenio de colaboración por la mejora del transporte público, y reformar las atribuciones de la Comisión Coordinadora del Transporte Público (Cocotra), para poder alcanzar el tan anhelado objetivo de contar con un sistema de transporte que satisfaga las necesidades de la población a un menor costo y tiempo, con mayor comodidad y eficiencia, así como disminuir el impacto ambiental que provoca el parque vehicular. Por qué no pensar en un convenio de colaboración por la mejora de la estructura vial de la ciudad capital de Michoacán, y no me refiero a impulsar la construcción de distribuidores viales cuya conclusión ha superado cualquier expectativa pesimista de tiempo, ni a construir un libramiento metropolitano que sólo incentivará la dispersión urbana, y con ello los costos de los servicios básicos y los tiempos de movilidad cotidiana. Un verdadero convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Morelia permitiría convenir, una inversión menor a los 4 mil millones de pesos que se pretenden invertir en el libramiento, para lograr la construcción de una serie de ampliaciones e interconexiones que permitan conformar una estructura vial, y acabar de una vez por todas con los problemas de tráfico cada día más graves y frecuentes. Queda claro que la voluntad de coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno puede y debe brindar nuevas oportunidades de actuación gubernamental, en beneficio de todos y cada uno de los habitantes de Michoacán, que somos, al final de cuentas, la razón de ser de todas las estructuras gubernamentales.