Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. En el estado de Michoacán existen dos Centros de Justicia para las Mujeres, localizados en Uruapan y en Morelia. Tales centros están destinados para erradicar, prevenir y atender la violencia contra las mujeres, por lo que ofrecen servicios jurídicos, médicos, psicológicos y educativos. Para cumplir con dicho propósito, cuentan con consultorios para atención médica, sala para juicios orales, despacho para asesorías legales y consultorios para terapias. Se trata de una institución que brinda servicios a las mujeres en situación de riesgo y que, en el año de 2022, ha atendido a más de 25 mil. El personal del centro, que es primordialmente mujeres y no varones, está especializado en las áreas de conocimiento del derecho, la psicología, la administración pública y las ciencias sociales, por lo que están capacitados para brindar una atención integral. Estos centros están ubicados en: •Morelia: Periférico Paseo de la República, número 6040 en la colonia Ejido Emiliano Zapata •Uruapan: Leona Vicario, sin número en la colonia San Rafael Problemáticas y deficiencias de los centros Sin embargo, de las mujeres que han asistido para presentar denuncias y recibir acompañamiento en casos de violencia, únicamente el 9.6% y el 6.8% han recibido una apertura de carpeta de investigación que investigue y responsabilice a sus agresores. Tales datos, corresponden a las sedes de Morelia y de Uruapan respectivamente, en el año de 2022, acorde con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Así mismo, cabe mencionar que los grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad como trabajadoras sexuales, en situación de calle, personas con problemas de adicción y exprivadas de la libertad representan apenas el 0.01% de la población atendida en ambos centros. Esto quiere decir que el acceso a estos servicios en el estado de Michoacán se ve restringido por la condición socioeconómica en que las mujeres se encuentran y que únicamente una reducida porción de las habitantes tiene acceso a orientación jurídica, servicios médicos y atención psicológica cuando son víctimas de una agresión.
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