Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Con el objetivo de “transversalizar” la austeridad republicana y corregir una supuesta duplicidad de funciones, el Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador prevé la extinción de siete organismos constitucionalmente autónomos a los que, según la iniciativa, se han destinado 32 mil 313 millones de pesos entre 2018 y 2024. Se trata del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), así como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). De acuerdo con el proyecto de reforma constitucional, las atribuciones de dichos organismos serían asumidas por dependencias de la administración pública federal y los ahorros generados por su extinción se destinarían al Fondo de Pensiones para el Bienestar. “Con el propósito de tener una perspectiva clara de la problemática, el presupuesto total otorgado a los organismos anteriormente señalados, de 2018 a 2024, equivale a 5 millones 385 mil 591 pensiones bimestrales para personas adultas mayores”, señala la exposición de la iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados el 5 de febrero de este año. Detalla que de los 32 mil 313 millones de pesos asignados a las siete instituciones en los últimos siete años, más de la tercera parte, 11 mil 451 millones, correspondieron al IFT, mientras 6 mil 908 millones fueron para el INAI. La Cofece ejerció a su vez 4 mil 341 millones de pesos; Mejoredu, 3 mil 134 millones; el Coneval, 2 mil 908 millones; la CRE, mil 912 millones, y la CNH, mil 655 millones. “Durante muchos años se fue creando una burocracia dorada y la creación de nuevos organismos a los que se debían destinar muchos recursos del presupuesto, por lo que, bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es necesario replantear el funcionamiento de éstos que, en los hechos, duplican funciones y tareas del Ejecutivo Federal”, advierte. La reforma propuesta prevé así trasladar funciones y personal del IFT a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Las atribuciones del INAI en materia de transparencia y acceso a la información pasarían a su vez a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y, por lo que respecta a los partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral (INE). Las funciones de la Cofece serían absorbidas por la Secretaría de Economía; la de la CRE y la CNH, por la Secretaría de Energía; las de Mejoredu, por la Secretaría de Educación, y las del Coneval, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Entre las 20 iniciativas del Plan C, el presidente López Obrador envió también a San Lázaro un proyecto de reformas en materia de simplificación orgánica para extinguir, fusionar o integrar 17 órganos desconcentrados, organismos descentralizados y unidades administrativas del gobierno federal. Destacan entre dichas instancias la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Instituto Mexicano de la Juventud, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Igualmente fueron incluidas en la propuesta la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de Economía Social, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia y la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente. Completan la relación de organismos señalados para desaparecer el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Nacional de Ecología, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía y la Dirección General de Publicaciones.
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