Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Irreductible, la cifra de órdenes de aprehensión pendientes de ser ejecutadas en el estado de Michoacán. Para este 2023, ya suman más de 7 mil órdenes de jueces estatales y federales en espera de ser ejecutadas. A pesar de que en los primeros 15 meses del sexenio actual se cumplieron más de 1 mil 500 órdenes en ciudades como Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, la incidencia delictiva mantiene una presión constante sobre las autoridades de procuración y justicia. Los esfuerzos se han puesto sobre la mesa, desde el 2021, instituciones de seguridad pública aportaron elementos y recursos humanos para coordinar con la fiscalía en el cumplimiento de las órdenes, en tanto que la incidencia delictiva en prácticamente todos sus rubros, mantiene presión permanente sobre las autoridades locales. Cuestionado sobre objetivos delincuenciales en las regiones de tierra caliente y la sierra costa, el fiscal Adrián López Solís aclaró que, debido a la carga de trabajo y el respeto al debido proceso, no están enfocados en objetivos, tal como se llegó a manejar en años pasados. Aseguró, cada uno de los imputados en delitos tanto del fuero común como federal que son ordenados por jueces, se convierten desde ese momento en objetivos para las autoridades, mismas que se encuentran rebasadas ante la carga de trabajo. "Lo que nosotros tenemos son alrededor de 7 mil órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse y cada uno es un objetivo para nosotros. A lo que me refiero es que si nosotros nos dejamos llevar por la intención de persecución de grupos criminales dejamos de atender. Nosotros tenemos un compromiso con el debido proceso y la presunción de inocencia", manifestó el fiscal ante la opinión pública. Desde el 2021 con el rezago nacional estimado en más de 170 mil órdenes de aprehensión pendientes de cumplirse se señaló que hasta un 70 por ciento de los individuos señalados en dichas órdenes son generadores de violencia por distintas actividades delictivas. Por lo anterior, fue desde el inicio de la gestión estatal actual que se definió la primera estrategia encaminada a resolver la problemática que, según expertos, habría derivado de la falta de coordinación entre órdenes de gobierno y los poderes de los estados en una situación que se replica en lo nacional y lo estatal. El homicidio doloso, robo, lesiones, secuestro y narcomenudeo son de los principales factores que se han atendido ante mandamientos judiciales en prácticamente todas las regiones del estado. Lo anterior, representa un incremento sustancial respecto a a lo acontecido en el 2021, año en que apenas se cumplieron 177 órdenes judiciales en el mismo periodo de tiempo referido. Los delitos por los cuales se han girado las órdenes de aprehensión siguen siendo similares. Desde hace dos años, ha trascendido que Michoacán se encontraba entre los estados con mayor incidencia de rezago en cumplir con órdenes de aprehensión, principalmente en delitos de homicidios y alto impacto. Lo anterior obedece a la tendencia nacional del incremento en la actividad delictiva y en muchos casos, a la falta de capacidades de las Fiscalías para atender los mandamientos. Para este 2023, el incremento de cumplimiento en las órdenes de aprehensión supera el 1000 por ciento respecto a los indicadores de años pasados previos a la implementación del esquema de coordinación. Para lo anterior, fue necesario que el gobierno de Michoacán a través de la Secretaría de Seguridad Pública se coordinara directamente con la Fiscalía General de Michoacán para iniciar con los trabajos conjuntos en prácticamente todas las regiones del estado. A nivel nacional, la principal causa de los rezagos en materia de cumplir las órdenes de aprehensión y presentar a presuntos delincuentes ante los jueces fue la falta de capacidad Institucional y de personal en las Fiscalías de los estados e incluso, de la Fiscalía General de la República en cada una de sus delegaciones. Primeros resultados a la vista La erradicación de los generadores de violencia de todo el estado ha permitido una disminución en los delitos de más alta percepción de violencia, caso concreto del homicidio doloso. En este ilícito, la entidad presenta una reducción del 40% en el mes de junio, en comparación con años pasados.
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