Erik Avilés Martínez El Día Internacional de la Educación, el cual se inició a conmemorar en 2019 cada 24 de enero, es una fecha mundial en la cual se visibiliza la importancia del ejercicio pleno de este derecho humano, particularmente para las niñas, niños y jóvenes, quienes a través de estar, aprender y participar en las escuelas pueden desarrollarse plenamente, hasta alcanzar la mejor versión de sí mismos. En esta, su sexta edición, la UNESCO apuntó hacia conformar agentes de cambio en las nuevas generaciones, a través del sistema educativo con el lema “aprender mejor para una paz duradera”, con la finalidad de construir la paz desde las aulas con visión de largo plazo. En Michoacán, el Día Internacional de la Educación apenas mereció un escueto comunicado en redes sociales, lo cual rompe el silencio, después de haberse ignorado varias fechas conmemorativas internacionales consecutivas, las cuales constituyen valiosas formas de colocar en la agenda pública temáticas que requieren acción colectiva. Sin embargo, todo quedó en retórica, toda vez que no hubo anuncio especial alguno respecto a medidas de política pública para reforzar el sistema educativo estatal. Lo anterior dejó sin acciones especiales al respecto a más de un millón 300 mil estudiantes, ya que está presente una exacerbada violencia que se manifiesta en los índices delictivos de nuestra entidad federativa y de las principales ciudades que la componen, a la par que padecemos condiciones de desigualdad muy marcadas, que generan consecuencias sistémicas. Entonces, también se echaron de menos medidas para brindar y reforzar atención socioemocional para los estudiantes, cuya inmensa mayoría se encuentran sumergidos en entornos sumamente violentos, lo cual, como se demostró en el estudio “Equidad y Regreso” que realizó Mexicanos Primero en 2021, genera afectaciones socioemocionales, las cuales, simple y llanamente limitan el aprendizaje. Tampoco estuvieron presentes anuncios de acciones mediante las cuales se pudieran revertir los factores que originan el rezago educativo, generado por las brechas de oportunidades, que segregan a inmensos porcentajes de las niñas, niños y jóvenes de poder ejercer en plenitud sus derechos educativos, razón por la cual arriban a los 15 años o más sin poder concluir su educación básica. Sus consecuencias se arrastran vitaliciamente y no hubo tampoco medidas en torno a ello. Y, respecto a los estudiantes actualmente matriculados, quienes tienen la fortuna de estar en la escuela, tampoco hubo acciones de mejoramiento de sus condiciones de acceso, permanencia y participación escolares, de tal manera que puedan ejercer sus derechos educativos más plenamente. Después del Día Internacional de la Educación, los grupos vulnerados siguen siéndolo en materia educativa. Como una muestra infamante, por estar olvidada y arrastrar indicadores que evidencian la segregación existente, la educación básica para población indígena ha sido históricamente segregada por políticos y funcionarios, quienes no han generado las políticas públicas, la presupuestación ni las acciones necesarias para que, personal, recursos e infraestructura se asignen suficientemente a esta importantísima modalidad educativa. Desde su concepción y hasta la fecha, el sistema educativo mexicano abandona a las niñas, niños y jóvenes de poblaciones y lenguas indígenas de todas las maneras posibles, al no proveerles de instalaciones, de equipamiento, de docentes bilingües suficientes, así como de personal de asistencia y apoyo a la educación formado para trabajar en un entorno intercultural. Mucho menos les provee las condiciones de alimentación escolar, traslado, uniformes, útiles escolares y calzado para que puedan ejercer, bajo una óptica de triple inclusión, sus derechos a estar, aprender y participar en las escuelas mexicanas. Los datos duros exhiben que, de las 10 mil 307 escuelas primarias indígenas que existen en el país, 16 por ciento no cuenta con acceso a electricidad, 45 por ciento no tiene agua potable y sólo seis de cada 10 primarias indígenas tienen acceso a una sola computadora. Es un hecho que, ser niña, niño o adolescente hablante de una lengua indígena debería de constituir una fortaleza, no un factor de discriminación. Al respecto, las acciones conmemorativas que impulsan al cambio, partiendo de visibilizar asimetrías, iniquidades y abusos, en aras de sensibilizar y tomar acciones inmediatas para resolver las transgresiones a derechos humanos, que suelen promulgarse en el marco del Día Internacional de la Educación. En esta ocasión, en el contexto de educación indígena, el lema “aprender para una paz duradera”, que recomienda por sí mismo que las niñas, niños y jóvenes deben ser formados para ser agentes de cambio hacia la paz resulta impensable, ya que no hubo nuevas políticas educativas en México que estén conduciendo a las infancias y juventudes hacia ese sendero, al permitir abusos, violencia y transgresiones de sus derechos humanos. En lugar de estarse construyendo la solución forjando ciudadanía en la cultura de la paz, se está perpetuando el abuso, al multiplicarse el ciclo de la violencia que constituye la transgresión a sus derechos humanos por el hecho de haber nacido como parte de una etnia y hablar un lenguaje diferente al castellano. Es momento de hacer un llamado a las autoridades para corregir esas profundas desigualdades, reorientando acciones, presupuestos, personal, equipamiento, infraestructura, apoyos socioeconómicos, socioemocionales y programas de becas, centralizando los derechos educativos de las generaciones en formación. Reflexionar en el marco del Día Internacional de la educación sobre el olvido histórico en el que se encuentran las escuelas de las comunidades