Agencias / La Voz de Michoacán La administración del presidente electo, Donald Trump, alista en conjunto con 21 estados republicanos la ruta para detonar la designación de hasta nueve grupos del crimen organizado en México como organizaciones terroristas. Según Milenio, aunque el próximo mandatario no ha confirmado si iniciará el procedimiento de los primeros días de su gestión, ya tiene lista la estructura legal, basada en la solicitud formal que en 2023 presentaron 21 fiscales estatales para esta designación, pero que el gobierno del presidente de Joe Biden ha mantenido congelada. El centro del razonamiento de los fiscales es que los cárteles mexicanos son un riesgo para la seguridad de los estadunidenses, debido al tráfico masivo de drogas como el fentanilo y del patrocinio de una migración ilegal y descontrolada. Ello, sumado a los actos de violencia e intimidación que se les atribuyen en ambos lados de la frontera. De acuerdo con Fox News, Donald Trump firmará este mismo lunes unas 200 órdenes ejecutivas, entre ellas ordenará que los cárteles sean designados como organizaciones terroristas extranjeras, además de que establecerá una prioridad nacional para acabar con las operaciones de esas organizaciones criminales en suelo estadunidense. La legislación de los Estados Unidos establece que es el Departamento de Estado el responsable de detonar el procedimiento burocrático para la designación. No es un proceso exprés, pues requiere de los informes de múltiples agencias y secretarías, sumado al aval final del Congreso. La ventaja para Trump es que ahora los republicanos controlan ambas cámaras. Cuestionado sobre esta propuesta en su comparecencia de ratificación como titular del Departamento de Estado, el republicano Marco Rubio reconoció ante el Senado que es una opción que está sobre la mesa junto con otras. Los estados que respaldan la designación de los cárteles mexicanos como terroristas son Virginia, Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah y West Virginia. La designación de una Organización Foránea Terrorista (FTO por sus siglas en inglés) exige tres requisitos generales: que sea un grupo extranjero, que haya realizado o tenga capacidades para realizar actos terroristas y que dicha actividad amenace la seguridad e integridad de ciudadanos estadunidenses o la seguridad nacional de ese país. Bajo ese contexto, los fiscales republicanos han identificado nueve grupos del crimen organizado en México que cumplen con este criterio debido a sus actividades actuales o a hechos desplegados en el pasado. Se trata de: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Cártel de Sinaloa. Cártel de Juárez/La Línea. Cártel del Golfo. Cártel del Noreste. Guerreros Unidos. La Familia Michoacana. Los Rojos. Organización de los Beltrán Leyva. El razonamiento que los fiscales plantearon en la propuesta de inicio de 2023 y que será retomada por la administración de Trump es que dichos grupos son responsables, por un lado, de la introducción masiva de estupefacientes de diversos tipos, y por otro lado, están inmiscuidos en actividades como el tráfico de personas y migrantes ilegales, con perfiles delictivos, a territorio estadunidense. Se plantea, entre otros datos, que el aseguramiento de inmigrantes con antecedentes criminales se triplicó de 2020 a 2023; que hay un aseguramiento constante de miles de kilogramos de drogas ilegales año con año, entre las que figura el fentanilo. Además, que los cárteles obtienen anualmente ganancias por el trasiego de drogas a Estados Unidos, que van de los 19 a los 29 billones de dólares; que dichos grupos tienen alianzas para delinquir con múltiples organizaciones criminales trasnacionales y también con bandas delictivas en territorio estadunidense. Actividades que ponen en riesgo la seguridad de los Estados Unidos y de sus ciudadanos ya que, por un lado, sus actividades han llevado al secuestro y asesinato de estadunidenses en México y otros sitios, y por otro lado, el consumo de drogas mata, por año, a un promedio de 70 mil a 100 mil personas en ese país. Con estos antecedentes, el Buró de Contraterrorismo del Departamento de Estado preparará un registro administrativo que será canalizado a la oficina del titular de esta cartera para que Marco Rubio, en consulta con el Departamento del Tesoro, determine si es procedente la designación. La decisión final será notificada al Congreso para que éste manifieste si tiene alguna objeción. La otra lista negra: 600 sancionados Desde hace casi 25 años, el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto sanciones a 603 individuos y empresas mexicanas por presuntamente participar en operaciones delictivas o de blanqueo de capitales. Los sancionados, que se incluyen en la llamada “lista negra” de la OFAC, son designados por el Departamento del Tesoro, al amparo de la Ley de Designación de Líderes del Narcotráfico Extranjero (Kingpin Act). En dicha lista, según los registros oficiales actualizados, figuran a la fecha 353 personas y 250 empresas u organizaciones. A todos se les han congelado cuentas y bienes dentro de la jurisdicción estadunidense y hay una prohibición expresa para que cualquier ciudadano y empresa de ese país realice transacciones financieras con ellos. En la lista figuran, entre otros, grupos como: Los Arellano Félix. La organización de los Beltrán Leyva. El Cártel Jalisco Nueva Generación. Cártel del Golfo. Cártel de Juárez. La Familia Michoacana. Los Cuinis. Los Zetas. Cártel de Sinaloa. También los líderes de esas organizaciones y sociedades anónimas que hacen referencia a farmacias, gasolinerías, hoteles, inmobiliarias, restaurantes, empresas de tecnologías, jugueterías, entre otras, que según el gobierno estadunidense sirven para lavar dinero del narcotráfico.
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