Juan Bustos / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Un grupo de periodistas se congregó en la sede de la Coordinación de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para exigir la revocación de las medidas cautelares impuestas al reportero Javier Favela Gerónimo, de La Voz de Michoacán, además de las graves consecuencias para la libertad de expresión. Las medidas fueron tomadas como parte del Proceso Especial Sancionador contra Favela, quien enfrenta acusaciones de presunta violencia política en razón de género contra la diputada Liz Alejandra Hernández, del PAN, luego de que nuestro compañero recogiera en una nota informativa lo externado en rueda de prensa por el líder estatal perredista, Octavio Ocampo, en el mes de octubre. Durante la mañana de este viernes, los comunicadores se hicieron presentes en apoyo a Favela, quien ingresó a la audiencia donde se desarrollaron pruebas y alegatos. Sin embargo, el acceso fue negado por personal del IEM al grupo de periodistas acompañantes, argumentando que, según el Código Electoral de Michoacán, las audiencias son consideradas privadas. Un hecho que resalta es que la diputada Liz Alejandra Hernández Morales, denunciante en este caso, no asistió a la audiencia, al igual que Octavio Ocampo, dirigente del PRD y autor de los dichos que generaron la controversia. En una entrevista a las afueras del Tribunal, Mónica Ferreyra García, abogada de Javier Favela, expresó su preocupación por las deficiencias en el procedimiento y destacó la importancia de un proceso transparente que respete los derechos del periodista. Ferreyra señaló la exclusión de pruebas y el conflicto de interés, enfatizando que se deben garantizar las condiciones para un juicio justo. En relación a las pruebas presentadas, Ferreyra detalló una prueba que, según ella, respalda la participación continua de Favela en el procedimiento. Se refirió a versiones estenográficas autorizadas por el coordinador del procedimiento sancionatorio, lo cual, según Ferreyra, evidencia que César Edemir Alcántar estaba en el procedimiento hasta la fecha mencionada. Respecto a las consecuencias potenciales, la abogada indicó que están solicitando la absolución del medio de comunicación, una disculpa pública y reservándose el daño moral. Además, mencionó la posibilidad de recurrir a instancias superiores, incluyendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Sala Regional de Toluca. En cuanto a la ausencia del denunciante en la audiencia, Ferreyra lamentó la falta de comparecencia y cuestionó la validez de las amonestaciones y descalificaciones hacia el trabajo periodístico. Afirmó que están solicitando que se exima al medio y al profesional, reservándose el derecho al daño moral y la disculpa pública. Video, cortesía de Verónica García. La abogada también abordó la cuestión de la audiencia que, aunque se suponía pública, se desarrolló de manera privada. Criticó la decisión de impedir la entrada a quienes acompañaban a Favela, destacando la importancia de la publicidad de las audiencias, incluso en casos graves como homicidios. El conflicto de interés Cabe recordar que tras la publicación de la nota en la que se recogieron los dichos de Octavio Ocampo, la diputada Liz Alejandra Hernández presentó una queja por supuesta violencia política en razón de género en contra del líder partidista, el periodista Javier Favela y La Voz de Michoacán, ordenándole a este medio eliminar de todas las plataformas esa nota, y a Javier Favela, no volver a escribir una nota sobre la legisladora local. La medida fue emitida por el IEM a través de la Coordinación de lo Contencioso Electoral, a cargo de César Edemir Alcántara, esposo de María Veneranda Ceja, quien funge como asesora de la diputada y a quien además, la funcionaria ha designado como representante legal. A decir del propio Favela y otros periodistas, las acciones tanto del IEM como del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que desechó la apelación interpuesta por el periodista, no son sino actos de censura previa en agravio del gremio periodístico. Cabe referir que el caso de Javier Favela fue analizado por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien, entre otras cosas, señala a través de la figura jurídica de Amicus Curiae: “La nota de marras forma parte del ejercicio periodístico que realiza Javier Favela, de dar a conocer de manera oportuna y verosímil, la necesidad de las personas de saber qué pasa en su ciudad, su estado y su país, narrando hechos”. De acuerdo con el ombudsman, la nota de Favela "en ningún momento emitió una opinión en relación con la vida personal de los funcionarios involucrados. Solo se difunden datos sobre la actuación pública oficial de funcionarios y servidores públicos en el desempeño de su cargo. En una sociedad democrática, la labor periodística debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales y los funcionarios tienen la obligación de sujetarse a las reglas de la rendición de cuentas respecto de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas”. Javier Favela hizo notar que “hasta ahora las notas periodísticas han gozado del principio de licitud. Ahora estamos a merced de los criterios subjetivos de los actores políticos”. “Sobre el conflicto de interés que no vieron los magistrados locales, en una de tantas fojas de la investigación preliminar del propio IEM sobre mi caso, aparecen juntitos el jefe de litigios del Instituto y la abogada autorizada por la quejosa en un mismo documento. Hay que recordar que ambos son cónyuges. César Edemir Alcántar dirigió la investigación durante más de 20 días, tiempo suficiente para torcer la instrucción del Procedimiento Especial Sancionador”.
La Voz de Michoacán