indígenas conlleva hacer conciencia de las inmensas asimetrías que los actos de autoridad del gobierno mexicano han generado y acrecentado. No podemos hablar de un país democrático, incluyente y en desarrollo mientras continúen realidades paralelas existiendo en el abandono gubernamental. Menos aún, podemos hablar de los atributos educativos constitucionales de la educación nacional: ni de inclusividad, de universalidad o de que sea pública la educación, cuando a decenas de miles de niñas, niños y jóvenes se les margina de ejercer sus derechos educativos. Ni tampoco se puede hablar de que exista excelencia en un derecho que no se ejerce, ni menos aún de laicidad, cuando los estudiantes están al margen de la ciencia, del pensamiento crítico, de conocimientos, competencias y saberes que les permiten conocer el universo, a la sociedad y a sí mismos; con lo cual quedan en manos del pensamiento mágico, de creencias y de la manipulación. Es momento de exigir a los funcionarios que remedien las atrocidades que se cometen con la población indígena, así como de que los ciudadanos emitamos nuestro veredicto en las urnas al respecto, mientras que debemos de demandar a todos los candidatos a puestos de elección popular que presenten un plan de acción para remediar estas profundas, vergonzosas e inaceptables brechas que pisotean a las infancias y juventudes. Porque, así como ponemos bajo la lupa lo que acontece en educación indígena, podemos colocar a las telesecundarias, telebachilleratos, planteles multigrado, escuelas rurales, educación especial, escuelas en contextos de violencia, de marginación o de lejanía, que no cuentan con el arropamiento institucional necesario para poder igualar condiciones a sus estudiantes, respecto a las que poseen los educandos en zonas urbanas. En Michoacán, en contraste, los anuncios que se dieron en esta semana son distantes a lo que propuso la UNESCO, ya que siguen siendo de carácter organizativo, administrativo, laboral y financiero, en donde se generan políticas de estado, desde y para los adultos, sin que exista un impacto inmediato directo para los derechos de las niñas, niños y jóvenes. La comunicación social versó en torno a la entrega de basificaciones a más de cinco mil trabajadores de la educación, quienes ya estaban contratados y laborando como tales, con la finalidad de brindarles inamovilidad laboral. Lo anterior, al parecer no implicó la contratación de personal adicional, la creación de nuevas plazas, sino de una medida administrativa para dotarles de mayor certeza laboral a los trabajadores de la educación que resultaron beneficiados. Lamentablemente, lo anterior se realizó sin develar ante la sociedad michoacana los padrones completos que incluyesen nombres, perfiles, experiencia y méritos de cada uno de los recipiendarios para recibir los formatos únicos de personal. Lo anterior es algo que se echa de menos, no solamente por los resultados que arrojó el denominado “pase de lista”, el cual constituyó una revisión virtual que realizó la Auditoría Superior de la Federación a la nómina educativa estatal, donde encontró a más de 13 mil trabajadores de la educación laborando irregularmente en centros de trabajo diferentes a sus planteles de adscripción originales. Lo anterior genera efectos exponenciales cuando nos damos cuenta de que sigue habiendo muchas escuelas sin maestros, lo cual suscita la indignación de los agentes educativos, de los estudiantes y padres de familia, cuyas protestas se acumulan día tras día. Y, por si fuera poco, el efecto se eleva al cubo cuando tomamos en cuenta la gran cantidad de nuevas facciones gremiales que han surgido durante el último bienio, lo que coloca en los hechos a miles de trabajadores de la educación en una situación de posible descarga extralegal de sus responsabilidades laborales, sobrecargando a los maestros a quienes dicen defender y representar. Sin embargo, lo anterior no para ahí, ya que estamos en pleno proceso electoral, cuyos efectos políticos y proselitistas puede generar mayores irregularidades aún. Es muy importante que se comience a deshacer la cortina de humo que generan todos los factores antes mencionados sobre las medidas en torno a la nómina educativa, que independientemente de su urgencia e importancia, todavía no constituyen medidas de política pública que se reflejen directamente en las aulas; es decir, que beneficien a las niñas, niños y jóvenes con mejores condiciones de acceso, permanencia y trayectoria en el sistema educativo estatal. Mientras tanto, de acuerdo con la calendarización estipulada, hoy se realiza Consejo Técnico Escolar, en el cual el personal docente, así como directivo, técnico-pedagógico y de asistencia y apoyo a la educación se reúnen para realizar tareas de planeación, de discusión y de trabajo colegiado en torno a la apropiación y aplicación de la Nueva Escuela Mexicana y del debido empleo de los nuevos libros de texto gratuitos, mientras los estudiantes están en casa o, en algunos casos, recibiendo clases en línea o haciendo actividades en plataformas web. Es muy importante que se aprovechen estos espacios de reflexión, para que se considere qué se ha hecho en cada comunidad escolar en torno al Día Internacional de la Educación: ¿hay razones para celebrar, como lo aduce la dependencia estatal? ¿Qué se debe conmemorar? ¿Qué debe cambiar para poder transformar la educación? ¿Qué recursos se requieren? Educar es una labor transformadora, cuyos efectos pacificadores son resultado del justo, universal e inclusivo acceso a los derechos educativos para todas las niñas, niños y jóvenes en la entidad. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles * Erik Avilés es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C
La Voz de Michoacán
