Daire Zúñiga / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Persisten las inconformidades de la Comisión Reguladora del Transporte (CRT) ante las resoluciones del Poder Judicial de la Federación sobre los juicios de amparo promovidos por los trabajadores del volante contra la nueva Ley de Movilidad estatal, reclamando que supuestamente se beneficia de manera injusta a conductores de plataformas digitales, además de estar en contra de la apertura de nuevos esquemas de transporte en Michoacán. José Trinidad Martínez Pasalagua, líder del organismo, exigió a los jueces no someterse al Ejecutivo estatal para, según él, “perjudicar a los transportistas y michoacanos”, y solicitó un análisis de los amparos presentados contra la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. También exigió al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, permita que el PJF realice su labor de forma imparcial y no intervenga en las decisiones de este órgano (sic). El líder transportista detalló que de 8 mil transportistas contra le Ley de Movilidad, actualmente se encuentran 500 amparos activos. Además, el gremio señaló que, de los amparos promovidos, 11 ya fueron fallados en contra de los transportistas, lo que a sus ojos es una presunta invasión de poderes por parte de Ramírez Bedolla y un sometimiento de los juzgados federales. Los amparos fueron negados al no ser la parte interesada, pues no mostraron los títulos de concesión, según se notificó. Martínez Pasalagua también mencionó que en el Congreso del Estado han detectado distintas anomalías, pues desde hace ocho meses han solicitado que se aborde de manera integral la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, argumentando las violaciones cometidas por parte de los legisladores durante su aprobación. De acuerdo a la CRT, “es preocupante la falta de equidad en la legislación propuesta, que parece favorecer a grandes empresas en detrimento de los concesionarios establecidos”. Asimismo, la Comisión de Transporte asegura que en el estado se promueve el servicio de transporte por plataformas digitales y para éste no hace falta imponer reglas y obligaciones como para los taxistas. Según Martínez Pasalagua, “con el servicio de Uber disminuyó un 40 por ciento el servicio de taxis, y la empresa de la plataforma traslada miles de millones de pesos al extranjero”. Es de resaltar que, bajo la nueva Ley de Movilidad, los trabajadores de plataformas sí pagan un permiso al gobierno estatal como el del transporte público, además de que tanto choferes como las empresas prestadoras del servicio cubren una serie de impuestos de orden estatal y federal. De hecho, según las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS), junto con el sector comercial y el agrícola, el del transporte público es el que presenta mayor informalidad, con choferes que no están debidamente dados de alta en seguridad social y evasión de las respectivas responsabilidades fiscales. Martínez Pasalagua también criticó exfuncionario Juan Daniel Manzo, “quien demostró incapacidad de tener una visión clara sobre lo que requiere Uruapan, luego de pretender desaparecer el 50 por ciento de las unidades de servicio”. Refirió que otorga el beneficio de la duda al nuevo titular del Instituto del Transporte, Jesús Mora González, ya que confía en que conoce la situación del estado, sin embargo, señaló que es importante que llegue una persona con experiencia “El transporte ya no puede ser conejillo de indias, se necesita a gente experta que venga a generar proyectos que saquen de esta situación a Michoacán”, mencionó, aunque la CRT se ha opuesto a todos los proyectos de movilidad trazados en los últimos años, incluyendo la formalización de Uber, el cablebús en Uruapan y el metrobús en Morelia.
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