Admite la SCJN acción de inconstitucionalidad contra Fondo de Pensiones del Bienestar

Con esta impugnación, legisladores del PAN, PRI y PRD buscan evitar que el Ejecutivo federal tome control de al menos 40 mil millones de pesos de cuentas de AFORE inactivas

Redacción / La Voz de Michoacán

Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aceptó tramitar la acción de inconstitucionalidad presentada por los diputados de la oposición contra el decreto que creó el Fondo de Pensiones del Bienestar.

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“Vistos el escrito y anexos de quienes se ostentan como diputadas y diputados del Congreso de la Unión, mediante los cuales promueven acción de inconstitucionalidad, se tiene por presentados a los promoventes con la personalidad que ostentan y se admite a trámite la acción de inconstitucionalidad que hacen valer. Se habilitan días y horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este proveído”, dio a conocer la Suprema Corte de Justicia.

Con esta impugnación, legisladores del PAN, PRI y PRD buscan evitar que el Ejecutivo federal tome control de al menos 40 mil millones de pesos de cuentas de AFORE inactivas. De esta forma, Ortiz Ahlf se encargará de elaborar un proyecto de sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad, el cual presentará al pleno de la Corte para su análisis y discusión.

El Fondo de Pensiones del Bienestar es un fondo creado por el gobierno de México para gestionar y destinar recursos para el bienestar de los pensionados y jubilados. El objetivo principal de este fondo es asegurar la sostenibilidad y suficiencia de los recursos destinados a las pensiones, así como garantizar el pago oportuno de las mismas a los beneficiarios.

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El Fondo de Pensiones del Bienestar busca centralizar y administrar los recursos provenientes de cuentas de AFORE (Administradoras de Fondos para el Retiro) inactivas, es decir, cuentas que no han recibido aportaciones ni movimientos durante un periodo prolongado. Esto ha generado controversia y oposición por parte de algunos legisladores, quienes argumentan que el control de estos recursos por parte del Ejecutivo podría afectar la administración y los derechos de los ahorradores.