Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia. Michoacán es un foco rojo en el fenómeno de desaparición de personas, con más de 8 mil registros en los últimos años y al estar colindando con estados en crisis de seguridad y con el mismo fenómeno, esta entidad ha generado preocupación debido a los subregistros, la constante detección de fosas clandestinas a nivel regional, la disputa entre grupos delincuenciales y el uso de las fuerzas armadas para atender los esquemas de seguridad interna. Según Santiago Corcuera Cabezut, miembro de la junta de síndicos del Fondo Voluntario para la Participación en el Examen Periódico Universal y del Fondo de Voluntarios de Cooperación Técnica en Derechos Humanos, tanto los esfuerzos institucionales de las entidades federativas como los del gobierno federal han sido insuficientes para frenar el fenómeno de la violencia. Los reportes oficiales revelan que en el primer cuatrimestre de este 2023 se registraron más de 900 desaparecidos, de los cuales se encontraron menos de la mitad. En este contexto, se advierte que México como nación ocupa el primer lugar a nivel internacional en afectaciones por desaparición en todas sus modalidades. “Michoacán tiene oficialmente reconocidas a más de 8 mil personas desaparecidas, lo cual no coloca al estado en la situación más grave, aunque sigue siendo una situación complicada y 8 mil personas desaparecidas siguen siendo muchas. Entendemos la problemática, Michoacán ha estado entre los primeros lugares de violencia en épocas recientes”, explicó. A pesar de la urgencia para abordar la crisis de los desaparecidos, el poder legislativo no ha hecho su parte. Durante al menos 5 años se ha insistido en impulsar una ley de desapariciones a nivel local, pero esta acción aún no se ha concretado. Según Corcuera Cabezut, esto representa un obstáculo para todos los estados, como Michoacán, que tienen miles de registros de personas que simplemente desaparecieron en el contexto de la violencia. Preocupa tanto la cifra oficial como la cifra oculta. Actualmente, las 8 mil personas oficialmente reconocidas como desaparecidas representan solo una parte del total de personas que desaparecieron y no fueron denunciadas debido al miedo de las víctimas indirectas. “Se pueden hacer diversos cálculos, pero prefiero ser cauteloso en este momento. Sin duda, el nivel de gravedad, según los registros del comité, es que México ocupa el primer lugar”, manifestó el especialista. Durante el Foro Estatal de los Derechos Humanos 2023 Agenda Michoacán, especialistas disertaron sobre las necesidades sociales para abordar las principales problemáticas actuales, como personas desaparecidas, desplazamiento forzado, discriminación, violencia, acceso al agua y defensa de periodistas y defensores de derechos humanos. En la primera mesa, el maestro Santiago Corcuera Cabezut abordó el tema de desapariciones, tortura y abusos militares, resaltando la importancia de que las autoridades reconozcan el problema, fortalezcan la profesionalización del ministerio público y las corporaciones policiacas, los ayuntamientos asignen personal y recursos para abordar el problema, y se fomente la cultura de paz. En la segunda mesa, el doctor José Becerril Leal habló sobre las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, señalando que el Estado es el principal perpetrador de este delito y que se considera grave cuando el propio Estado admite haber fallado. Al referirse a la reparación del daño, agregó que es un paso crucial para lograr la reconciliación social. A generar espacios de reflexión Durante la bienvenida, el ombudsperson, Marco Antonio Tinoco Álvarez, mencionó que fue la sociedad civil la que involucró a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en este esfuerzo, que tiene como objetivo principal generar un espacio de reflexión y diálogo para identificar las acciones necesarias en Michoacán en materia de derechos humanos y evitar los fallos estructurales que impiden la formación de una cultura de paz en la entidad. Las actividades del foro continuarán el martes 6 de junio a las 10 de la mañana, con 4 mesas de análisis: Violación a los derechos de las personas con discapacidad, Migración y desplazamiento forzado interno, Derechos de los periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, y Medio Ambiente, recursos naturales, territorio y consultas a pueblos originarios.
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