Erik Avilés Hasta ahora, febrero ha sido un mes complejo en el sistema educativo estatal, ya que, mientras que varios procesos torales están en tránsito, en etapas cruciales para alcanzar su culminación, también muchos actores educativos se han manifestado de diversas maneras, entrando en situaciones de conflicto y disputa por los recursos financieros, humanos y materiales, así como por el control del sistema educativo estatal. Para comenzar, se han vivido una serie de acciones de presión gremiales, que constituyen consuetudinarias amenazas a los derechos educativos de la niñez y de la juventud en la entidad, por parte de los grupos movilizados al interior de las instituciones educativas, quienes han convocado a paros de labores en días de clase. Además de las afectaciones al aprendizaje y la participación escolares, esto no significa que se haya tocado fondo. La situación puede ir complicándose aún más conforme avance el proceso electoral y el calendario escolar. Por una parte, es sabido que, diversos funcionarios están inscritos como aspirantes y precandidatos en la alianza en el poder de la entidad federativa, mientras que, grupos antagónicos se encuentran también intentando impulsar a sus aspirantes favoritos. Lo anterior convierte al sistema educativo no solamente en el campo de batalla natural para estos actores, sino que también se convierte en fuente de suministros, ya que no se conoce hasta ahora que funcionario alguno haya presentado su renuncia, ni que tampoco se hayan excusado de intervenir en asuntos en donde prevalece un claro conflicto de intereses. La guerra de declaraciones entre las cúpulas gremiales y el funcionariado estatal también comienza a brindar cifras opuestas, ya que mientras los líderes de los movimientos de trabajadores de la educación manifiestan un impacto de 30 o 40 por ciento de paro en las escuelas de educación pública básica en la entidad, las autoridades educativas señalan menos del uno por ciento de afectaciones, pero reconociendo que sí las hubo. Lo lamentable es que hasta el momento no se haya instrumentado un mecanismo de rendición de cuentas tal que, todo ciudadano pueda conocer en cuantos planteles escolares hay clases y en cuantos no, día tras día, grupo por grupo, en aras de garantizar el principio de máxima difusión. Por otra parte, al haberse emitido una serie de convocatorias para cambios de adscripción y para el ingreso al servicio profesional docente, la autoridad educativa salió a informar a la ciudadanía que no deben de hacer caso de convocatorias apócrifas, emitidas por ente alguno que no sean las instituciones oficiales. Lamentablemente, las personas que hacen caso de estas invitaciones fraudulentas no solamente son estafadas, sino que también son utilizadas para presionar a las autoridades y a la sociedad, generándoles expectativas falsas. Paralelamente, los sindicatos que suelen emerger durante el periodo electoral harán presencia pública. Ya hay algunos de reciente creación que están preparando acciones, mientras que en otros ya existentes se dan conflictos internos, los cuales seguramente tomarán cauce público, en aras de dirimir las diferencias existentes. Veremos si, la CNTE se manifiesta en el marco de la visita presidencial de este viernes a Morelia. Porque, hasta el momento, la estridencia que han mostrado en sus protestas se ha acotado bastante con el titular del poder ejecutivo federal. De acuerdo con la propaganda que se ha difundido en redes sociales, el presidente de México hará un pronunciamiento sobre los programas del bienestar. Al respecto, hay varios programas de becas y apoyos asistencialistas como La Escuela Es Nuestra, los cuales están vinculados con el sector educativo. Paralelamente, ante la falta de anuncios de funcionarios federales respecto a la federalización de la nómina educativa estatal, estaremos expectantes al respecto en la gira presidencial, ya que fue una promesa realizada a la ciudadanía michoacana, donde incluso se habló de que sería un modelo, que podría replicarse en otras entidades federativas, infiriéndose que se trataría de una solución estructural al déficit financiero, al desorden administrativo y a la corrupción rampante que saquea el presupuesto destinado a la educación de las niñas, niños y jóvenes en la nación. También está el tema de la propuesta de desaparición de tres organismos autónomos: el INAI, MEJOREDU y CONEVAL. El primero de ellos, relacionado con los derechos ciudadanos relacionados con el acceso a la información, medio por el cual se han podido conocer muchos asuntos que de otra manera hubiesen pasado inadvertidos u opacos. Un ejemplo de ello es precisamente el acuerdo de federalización de la nómina que no fue tal, el cual fue obtenido vía la Plataforma Nacional de Transparencia por Mexicanos Primero Capítulo Michoacán, demostrando que nunca se gestionaron recursos adicionales para las menoscabadas finanzas educativas estatales. Así también, MEJOREDU es la instancia evaluadora del sistema educativo nacional que tiene las atribuciones para impulsar la cultura de la evaluación en la educación estatal, mientras que el CONEVAL es el organismo que evalúa el impacto de la política social, incluyendo la educativa. Sin estos organismos autónomos habrá un retroceso inmenso en el desarrollo de la política educativa nacional, al centralizarse atribuciones en el poder ejecutivo, lo que impedirá la transparencia, la rendición de cuentas y la ausencia de