Agencias / La Voz de Michoacán Con la llegada al poder del nuevo gobierno de Trump, América Latina se prepara para los cambios en la política estadounidense, con el crimen organizado como prioridad en la agenda. Los ataques militares contra criminales mexicanos y la posible retoma del Canal de Panamá ya han aparecido en la retórica del presidente. Teniendo en cuenta la primera administración de Trump y las declaraciones de su equipo de adjuntos, InsightCrime analiza cómo podrían configurarse las políticas de su segundo mandato. En Guatemala, quienes luchan contra la corrupción se enfrentaron a una crisis en mayo de 2018. La ayuda estadounidense a un organismo contra la corrupción con apoyo internacional conocido como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) había sido congelada por Marco Rubio, el senador republicano recientemente seleccionado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como secretario de Estado. La CICIG había tenido éxito y gozaba de popularidad. Había ayudado a investigar y procesar tramas de corrupción que llegaban tan alto como la oficina del presidente y la vicepresidenta. Pero el trabajo de la CICIG había generado una enorme reacción de las redes corruptas que estaba ayudando a desenmascarar. La decisión de Rubio de retener6 millones de dólares de financiación estadounidense, alegando cuestionables acusaciones de influencia rusa sobre la comisión, asestó un duro golpe a la ya vulnerable institución. Los fondos se liberaron varios meses después, pero a raíz del incidente, el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y las redes de corrupción con vínculos militares, intensificaron los ataques contra la CICIG. Respaldado por soldados y con tanques rodeando las oficinas de la CICIG, Morales anunció planes para expulsar a la comisión. El apoyo de Estados Unidos había sido crucial para la CICIG desde su creación, a mediados de la década de 2000. Pero Trump, que entonces cumplía su primer mandato como presidente, no hizo nada para proteger a la comisión de la arremetida. Su administración pareció dar prioridad a la cooperación de Morales para frenar la inmigración por encima del compromiso del presidente guatemalteco con una gobernanza transparente. La CICIG se cerró por completo en 2019, lo que supuso un importante retroceso en términos de lucha contra el crimen organizado y la corrupción que sigue afectando a Guatemala en la actualidad. La historia de la CICIG ofrece un ejemplo de cómo la administración entrante de Trump podría manejar asuntos similares relacionados con el crimen organizado y la corrupción en la región. Trump formó un equipo de personas leales y de línea dura para los puestos más altos de las fuerzas del orden, la seguridad y las relaciones exteriores, que probablemente adoptarán un enfoque militarista y, sobre todo, transaccional, para luchar contra el crimen organizado en América Latina y el Caribe. Trump y sus “reales” Trump es famoso por premiar la lealtad entre sus colaboradores, lo que significa que su equipo probablemente centrará gran parte de su atención en dos de las principales preocupaciones del presidente electo: las drogas y la migración. Estas cuestiones centran mucho la atención en México y en la frontera sur de Estados Unidos, así como en el posible uso del ejército, bajo el control directo de Trump como comandante en jefe, para combatir el crimen organizado. Trump se ha mostrado abierto a llevar a cabo acciones militares en México y algunos de sus principales subalternos han abogado por esa estrategia. Mike Waltz, un congresista republicano de Florida elegido como asesor de seguridad nacional de Trump, ha apoyado la legislación que autorizaría el uso de la fuerza militar estadounidense contra los “cárteles” mexicanos. La elección de Trump para secretario de Defensa, el comentarista de noticias de televisión Pete Hegseth, también ha expresado su apoyo a los “ataques de precisión” contra los grupos criminales involucrados en el tráfico de drogas. El equipo de Trump también está a favor de adoptar un enfoque militarizado para la aplicación de las leyes de migración. El “zar de la frontera” Tom Homan, que dirigió los programas de control migratorio durante el primer mandato de Trump, utilizó la frase “conmoción y pavor” para describir los planes de la administración entrante para hacer frente a la migración irregular, una aparente alusión a la invasión militar estadounidense de Irak en 2003. La elegida por Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no solo apoya el uso del ejército para hacer cumplir las leyes migratorias, sino que ha utilizado repetidamente su autoridad como gobernadora de Dakota del Sur para enviar tropas de la Guardia Nacional mil 500 kilómetros al sur para ayudar a vigilar la frontera con México. La seguridad fronteriza y la migración son preocupaciones importantes para muchos estadounidenses, pero el enfoque de línea dura del equipo