Jaime Darío Oseguera Méndez Los casos de abuso sexual contra menores representan una de las partes más abominables de las múltiples violencias que experimentamos en el país. En realidad hay pocos estudios a fondo, más cualitativos sobre la violencia como un fenómeno cultural generalizado en México, porque a nadie le gusta que las estadísticas y los indicadores apunten a la ineficiencia de las instituciones de procuración y administración de Justicia. Más allá de algunos indicadores, hay pocas investigaciones serias, sobre la violencia sexual contra menores. Es cierto que en el país se ha hecho un esfuerzo por transformar la legislación y convertirla en garante del buen desarrollo y protección de menores, pero hace falta indagar aún más en el perfil de los delitos y los agresores, clasificar y tipificar diferentes formas de abuso que permitan entender, penalizar y cambiar las formas en que se relacionan los adultos con los menores en los diferentes ámbitos: la escuela, la casa, el bario, los centros de trabajo, etc. Precisamente ha causado indignación la resolución de un Magistrado del Estado de México donde se dicta sentencia absolutoria a un individuo que fue acusado de abusar sexualmente de su sobrina de solamente cuatro años de edad. El Magistrado, en el ejercicio de su argumentación formal, dice que no hay suficientes pruebas para justificar el delito contra la menor, porque ésta, con sólo cuatro años de edad, no fue capaz de mencionar el lugar, el día y el horario en que el hermano de su padre la molestó con tocamientos y presuntamente abusó sexualmente de ella. A los juristas estos hechos lamentables nos regresan a la vieja discusión entre el derecho y la justicia. El juez está obligado a proveer justicia con base en el derecho vigente. No es él quien decide la forma de las leyes, sólo las aplica, pero es evidente, penosamente cierto que, esta apelación a cumplir con los formalismos procesales, muchas veces provoca una gran laxitud en las resoluciones judiciales, que francamente tienen visos de corrupción. El juez tiene la obligación de decidir por la justicia y, al parecen en este caso, no lo hizo por una formalidad de procedimiento afectando los derechos de los menores y exhibiendo, como he dicho antes, las miserias del funcionamiento del sistema judicial. El tema del abuso sexual contra menores es más frecuente de lo que pareciera. Se comete con frecuencia al interior de las propias familias. Tal parece que es el escenario más común, pero al no hacerlo visible se normaliza y oculta. Una de las grandes verdades de este tema: un alto porcentaje de los diferentes tipos de abuso sexual contra menores, principalmente mujeres, se cometen al interior del círculo familiar. Y en este tema no hay más explicación que la transpolación de la violencia de la calle a las familias y viceversa. No es un fenómeno que esté necesariamente correlacionado con los niveles de ingreso, pero sin duda que hay circunstancias como el hacinamiento, la marginación, falta de ingresos y otras enfermedades sociales derivadas de la pobreza, que facilitan escenarios y entornos de abuso contra menores en situación de necesidad. No es un problema de la pobreza. El caso mencionado en el Estado de México, se trata evidentemente de personas con cierto nivel económico y educativo. Hubo reacciones muy sentidas en contra de la resolución y eso seguramente podrá en la mente de los juzgadores si se arriesgan a tomar decisiones notoriamente contra el sentido de la justicia. Tendrá que haber mecanismos, principalmente al alcance de los juzgadores para entender cuando los menores son usados por sus propios padres como punta de lanza en la disputa entre ellos. El ámbito escolar debería ser una preocupación central para todos: autoridades, maestros, padres de familia. Los pocos estudios que se conocen a nivel internacional, hablan de que el principal segmento de la población de menores violentada sexualmente se trata de mujeres adolescentes. Intimidación, agresión verbal, violencia sexual y en muchos casos homicidio. Todo parece indicar que hay algo más grave aún en muchos casos: la reiteración. No es un fenómeno nuevo pero si es creciente. Ha adquirido además otras modalidades como el sexting, bullying y otras formas de abuso e intimidación contra menores a través de las redes sociales. El estudio que se ha elaborado en México, a partir de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, reconoce la necesidad de profundizar en la investigación para atacar el problema. Los adolescentes de entre 10 y 19 años representan una población de mas de veinte millones en México. La probabilidad de abuso aumenta entre población femenina, con tendencias depresivas, consumo de drogas, en localidades urbanas. Hombre, adulto, padre de los menores o pareja de la madre es un perfil constante al analizar el problema de la agresión. Ahí hay elementos para una política pública. No veo a los políticos en el tema ni a las feministas que en la oposición se desgarraban las vestiduras pidiendo a otros gobiernos soluciones cuando hoy se mantiene penosamente calladas; en la complicidad del silencio. En 8 de cada diez menores abusados, no hay muestras de violencia física o heridas, por lo tanto, es difícil acreditar el hecho ante jueces excesivamente formalistas y alejados de un sentido de justicia. En la mayoría de los casos, este hecho resta credibilidad y apoyo para las víctimas, por lo que la tercera parte de quienes deberían denunciar el abuso, terminan negándolo y otro porcentaje similar acusa a la propia víctima en lugar del delincuente. En ese estudio, tres de cada diez casos mostraron negligencia para denunciar el hecho. Lo mismo que pudiera estar sucediendo en este país donde las instancias de procuración de justicia tienen otras prioridades. Hay entonces una serie de elementos para lograr políticas públicas desde los tres ámbitos en favor de los menores. Nuestros hijos e hijas. Ahí debe estar la discusión política. Facebook. Jaime Darío Oseguera Méndez
La Voz de Michoacán
