Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El Gobierno de Michoacán tiene una deuda “muy real” de 9 mil millones de pesos con proveedores de bienes y servicios, algunos desde el año 2013, según calculó Luis Navarro, secretario de Finanzas y Administración. “Mucho es deuda por obra pública. Mucho también por el tema de salud y de medicamentos”. Admitió que hay mucho desorden en el cajón de los proveedores de gobierno. Los sistemas informáticos de diversas dependencias registran cifras discrepantes que podrían sumar los 16 mil millones de pesos, lo que han venido depurando y conciliando, pagándole al proveedor cuando demuestra el producto, el servicio o la obra. La actual administración está dándole prioridad al pago de deudas con proveedores cuando exista una orden judicial, lo que ha llevado a cumplir sentencias por 900 millones de pesos hasta la fecha. “Generalmente estamos pagando cuando el juez nos instruye. ¿Por qué preferimos pagar así? Porque también es un tema de responsabilidad para los servidores públicos. No es tan conveniente estar pagando tanto recurso que no se tiene etiquetado en el presupuesto del ejercicio vigente”, justificó el cajero estatal. Navarro ejemplificó que una empresa dice que le adeudan tres mil 300 millones de pesos, sin que hayan quedado registrados en cuenta pública. Esta compañía se encargó del proyecto del C5i y también alquiló aeronaves y vehículos que luego fueron adquiridos. El secretario aseguró que la deuda heredada a terceros institucionales prácticamente será saldada este año, pese a ser montos significativos. Entre los acreedores se encuentran el IMSS con una deuda de 2,600 millones de pesos, Pensiones Civiles con 500 millones de pesos, el ISSSTE con 6 mil millones de pesos, el Infonavit con 80 millones de pesos y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con “un poquito más de” 2,200 millones de pesos. Puntualizó que solo quedará pendiente el adeudo con el ISSSTE, ya que la institución de seguridad social reclama una deuda superior a los 6 mil millones de pesos. Sin embargo, en la Secretaría de Finanzas existen documentos que prueban que se afectaron las participaciones federales correspondientes al período de 2010 a 2015, por lo que hay pláticas para llegar a un acuerdo en este caso. En relación a la deuda de largo plazo con instituciones bancarias por 19 mil 525 millones de pesos, Navarro aseguró que el proceso de reestructuración le dio claridad al tema. Actualmente, la deuda se ha dividido en 7 créditos a un plazo de 20 años, con una tasa TIIE de 0.50. Sin embargo, aún queda pendiente la reestructuración de un crédito con Banobras. “Ahí tenemos como 7 bancos y esa está muy clara. Hacienda supervisa y ahí no hay ningún problema”. Navarro calculó que la administración de Silvano Aureoles aportó entre el 20 y el 25 por ciento de la deuda pública de largo plazo. “Lo demás es la suma de los cuatro gobiernos anteriores (…) ¡Pero ojo! Fue una irresponsabilidad terrible el no haber atendido el tema del ISSSTE en el 2016, cuando llegó el gobierno anterior, puesto que en ese momento la deuda era de 2 mil millones de pesos. Por no haberlo atendido, hoy la deuda es de más de 6 mil millones de pesos. Ahí la responsabilidad la llevan completamente. Y el tema de proveedores te puedo decir que un 90 o 95% es del gobierno saliente, con algunos casos del 2013 todavía, pero nada más”.
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