Arturo Molina / La Voz de Michoacán Comisiones y defensorías de los derechos humanos de México y Latinoamérica se encuentran bajo el asedio del poder político. En un contexto de “retroceso” de la democracia, las instituciones encargadas de velar por las garantías individuales se siguen enfrentado a panoramas cada vez más adversos principalmente bajo las presiones de sistemas presidencialistas y donde la capacidad de acción de las autoridades del Ejecutivo es muy amplia e intenta trastocar la labor de órganos autónomos. En entrevista Cara a Cara para La Voz de Michoacán, el doctor Guillermo Escobar Roca, director de los Informes Anuales de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) reveló los hallazgos en la supervisión de las comisiones tanto de México como de países sudamericanos, que no escapa a una tendencia que no es propia del país, sino más bien generalizada. En prácticamente todo el mundo, el principal reto para los ombudsperson sigue siendo el mismo: enfrentarse al cada vez más centralizado poder político resultado de los complejos procesos sociales que dieron forma a las actuales administraciones, cargadas de legitimidad popular en la narrativa, pero que en el papel suelen atentar contra la operatividad y vida de otros órganos que dan forma a la democracia y sobre los cuales no tienen un control directo vía organigrama. Sin embargo, en su evaluación al estado de Michoacán, Escobar Roca puntualizó que los hallazgos incluso son positivos al calificar a las Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de este estado como la más avanzada a nivel país e incluso, a nivel Iberoamérica por los aparentes progresos en acceso a la ciudadanía, transparencia, apoyo y emisión de recomendaciones. ¿Qué revela este programa de evaluación de las defensorías? “Nosotros llevamos más de 20 años trabajando en esto de las defensorías con trabajos de promoción, evaluación y capacitación. Hacemos un trabajo muy completo en informes. Las defensorías vemos que son muy similares en el papel, cambian las circunstancias y también las personas influyen mucho, porque están muy cerradas en el titular. Son víctimas en los últimos años de distintas maneras de agresiones porque la democracia en el continente va en retroceso y al final ellas también sufren porque su función es controlar al poder y al poder no le gusta que le controlen”. El entrevistado agregó que “el defensor del pueblo la tiene más difícil y trabajamos desde hace muchos años y venimos porque nos lo han pedido aquí en Michoacán lo cual ya dice mucho a su favor porque se somete a una evaluación externa.” Por eso, dijo “estamos trabajando con el personal, con las oficinas regionales, ya vinimos casi todo el día para conocer a todos, aquí hay mucha transparencia y se complementa con el personal que aquí trabaja para realizar el mejor diagnóstico”. Se advierte de las comisiones que muchas veces son leones sin dientes, que emiten recomendaciones en temas muy delicados: ¿hay fallas de origen? “No. Yo creo que los diseños institucionales son buenos sobre el papel incluso aquí en México tenemos buenos ejemplos como puede ser el tema de los consejos ciudadanos, y de alguna manera es una forma de controlar al organismo desde la sociedad, desde afuera. El diseño es bueno, pero en un contexto de formalismos democráticos, pero autoritarismo no siempre es fácil”. Agregó que “depende mucho de la personalidad en la titularidad. En este caso la persona al frente tiene conocimiento y eso no siempre se produce. Es verdad que en su diseño ya han sido configuradas como instituciones que recomiendan, no son coactivas no emiten sentencias judiciales, pero eso no quiere decir que no sean útiles. Ya tenemos bastantes estudios que demuestran que el cumplimiento de las sentencias judiciales es menor que las sentencias de las recomendaciones de las defensorías del pueblo. Lo que importa no es el nombre, sentencia, recomendación...”. Aseveró que lo que importa es el resultado y se han reportado datos positivos más allá de las propias sentencias de los tribunales. “Lo que pide la ciudadanía se consigue en un 90 por ciento de los casos, eso es lo verdaderamente importante”. Sobre el contexto nacional, Michoacán es uno de los estados que más adolece el tema de la violencia. También desde la parte institucional, la mayor parte de las agresiones al pueblo vienen de los gobiernos. ¿Qué opina sobre esto? “Es muy difícil de explicarte sobre la base de normativa vigente y la estabilidad que tiene el país hay que ahondar más porque no es solo México. Pero siento este país un lugar con una política y una democracia muy avanzada no deja de ser sorprendente que también se produce en Centro américa, desapariciones, agresiones policiales”. El especialista refirió a esta casa editorial que el problema quizás es más geográfico que cultural por estar este país ubicado en la zona sur de Estados Unidos, una nación en donde, por diferentes circunstancias se consumen muchas drogas y es el mayor mercado del mundo en este tipo de productos. “Quizás el problema es que aquí hay más narcotráfico, pero es por la cercanía con Estados Unidos. Si no hubiera narcotráfico sería este un país mucho más pacífico. Eso también contamina la actitud de las fuerzas policiales. No es fácil que la Policía sea respetuosa de los derechos humanos, no es como pedirles que sean como las policías de Europa. Se tienen que atender los problemas de fondo que es que disuelvan las redes se narcotráfico. Si se producen delitos por parte de los funcionarios eso compete a los tribunales y no a la defensoría del pueblo. Contribuyen, pero ese no es