Luis Sigfrido Gómez Campos La discusión del dictamen de la Reforma al Poder Judicial estaba programada para el inicio de la nueva legislatura este 1° de septiembre, pero, al parecer, tendrá que aplazarse porque la jueza del Quinto Distrito del estado de Morelos otorgó una suspensión que, por el momento, impide que el dictamen de la Reforma al Poder Judicial pueda ser discutido en el Pleno de San Lázaro. La semana pasada, Claudia Sheinbaum, presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, instruyó a los legisladores del partido que la llevó al poder a que sean extremadamente cuidadosos con los procedimientos legislativos, a fin de que esta transición política que inicia con grandes cambios al sistema de justicia se dé de la manera más tersa posible. Claudia Sheinbaum considera que la predominancia absoluta en el Congreso de la Unión les dará la posibilidad de realizar los ajustes jurídicos necesarios para diseñar el tipo de país que el proyecto de la Cuarta Transformación requiere. Esta posibilidad es real. Los pocos votos que faltaban en el Senado de la República para hacer mayoría plena ya se consiguieron o están a un escaño de conseguirlo. ¿Se puede recriminar a los legisladores que modificaron su criterio su falta de congruencia? ¡Claro!, no está bien visto que un partido los postule y que, de un momento a otro, modifiquen su criterio y se pasen a la bancada del partido que tiene la mayoría. Pero esas adecuaciones ideológicas de cambio de bando han sido tan recurrentes en el sistema político mexicano que pareciera que han cobrado naturalización. Cuando se aplican en contra de la minoría a la que se pertenece resulta doloroso. Es inadecuado recurrir al pasado para ejemplificar los casos de la captación de votos durante el periodo que gobernó el llamado partido único de Estado; o comentar la forma de adhesiones similares por parte de Acción Nacional cuando gobernó. En cualquier caso, es éticamente reprobable este tipo de conductas; pero, en tratándose de política y de la consecución de los propósitos de supuesto beneficio colectivo, ya lo dijo Maquiavelo, “el fin justificaría los medios”. Pero en estos precisos momentos de una de las transiciones más importantes de la historia contemporánea de los mexicanos, cuando a una mujer accede por primera vez al cargo más importante de representación nacional, se atraviesa este trascendental asunto de la Reforma Judicial y la resistencia de la mayoría de los miembros de ese poder que manifiestan su rechazo a varios putos de esa reforma, fundamentalmente, a la elección de magistrados, jueces y ministros a través del voto popular. Ahora, las cosas se complican por la participación de grupos de estudiantes de varias universidades que rechazan también esta reforma. Ante la intromisión de los embajadores de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá y de otros organismos internacionales que coinciden en que la reforma afecta gravemente nuestra democracia y el Tratado del Libre Comercio de América del Norte, la respuesta del presidente López Obrador fue contundente: este asunto es de política interna y no tiene por qué afectar nuestras relaciones comerciales. Las cartas están tiradas sobre la mesa. El gobierno no acepta que la Reforma Judicial pueda poner en riesgo la estabilidad de nuestras relaciones comerciales porque, en su criterio, su finalidad es combatir altos niveles de corrupción enquistados en sus entrañas. Mientras que, por su parte, la mayoría de los miembros del Poder Judicial considera que se está afectando gravemente la carrera judicial y la independencia del propio sistema de justicia. Los gringos añaden otro elemento más: la elección de jueces por el voto del pueblo abriría la puerta a posibles juzgadores vinculados con el narco. Los argumentos de defensa del sistema de jueces, ministros y magistrados a través del voto del pueblo parecen ser convincentes cuando dice que otorga un privilegio más a la gente, al pueblo, a quien se le reconoce la aptitud de poder identificar entre varios aspirantes a los más capaces y aptos para el desempeño de esa delicada función. Esto choca con el criterio del gremio de juristas, quienes, desde los primeros años de su formación en las facultades de derecho se les enseña que esos cargos se contaminan con la política y que se requiere de una vocación prácticamente monástica. “Esas personas no tienen vida propia”, he oído decir. Lo cierto es que la Reforma Judicial, en su aspecto más controversial, la elección de los juzgadores mediante el voto popular enfrentará grandes dificultades técnicas, en el caso de que se apruebe como está planteada. Los miembros del Poder Judicial que se encuentran en paro se están jugando el todo por el todo. La acción de resistencia pacífica es una operación política que engendra sus propios riesgos. Las huestes de Morena están acostumbradas a la lucha callejera. Los miembros del Poder Judicial no tienen esa tradición combativa. luissigfrido@hotmail.com
La Voz de Michoacán
