Horacio Erik Avilés Martínez La mayor cantidad de recursos en la administración pública estatal está dirigida a la nómina educativa en la entidad. Tres de cada diez pesos que eroga el gobierno estatal van dirigidos a solventar las responsabilidades financieras que recaen como parte patronal respecto al magisterio michoacano. Así, los salarios de más de 80 mil trabajadores de la educación son fondeados con recursos públicos, que representan aproximadamente 97 de cada 100 pesos que se destinan al sostenimiento del sistema educativo estatal. Esta obligación incremental, desde la ominosa firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 1992 no ha dejado de lastrar las finanzas públicas estatales y, con ello, las posibilidades de desarrollo de todos los michoacanos. En estas tres décadas se han vuelto cotidianas las implicaciones de las obligaciones financieras de la nómina educativa estatal con fenómenos como el manejo de la deuda pública, los malabares financieros que se realizan cada fin de año, así como los nigérrimos manejos presupuestales a partir de la partida U-080 en la entidad, que prácticamente nunca se transparentan a cabalidad, constituyendo la cortina de humo perfecta para los malos manejos del erario educativo estatal. Si bien, en fechas recientes se ha mejorado inmensamente la solvencia financiera de la administración pública estatal, los fantasmas de marchas multitudinarias, con bloqueos masivos a las principales vías de comunicación, tomas indefinidas de oficinas y paros de labores educativas durante meses están sumamente presentes en la memoria colectiva. De cuando en cuando, ante razones mucho menos legítimas que el impago, los grupos gremiales hacen amagos de realizar las mismas tácticas de presión hacia el gobierno, para generar posiciones de poder en las mesas de negociación respectivas. Entre el pasado atroz, su génesis de iniquidad y un presente financiero sostenido con alfileres políticos es un hecho que no podemos aceptar que continúe así la nómina educativa, ya que necesita soluciones estructurales que le brinden sostenibilidad a largo plazo al principal motor de bienestar, desarrollo integral y movilidad social de las generaciones en formación. Desde 2009 hasta la fecha, Mexicanos Primero Michoacán ha impulsado un rescate integral de las finanzas educativas, que implica una gran cantidad de medidas para recuperar su rectoría y orientarlas hacia sus finalidades fundantes, como son la federalización de la nómina educativa, el ajuste de la ecuación que brinda suficiencia presupuestal a las entidades federativas, el uso de medios electrónicos para la dispersión salarial, acompañadas de medidas de control de recursos humanos, de verificar el ingreso, permanencia y salida de los trabajadores de la educación de sus respectivos centros de trabajo, de emplear medidas de e-gobierno como el “clasómetro”, una plataforma web desde donde, todos los días los padres de familia podrán darse cuenta si hubo clases o no y por qué razón en las escuelas de sus hijos, así como conocer el perfil académico, la experiencia profesional, la adscripción, horario y salario de los trabajadores de la educación, entre muchas otras medidas más. Es claro que, a 14 años de distancia de la agenda comentada, sí se ha avanzado, pero también es cierto que aún se dista de diseñar e implementar las medidas de política pública que posibiliten el control, trazabilidad y efectividad de las finanzas educativas de la entidad federativa. Si bien, se reconocen los logros de la actual administración pública estatal, que implican contar con suficiencia presupuestal, evitando el catastrófico impago, situación en la cual se incurrió durante la anterior administración pública estatal en múltiples ocasiones, generando ingobernabilidad y situación de estado fallido en el sistema educativo estatal, en detrimento absoluto de los derechos a estar, a aprender y a participar de más de un millón trescientos mil estudiantes en Michoacán de Ocampo, siendo afectados los estudiantes desde educación inicial hasta doctorado. Sin embargo, los resultados que consoliden estructuralmente el saneamiento financiero educativo estatal han sido escasos, toda vez que no se ha terminado de federalizar la nómina educativa, se continúan haciendo trámites quincena tras quincena para garantizar el pago de los salarios de los trabajadores de la educación y no se cuenta con certidumbre total de que el pacto político entre los órdenes federal y estatal del poder ejecutivo continuará por siempre, por lo que cunde la incertidumbre durante cada cierre de ejercicio fiscal y durante el proceso de elaboración del presupuesto de egresos del siguiente año. Hasta ahora, la mayor cantidad de los esfuerzos gubernamentales han sido externos, siempre dirigidos hacia otros órdenes de gobierno: se les pide a los legisladores federales amplíen o garanticen el presupuesto educativo estatal, así como se solicita recursivamente al gobierno federal que se redireccionen recursos para asegurar el pago de las