Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Con base en los señalamientos de falta de resultados en el combate a la corrupción desde el primer nivel ejecutivo y la urgencia de garantizar la continuidad, las Contralorías Municipales estarían “bajo la lupa” del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en el estado de Michoacán. La propuesta presentada esta semana desde el Tribunal de Justicia Administrativa (TJAM) puso sobre la mesa la creación de sistemas de evaluación externa para quienes integran las Contralorías Municipales y mecanismos para que los nombramientos trasciendan más allá de los trienios municipales. El problema es evidente: debido a las condiciones en las que se gestan los nombramientos de contralores y sus equipos de trabajo actuales, no se logra auditar de manera interna el manejo de los recursos financieros de cada uno de los municipios. Asimismo, cada periodo de gobierno se inicia “desde cero” con la formación del personal municipal, lo que reabre las carencias en el control. Incluso desde el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, se ha señalado el uso de las Contralorías con fines políticos, para auditar solo a la administración pasada y el poco margen que tienen los contralores para poner en observación a quienes los nombraron en el cargo. Con base en lo anterior, Hugo Gama Coria, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, propuso una reforma a la Ley Orgánica Municipal con el objetivo de que las Contralorías estén sujetas a la evaluación del Sistema Estatal Anticorrupción. Insistió en que, dada la importancia de los Órganos Internos de Control (OIC) para la detección, investigación y substanciación de faltas administrativas o hechos de corrupción que luego son conocidos por el Tribunal, esta medida es necesaria “porque, con evaluaciones efectivas, con exámenes efectivos, podemos garantizar que esos órganos de control tendrán al frente personal con los conocimientos necesarios para realizar su función”, dijo. La propuesta anterior se gestó durante su intervención en la Semana Jurídica por el XIV Aniversario del Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán (IFIJUM). El presidente del TJAM refirió que los órganos internos o contralorías son responsables de una parte medular para la subsecuente sanción de las faltas administrativas o hechos indebidos de autoridades y particulares. Explicó que existen carencias en tales procesos y que esto “no solamente ocurre en Michoacán, sino en todo el país. La cuestión es que, si los informes de las contralorías no están bien integrados y no tienen los elementos de prueba suficientes para acreditar la existencia de conductas catalogadas como corruptas en la Ley de Responsabilidades, no podemos avanzar en la sanción” de las mismas. El también titular de la Sala Especializada en Materia Anticorrupción en el TJAM propuso que haya procesos de evaluación externa a cargo del SEA previos a la integración de las contralorías de los gobiernos locales “Ya hemos avanzado en el Sistema Anticorrupción, donde se ha aprobado un programa para capacitar y certificar a los contralores municipales. Pero requerimos otro paso más para garantizar la continuidad de los esfuerzos en la lucha anticorrupción. En año y medio habrá cambios en los municipios y, por tanto, cambios de contralores; es como empezar de nuevo, retroceder en el tiempo, mientras la corrupción y la impunidad siguen vigentes, desafortunadamente”, expresó. Contralorías: sistemas incompletos Desde 2022, especialistas han advertido sobre la problemática de los órganos de control municipales, basada principalmente en la falta de autonomía e interés. En ese contexto, se ha destacado que hasta el 80 por ciento de los órganos de contraloría de los municipios están incompletos en el estado de Michoacán. A pesar de las necesidades y obligaciones, no se ha logrado consolidar el primer nivel de fiscalización administrativa. Únicamente las cabeceras regionales del estado, como en el caso de los municipios urbanizados, llegan a contar con las tres figuras que debe tener una Contraloría Municipal para llevar a cabo la revisión del gasto. Les falta personal La falta de profesionistas calificados y el conocimiento en los cabildos son una de las grandes barreras. Una Contraloría Municipal debe contar con al menos tres figuras bien integradas, además del nombramiento del contralor u otros funcionarios suplentes. En específico, se necesita un agente investigador con el perfil académico y profesional para llevar a cabo las revisiones necesarias de los expedientes de las distintas áreas que componen un ayuntamiento. Asimismo, se requiere la figura de un integrador y una autoridad resolutoria que, desde una perspectiva externa, pueda dictaminar posibles irregularidades u observaciones hacia la función pública y los exfuncionarios de los municipios.
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