su verdadero funcionamiento”. ¿Focos rojos en derechos humanos? “Los derechos humanos están para incumplir, sino seríamos ángeles (sic). La norma jurídica y los problemas de aquí son puntos rojos como la violencia policial, es el problema fundamental y eso tiene que ver con esa problemática. En general, los problemas que llegan a las defensorías son problemas de vulnerabilidad y derechos sociales, parece que está ensombrecido. Realmente hay otra gran área de trabajo que son los grupos vulnerables donde los tribunales llegan mal. Aquí también es un tema importante y necesitamos ver cómo solucionar temas de salud, educación y aquí tenemos temas estructurales que han logrado solucionar”. ¿Áreas de oportunidad? “Todos nos quejamos de lo mismo: de la falta de medios, pero hay un problema de comunicación, una escasa receptividad de la clase política. No funcionan los sistemas porque son sistemas presidencialistas donde todo el poder lo concentra todo en el Ejecutivo. En términos democráticos deberíamos intentar, pero es culpa de los políticos, deberíamos tener más coordinación. Es un gran reto y un tema de cultura, si la clase política no hace conciencia vamos a seguir parchando”. ¿No hace falta ciudadanizar? “Quizás sería interesante potenciar que la gente conozca más lo que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quizás falta un poco ahí, aunque tampoco se puede obligar a la gente a informarse. Ya se hace un esfuerzo muy importante de promoción en las redes sociales, los periódicos y no creemos que haya temas que no sean abordamos por la comisión. Nuestros diputados pueden solicitar comparecencias, hay muchos mecanismos para solucionar los problemas de que no haya ciudadanía en la comisión”. Mucho se habla en Michoacán que algunos puestos son cuotas políticas de los legisladores. ¿No hace falta modificar esa parte? “Aquí la ley es bastante participativa en comparación con la española, donde no hay participación, se decide solo por dos personas. Hay requisitos de trayectoria, académicos, eso debería evitar que haya personas de partidos. En otras comisiones si se ha producido este problema de que se tienen personas se partidos políticos; esto sería muy negativo para la institución porque se pierde la credibilidad. En este caso parece ser que no, el presidente entró independiente y sigue siendo independiente, se puede mejorar con una reforma legislativa como en algunos modelos que proponen que todos los candidatos sean propuestos por la sociedad civil. Todo eso tiene que ver para evitar la colonización partidista y nunca se va a poder evitar del todo. Es casi imposible evitarlo del todo, aunque sí se podría mejorar”. A pesar de las críticas generalizadas sobre el cómo las comisiones y otros órganos aparentemente autónomos funcionan como botín que se reparten los partidos desde el Congreso, para Guillermo Escobar Roca la ley actual es buena: “quizás este detalle podría mejorarse para evitar que en el futuro haya partidismo y la comisión ha hecho cambios en su reglamento interno y han hecho cambios interesantes; no es necesario cambiar la ley, es más fácil cambiar los reglamentos internos y he visto casos donde es algo muy fácil y sencillo. Si pudiéramos poner una calificación ¿cuál sería para Michoacán? “Bueno no lo puedo decir aún porque me faltan bastantes entrevistas y luego tenemos que sentarnos a analizar los datos, pero he conocido bastantes defensorías de muchos países y precisamente la que menos necesita un diagnóstico es está porque sin duda esta es de las mejores y la evaluación es muy buena y creo que es altamente positiva”. ¿Qué recomendaciones les dejaría? “Una mayor visibilidad sintética porque al pueblo hay que hablarle claro, él no entiende las sentencias de los tribunales e incluso de las leyes: al pueblo hay que hablarle claro. Quizá el organizar la doctrina que tienen sobre todo en esta administración que tiene poco tiempo, sistematizar esto y ponerlo sobre el papel para que la gente lo entienda. Las leyes tienen que ser con caracteres muy generales”. Desde afuera, ¿cómo se ve Michoacán? “Desde luego es una sensación subjetiva, tú vienes aquí y no se siente en absoluto. Parece que estás paseando por cualquier calle de Madrid. Los datos no se notan en las caras de las personas; nunca he venido con miedo, el problema está ahí y es algo muy serio, pero no creo que al punto de que la gente ya no quiera venir aquí”. Especialista en temas de derechos Desde 2003 a la actualidad, ha Sido director de los Informes anuales de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Ha prestado asesoramiento en materias de Derecho público a Defensorías del Pueblo, grupos de comunicación, sindicatos y organizaciones no gubernamentales, en España y en América Latina. Su investigación se ha centrado en los derechos humanos y fundamentales (en especial doctrina general, nuevos derechos, derechos sociales y derechos de participación), el Derecho ambiental, el Derecho de la comunicación y la figura del Ombudsman. Ha publicado más de 100 artículos sobre estas y otras materias, 11 libros como autor (tres de ellos en coautoría) y 33 como coordinador o editor. Entre sus últimos libros destacan “Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria” (Aranzadi, 2012), “El Derecho, entre el poder y la justicia. Una introducción crítica al sistema jurídico español” (Tirant lo Blanch, 2ª ed., 2022), “Nuevos derechos y garantías de los derechos” (Marcial Pons, 2018) y, con Ricardo García Manrique, “Argumentación e investigación en derechos humanos” (Tirant lo Blanch, 2019).
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