quincenas de los trabajadores de la educación en el estado. En ello, existe un grave vicio de origen, que es asumir que la nómina educativa está fidedignamente construida, que todos quienes reciben salarios a través suyo verdaderamente tienen derecho a que así suceda, por haber sido contratados conforme a derecho, así como poseer el perfil, títulos, grados y experiencia profesional, contar con un expediente íntegro que les posibilite entablar contacto cotidiano con menores de edad, por cumplir con horarios y jornadas laborales conforme a lo que la normatividad en materia laboral estipula, entre otros importantísimos rubros. A un tercio del periodo de gobierno estatal es momento de por fin cerrar la etapa de discusiones presupuestales, de mirar a los trabajadores de la educación con la desconfianza que infunde saber que la nómina está infestada de personas que no deberían de cobrar como tales, para recuperar la tranquilidad social que implica saber que cada uno de los trabajadores de la educación que están en las escuelas michoacanas está certificado por perfil, experiencia e integridad, entregando resultados a las autoridades quienes se preocupan por los logros y acciones que se emprenden en pro del aprendizaje en cada aula michoacana. Los maestros merecen esa reivindicación y revalorización entre sus filas. El momento histórico impele a acabar ya de rumiar la etapa pre-educativa en Michoacán, para comenzar a integrar metas con resultados basados en la vivencia de derechos de los estudiantes: es decir, cada peso, cada acción, cada meta de gestión o de resultados, cada indicador educativo debe estar estrechamente vinculado con mejorar el ejercicio de los derechos a estar, a aprender y a participar en las escuelas estatales. Este enfoque de triple inclusión permitirá asegurar que cada esfuerzo que se emprenda desde las instituciones educativas tenga imbricación con lo que verdaderamente importa. Para sus derechos educativos, a los niños de Michoacán muy poco o nada les representa que las vías del tren estén tomadas o no; no les cambia la vida la modalidad de pago de sus maestros; ni tampoco la creación o extinción de fracciones gremiales. Es tiempo de parar de involucrarles en metas de adultos y para adultos con calzador: lo que necesitan los estudiantes son condiciosecnes socioeducativas, materiales y socioemocionales para lograr aprendizajes, espacios seguros para la convivencia y participación escolares, que se les brinden esperanzas sostenibles de movilidad social, de desarrollo integral y de lograr ser las mejores versiones de sí mismos. Es tiempo de mirar al interior de la nómina educativa. Ha sido escandaloso y descarado su mal manejo. Lógico es pensar que en una entidad federativa históricamente corrupta y omisa con las responsabilidades educativas hacia las generaciones en formación, que la mayor bolsa de recursos sería capturada y saqueada. La nómina educativa no ha sido demostradamente saneada ante la opinión pública. Desde la sociedad civil organizada se han hecho propuestas, se ha elevado la demanda social; incluso, se han presentado denuncias penales de hechos ante las conductas de líderes gremiales, quienes han demostrado proclividad pública a abandonar las aulas en pleno horario laboral. Lamentablemente, a estas denuncias no se les dio seguimiento debido por parte del Poder Judicial de la Federación. Se ha dicho recientemente por parte de las autoridades estatales que se estará combatiendo más frontalmente la corrupción en materia de nómina educativa, toda vez que se han hecho pases de lista virtuales, llamados a cuentas a más de un millar de empleados educativos y se ha anunciado la baja de más de trescientas personas de la nómina educativa. Todo ello indica que hay voluntad política de avanzar al respecto y merece el voto de confianza de parte de la ciudadanía. Es momento de redoblar el paso. Hay múltiples áreas de opacidad, que no se han terminado de esclarecer. Abundan los indicios, patrones, pistas y modus operandi en torno a los malos manejos de la nómina educativa, que merecen revisión a detalle. Veamos algunos de ellos: la nómina de los denominados programas federales, compensatorios y actividades donde deberían de ejercer especialistas, que, como se ha demostrado en múltiples ocasiones, no son tales, ya que poseen plazas docentes y no las devengan como tales. Es el momento de informar a la sociedad michoacana, uno a uno, cómo llegaron muchos de esos personajes comisionados a tales programas, quién los autorizó y cuál es el argumento público para liberarlos de la docencia; es decir, cuál es la generación de valor adicional que realizan como para que el costo de oportunidad de tener un grupo de estudiantes sin maestro lo cubra el erario estatal. Las oficinas centrales de la SEE, cuyo personal, en lo general, merece una revisión a fondo. Así también, las decenas de oficinas alternas, en Morelia y en cabeceras regionales, cuyas rentas se pagan con el erario estatal y que además sirven de cómodos albergues para muchos personajes