de Trump podría beneficiar a los grupos criminales al crear nuevas oportunidades para los traficantes y elevar el precio de sus servicios. Además, la militarización por sí sola no puede resolver el problema. Las organizaciones criminales modernas son complejas y adaptables, y luchar contra ellas requiere esfuerzos multifacéticos y multinacionales. Centrarse casi exclusivamente en la migración y las drogas podría restar atención a otros aspectos importantes del crimen organizado, como el lavado de dinero. “Hay mucho más sobre la mesa en términos de los portafolios generales de algunas de estas organizaciones”, dijo a InSight Crime Gladys McCormick, profesora de la Universidad de Syracuse especializada en las relaciones de seguridad entre Estados Unidos y México. Esperar el caos Aunque el Poder Ejecutivo tiene mucho control sobre la aplicación de la ley, la seguridad y las relaciones exteriores, es poco probable que la aplicación de la visión política de Trump sea fácil. Trump puede tener dificultades para mantener un liderazgo consistente dentro de las agencias más importantes para su agenda. Su primera administración experimentó una gran rotación, y esta dinámica se ha repetido incluso antes de que Trump asumiera la presidencia por segunda vez. Su primera opción para fiscal general, el excongresista Matt Gaetz, decidió no optar a la confirmación tras enfrentarse a acusaciones de que había mantenido una relación sexual con una menor, y de que había consumido drogas ilícitas y pagado ilegalmente por servicios sexuales. Trump nombró después a Pam Bondi, la ex fiscal general de Florida que defendió a Trump contra la destitución durante su primer mandato. Inicialmente eligió a un sheriff de Florida llamado Chad Chronister como su opción para dirigir la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), pero Chronister retiró su nombre días después del anuncio, diciendo que no se sentía cualificado para dirigir la agencia. Trump aún no ha nombrado a un sustituto. Además, Trump podría verse obstaculizado por un Congreso poco cooperativo, algo que ocurrió en ocasiones durante su primer mandato. En 2019, por ejemplo, Trump no logró asegurar miles de millones de dólares en fondos para la construcción adicional del “muro fronterizo” ante la fuerte resistencia de los legisladores demócratas. La nueva administración Trump contará con un Congreso controlado por su partido republicano, pero incluso los legisladores aliados pueden no estar siempre en la misma página que el presidente. “Hay políticos republicanos sobrios, experimentados y de influencia que estarán cerca… [y] tal vez moderen algunas de las propuestas más osadas”, dijo Cris Hernández-Roy, miembro senior del programa de las Américas en el centro de pensamiento Center for Strategic and International Studies. Incluso con el caos en la cúpula, hay algunos burócratas competentes y alineados ideológicamente que podrían ayudar a llevar adelante las políticas preferidas de Trump. “La burocracia estadounidense es capaz de llevar a cabo estas tareas”, dijo Gedan. “El Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado – están bien dotados de profesionales de carrera que tienen una gran experiencia y conocimientos”. Impacto limitado A pesar de la retórica agresiva de Trump y su gabinete, es poco probable que su enfoque para abordar el crimen organizado en América Latina produzca cambios sustanciales o duraderos en la dinámica criminal de la región. Gran parte de la actividad del crimen organizado tiene lugar en espacios donde Estados Unidos tiene una influencia limitada. Por ejemplo, Estados Unidos puede proporcionar financiación, formación e inteligencia a Ecuador para ayudarle a poner en orden su situación penitenciaria, pero en realidad no puede intervenir directamente. Además, el enfoque “América primero” de Trump podría impedir el tipo de cooperación y asistencia internacionales necesarias para abordar adecuadamente el complejo fenómeno del crimen organizado. La elección de Rubio como secretario de Estado y de Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México, como subsecretario de Estado, sugiere que la administración prestará especial atención a América Latina. Pero ese enfoque se centrará en gran medida en impedir que los migrantes y las drogas lleguen a Estados Unidos, en lugar de abordar las causas profundas que subyacen al crimen organizado. “Aún no está claro que Estados Unidos vaya a dar prioridad a la gobernanza democrática y a la lucha contra la corrupción”, dijo Benjamin Gedan, director del Programa para América Latina del Wilson Center y exdirector para Suramérica del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama. “No tiene un compromiso firme con el tipo de desarrollo institucional a largo plazo que es necesario para conseguir que estos países sean capaces de hacer frente al crimen organizado por sí mismos”.
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