conflicto de intereses, al ser jueces y parte en las evaluaciones, diagnósticos y determinación de información por transparentarse, hechos que difícilmente realizarán con imparcialidad. Mientras tanto, no solo los sindicatos protestarán y se harán notar. De alguna manera, en público o en privado, seguramente los militantes del movimiento normalista harán lo propio. Continuarán con protestas por la convocatoria. La autoridad ha asumido una postura firme, a pesar de las presiones que realizan en contra de la decisión de abrir las posibilidades de participación en la convocatoria de ingreso al servicio profesional docente para egresados de la Universidad Pedagógica Nacional y del Centro de Actualización del Magisterio Michoacano, además de las escuelas normales públicas de la entidad federativa. Aunado a lo anterior, la próxima semana se tendrá Consejo Técnico Escolar, lo cual permitirá que los actores sindicales convoquen a los centros de trabajo bajo su control a reunirse, pero con un orden del día muy diferente. Las actividades técnico-pedagógicas suelen pasar a segundo término, para tratar situaciones problemáticas de los planteles, para programar jornadas de protesta, paros de labores y organizar medidas de presión. Las preinscripciones escolares no han estado ausentes de conflictos, toda vez que a la fecha debe de hacerse fila desde días antes para poder obtener un número de ficha para aspirar a ingresar al plantel de educación pública de la elección de los padres de familia. Implementar mecanismos electrónicos para tales efectos evitaría la pérdida de tiempo, esfuerzo y cerraría ventanas a la corrupción, toda vez que en muchos planteles estas fichas de admisión son intercambiadas por sobornos o entregadas a manera de prebendas a privilegiados. Por otra parte, seguimos esperando que se presenten propuestas para el desarrollo educativo en la entidad federativa. Este periodo intermedio entre las precampañas y las campañas electorales debería de ser aprovechado por los equipos técnicos de todos los candidatos a puestos de elección popular, así como por parte de los partidos políticos para construir agendas de propuestas en las cuales se priorice el sector educativo. Sin embargo, esto no ha sucedido hasta la fecha. Ni ha habido consultas, ni tampoco se han deslizado mayores propuestas, sino solamente discurso. Lo anterior preocupa, porque coincide con las mediciones que hemos realizado desde Mexicanos Primero Michoacán, las cuales muestran que, para la ciudadanía de la entidad federativa, la educación es el quinto o sexto problema más importante, incluso por debajo de la pavimentación de las calles o sus baches. Esto exhibe que, los políticos están muy conscientes de la situación y por eso no le prestan la importancia suficiente. Si la ciudadanía se vuelca a exigir mejor educación, los aspirantes a cargos de elección popular podrían cambiar su actitud y le dedicarían más importancia a la agenda pública educativa, priorizándola y brindando propuestas de solución, comprometiéndose más e involucrándose con las soluciones. Pero mientras esto no suceda así, seguramente la situación continuará bajo la misma inercia. Empero, es ahí donde reside una ventana de oportunidad para que los ciudadanos participemos cambiando nuestra actitud y nuestras prioridades, para que la transformación educativa realmente suceda. Siguen persistiendo grandes retos en el sistema educativo. Por ejemplo, apenas se acumulan 8.6 años de escolaridad promedio entre la población michoacana. Es decir, en promedio, estamos en situación de rezago educativo. Contamos con los índices más altos de abandono escolar en secundaria y bachillerato de toda la nación. Por supuesto, es el sistema educativo estatal quien los abandona en sus derechos educativos. No se ha realizado nunca la aplicación conforme a los lineamientos de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) de evaluaciones diagnósticas al inicio de los dos últimos ciclos escolares, los cuales hubieran permitido conocer el estado que guarda el aprendizaje de los estudiantes. No se cuenta con programas especiales para proteger a las comunidades escolares a pesar de padecerse indicadores de violencia y delincuencia elevadísimos. Existen, según la Auditoría Superior de la Federación 13 mil trabajadores de la educación fuera de su centro de trabajo. Desde octubre de 2021 hasta la fecha, no se ha podido elaborar el Programa Sectorial de Educación publicado a la fecha. Viven en Michoacán, de acuerdo con el INEGI, 240 mil personas mayores de 15 años en situación de analfabetismo. También, habitan en nuestra entidad federativa un millón y medio de personas en situación de rezago educativo, lo que implica no haber concluido la educación básica a pesar de haber cumplido 15 años o más y, solamente 10 de cada 100 estudiantes que están inscritos en el sistema educativo estatal están actualmente cursando educación superior. En suma, es un mes complejo en el cual las autoridades educativas deberán actuar conforme a la normatividad aplicable en la materia y asiendo la rectoría del sistema educativo estatal para impedir que alguna de estas cuestiones impacte a los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes en la entidad a estar, a aprender y a participar en las escuelas michoacanas. Merecemos un gobierno educador. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles *Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C
La Voz de Michoacán