distraídos de las aulas. Las áreas de ayudantía de la propia SEE. Hay personal basificado en funciones de confianza. Que por suministrar facilidades a la alta dirección no quiere decir que puedan sustraerse de sus obligaciones docentes. En ese mismo tenor, debería de partirse por revisar si los firmantes en los momentos de haberse expedido los documentos oficiales efectivamente contaban con un nombramiento oficial expedido por el gobernador, con un grado de estudios que no usurpase funciones. La nómina del Congreso del Estado y de otras dependencias de la administración pública estatal, donde frecuentemente se observa que están trabajadores de la educación en horarios laborales realizando actividades distintas. Los comités directivos estatales de los partidos políticos, donde frecuentemente hay trabajadores de la educación, quienes en horario escolar fungen como operadores políticos, personal de ayudantía o enlaces regionales, siendo que deberían de haber pedido un permiso sin goce de sueldo para realizar tales funciones. Por extensión, revisar los equipos políticos de los funcionarios del ayer y del presente, así como sus nexos familiares permitiría rápidamente detectar el origen de las canonjías recibidas, transparentarlas y emprender actos correctivos. Las nóminas de los ayuntamientos en la entidad, donde también suele haber personal que funge en dobles funciones, toda vez que son compromisos políticos habidos en campaña y que ahora se saldan cobrando en dos plantillas de personal a la vez. Los planteles afamados, en centros poblacionales urbanos, que cuentan con “plantilla completa”, donde hay personal en exceso, frecuentemente con lazos familiares y de negocios con los directivos de las escuelas. Asimismo, están las escuelas con jornada ampliada que no justifican los tiempos completos del personal que las usa para evadir cubrir doble turno. Las supervisiones escolares, donde se queda personal también de apoyo, así como aquel que no es aceptado en los planteles educativos. Los niveles educativos, en cuyas jefaturas hay personal de apoyo, que no tiene adscripción frente a grupo. La dificultad de encontrar espacio frente a grupo para personal rechazado por los sindicatos, gremios y delegaciones magisteriales ya sea por razones ideológicas, económicas o por malos antecedentes en el servicio profesional docente suele tener en la balanza un costo de la inacción prácticamente de cero. Los grupos gremiales, que intentan asemejarse a sindicatos, pero ni siquiera poseen una toma de nota. Que ya al menos se identifican cinco ramificaciones visibles de la Sección XVIII de la CNTE, todas con cabezas y estructura de mando, quienes, en caso de alcanzar representatividad en toda la entidad federativa estarían multiplicando por cinco la de por sí enorme estructura gremial de la organización mencionada, con los respectivos daños al erario. Los sindicatos en sí, ya que no todo el personal está reportado como comisionado sindical ante el Gobierno Federal, las nóminas que se entregan con comisionados sindicales al FONE son raquíticas o a veces incluso están vacías. Ante esta serie de circunstancias, el recientemente expedido código de conducta para los trabajadores de la educación abona, pero una vez más busca obligar más a los ya obligados. Los invisibles son quienes deben de forzarse a hacerse visibles. Transparentar los códigos de conducta que ya fueron firmados y que se publiquen en un micrositio especial para que se den a conocer estas medidas, que si bien, son logros discretos, también son suficientemente importantes como para no dejarlas en el olvido. El poder que brindará la legitimidad y el bono democrático debe de emplearse, al igual que el ejercicio de las atribuciones estipuladas en la normatividad aplicable, para cuidar que los espacios en materia educativa se encuentren libres de conflictos de intereses y de personajes que nada tienen que hacer en primer contacto con las niñas, niños y jóvenes de la entidad. Y con los espacios saneados ya no debería de haber vuelta atrás: la instauración de controles de asistencia de personal es indispensable, más allá de la eterna bitácora, instrumento de firmado de entrada y salida que es anacrónico y completamente vulnerable al falseo de información. Si las bitácoras de asistencia ya no existiesen, ¿cuántos aviadores ya hubieran sido destituidos de sus sinecuras? Sanear implicará también sostener de aquí en adelante la imagen docente en donde merece estar, evitando que se vuelvan a entremezclar personajes sin perfil ni vocación entre ellos, porque se enquistan durante décadas, generan daños patrimoniales incalculables, a la par que los estudiantes sufren por su falta de capacidad docente y de aptitudes para el manejo socioemocional de los estudiantes, siendo frecuentemente perpetradores de abusos. Esperemos que las autoridades educativas vayan a fondo y logren los resultados esperados. Michoacán merece contar con la nómina educativa modelo que nos prometió el presidente de México.
La Voz de Michoacán
