Pide la FGR sentencia de 82 años de cárcel a Murillo Karam por caso Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República señala al exprocurador como autor intelectual de la llamada “verdad histórica” de lo ocurrido con los normalistas

Foto: Especial

Redacción / La Voz de Michoacán

Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal imponer 82 años de prisión a Jesús Murillo Karam, extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), como condena en el primer proceso que le fue iniciado por el caso Ayotzinapa.

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La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, presentó su escrito de acusación contra Murillo Karam en el que solicita se le declare culpable de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia en el Caso Iguala.

Por ello, además de la condena de 82 años de prisión, solicitó la imposición del pago de 20 mil días de multa, equivalentes a 1 millón 792 mil 400 pesos.

En la acusación la FGR ofreció 177 datos de prueba compuestos por 69 testimonios, 43 peritajes y 65 documentos.

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Los 82 años de cárcel que la Fiscalía solicitó se dividen en 10 por delitos contra la administración de justicia; 12 por tortura y 60 por desaparición forzada.

La FGR señala al exprocurador de ser el autor intelectual de la llamada “verdad histórica” de lo que ocurrió con los normalistas de Ayotzinapa por, supuestamente, ordenar de manera premeditada alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación.

Esto, según la imputación de la FGR, ha provocado que desde septiembre de 2014 y a la fecha permanezcan en calidad de desaparecidos.

Murillo Karam fue vinculado a proceso el pasado 24 de agosto de 2022, en aquel entonces el Código Penal Federal vigente en el año 2014, cuando ocurrió el ataque contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, el delito de desaparición forzada contemplaba una pena máxima de 40 años de prisión, pero en su acusación la FGR solicitó aplicar al ex procurador la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas (LGMDFP), vigente desde el 18 de noviembre de 2017, que establece una pena máxima de 60 años.

Esto, debido a que, conforme a los criterios internacionales, en casos de desaparición de personas no puede aplicarse la ley en efecto retroactivo.

Además de este proceso, el exprocurador enfrenta otro al que fue vinculado en abril pasado por supuestamente torturar a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, identificado como supuesto sicario de Guerreros Unidos relacionado con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.