PUNTO NEURÁLGICO Luis Sigfrido Gómez Campos Existen temas obligados a los que no se les puede sacar la vuelta, porque están en la agenda de la discusión nacional y exigen un posicionamiento inmediato con responsabilidad eticapolítica. Es un tema escabroso; sobre todo, por la inmediatez. Tengo la creencia de que lo que se hace de prisa tiene mayores posibilidades de cargar con errores difíciles de enmendar. Sí, tenemos una Constitución plagada de parches debido a la característica “flexible” de nuestra Carta Magna. Mientras que nuestro texto fundacional tiene 107 años de vigencia y durante ese tiempo se le han hecho alrededor de 700 reformas, mientras que, a la de los Estados Unidos de Norteamérica, con una vigencia de 237 años, se le han hecho solamente 27 enmiendas. Esto ha dado lugar a que algunos teóricos constitucionalistas digan que nuestra Constitución más que flexible es incongruente. Una Constitución es un documento fundacional donde se establecen las bases fundamentales sobre las que una nación desea vivir; es una carta del compromiso que las diferentes fuerzas establecen después de una revolución o un fuerte movimiento social, que define los principios y nuevas bases de convivencia, etc. Es posible que esta explicación adolezca de rigor académico y pueda ser cuestionable, pero, a grandes rasgos, me atrevo a aventurar que eso es una Constitución. Sí, se han hecho reformas al por mayor. Podríamos justificar que una mancha más al tigre no lo hace menos tigre, y hacer las enmiendas que se requieren pudiera corregir las deficiencias que contiene la Carta Magna vigente en materia de justicia. Debe tenerse en cuenta que una reforma Judicial es una reforma de gran calado, necesaria y fundamental y de importantes repercusiones en la vida de los mexicanos; de ahí la importancia de tomar en cuenta la opinión de los diversos sectores involucrados, fundamentalmente la de los usuarios de los servicios jurisdiccionales que, por su desempeño profesional, tienen una percepción mucho más precisa de las deficiencias en el campo de la impartición de la justicia. Se ha dicho que se tomará en cuenta la opinión de los propios impartidores de justicia, del sector académico, de los colegios y barras de abogados y de todo aquel que tenga interés en que se obtenga una impartición de la justicia pronta y expedita y, lo más importante, aunque suene redundante, que se obtenga una justicia justa, que es, a fin de cuentas, el anhelo de todo pueblo en todas las épocas y en todas las latitudes. Se ha dicho que la tarea de impartir justicia es una tarea difícil, llena de tecnicismos y conocimientos especializados; que además de la formación técnico profesional se requiere de un bagaje cultural y moral que soporte todo intento de pervertir la equidad por alguna de las partes; que no cualquier persona reúne las cualidades de probidad y preparación para la realización de esta delicada tarea pública. También se ha dicho que el actual sistema de justicia está rebasado y que no ha sabido cumplir con los requerimientos de los más necesitados; que las cárceles están pobladas sólo por personas pobres que no tuvieron para comprar la justicia y que, para el colmo de la injusticia, se repite con demasiada frecuencia el hecho de que las fiscalías ponen a disposición de los jueces a probados delincuentes, y los impartidores de justicia, en poco tiempo, los dejan en libertad. (Este último señalamiento inmiscuiría en esta reforma necesariamente la responsabilidad ética y profesional del Ministerio Público). Se dice que debido a todo esto se requiere de una reforma profunda a todo el sistema del poder judicial que termine con los grandes vicios y permita que los más necesitados, los más pobres, tengan acceso a la justicia. Si para lograr un sistema más justo se hace necesario que ministros, jueces y magistrados no sean designados mediante los actuales mecanismos de selección de funcionarios judiciales y que se requiere que sean electos por el voto popular, bienvenida sea la reforma judicial. Pero si el voto del pueblo no es garantía para la obtención de un mejor sistema de justicia como el que tenemos, no lo quiero. Se dice que lo que se pone en juego con esta reforma es la independencia del poder judicial; que para la obtención de la justicia se requiere, como requisito indispensable, que los juzgadores, los tribunales y la propia Suprema Corte de Justicia sean totalmente libres y autónomos; que las determinaciones jurisdiccionales no deben estar sujetas a ninguna sugerencia, intervención o arbitrio de un tercero, sino a la sujeción estricta de la ley. Todo eso dicen los teóricos que no quieren que los jueces se elijan a través del voto de las mayorías. Lo que yo esperaría es que, como lo adelantó la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, los diversos sectores involucrados participen en una discusión abierta: “En mi opinión –dijo-, tiene que abrirse un proceso, tiene que evaluarse la propuesta y en su momento ya aprobarse a través de un parlamento abierto, creo que es importante”. Es decir, desde las más altas esferas del poder existe la intención de que no se haga una reforma judicial sobre las rodillas. luissigfrido@hotmail.com
La Voz de Michoacán
