Luis Sigfrido Gómez Campos Una amiga, muy querida,que le gusta hacer ciencia, partidaria de Andrés Manuel López obrador y acérrimaenemiga del todavía presidente Peña Nieto, posteó un mensaje que en síntesis decía que la culpa de la exoneración jurídica de la profesora Elba Esther Gordillo era del actual Presidente de la República. Escuché cuando otro amigo le decía que resultaba evidente que independientemente de quién había dado la orden para liberar de toda culpa a la otrora poderosa dirigente magisterial, ya se sentía la mano del Presidente Electo. La discusión sobre dicho tema se prolongó por un buen rato y la científica terminó por aceptar que a ella no le importaba la verdad sobre dicho asunto porque a fin de cuentas ésta saldría algún día a la luz, que de momento eran puras especulaciones y que la responsabilidad política la cargaba Peña Nieto; es más, que éste le caía gordo y que políticamente era correcto que cargara con la culpa. Aunque el otro amigo trató de explicarle que la verdad no tenía nada que ver con la postura política de cada persona; que se podía especular con cierto grado de racionalidad para sacar conclusiones políticas más o menos válidas aunque no se contara con todos los pelos de la burra en la mano, todo resultó inútil. La pasión política obnubiló el pensamiento de la científica, la cual dio por terminada la discusión. Esta tersa transición de nuestra peculiar política mexicana genera este tipo de discusiones estériles. Toda negociación bajo la mesa y determinaciones políticas presidenciales de este tipo, ponen en evidencia la falta de independencia de un Poder Judicial que debería cumplir con su función por encima de cualquier determinación de orden político. Si la maestra Elba Esther Gordillo era inocente,no se le debió haber sometido a ningún procedimiento judicial que pusiera en duda su honorabilidad; pero si la profesora quien fuera dirigente del sindicato más grande de Latinoamérica hizo uso indebido de recursos económicos que pertenecían a sus representados, abusando de su confianza y acumulando una riqueza desproporcionada, debería ser sancionadaen la proporción justa que marcan nuestras leyes, ni más ni menos. Como dijo el propio Peña Nieto cuando se detuvo a la maestra Gordillo: “Hasta las últimas consecuencias”, “Nadie por encima de la ley”. Se exhibió a la maestra en los medios de comunicación como una persona corrupta que hacía ostentación de lujos que van más allá de lo racionalmente aceptable; se dijo que toda su riqueza era indebida y acumulada de manera ilícita; pero ahora, después de haber estado acusada, encarcelada y vilipendiada como el ser más despreciable y corrupto, se le absuelve de toda culpa y simplemente se le dice: usted perdone, es que no le pudimos probar nada de los hechos por los que la acusamos; es usted tan inocente como don Raúl Salinas de Gortari al que también le habíamos encontrado miles de millones de dólares depositados en bancos extranjeros y el sistema judicial mexicano jamás pudo probar el origen ilícito de esos recursos. La semana pasada se dieron a conocer los acuerdos a que llegaron el Presidente Peña y el Presidente electo López Obrador respecto de enviar al Congreso de la Unión la iniciativa para crear nuevamente la Secretaría de Seguridad Pública, así como las ternas para la designación del nuevo fiscal general, fiscal anticorrupción y fiscal de delitos electorales. Los medios filtraron incluso la lista de las propuestas de Andrés Manuel para fiscal general. Para muchos resulta más que evidente que muchas determinaciones que tendrán repercusiones en el futuro de nuestra patria ya están siendo tomadas por el Presidente electo. Eso quizá no sea novedad en el sistema político mexicano. Es más, se hace indispensable realizar de manera conjunta los ajustes estructurales y administrativos necesarios para hacer una transición civilizada y eficiente. Lo que resulta desconcertante son los acuerdos bajo la mesa, si es que los hubo, respecto de asuntos que no son competencia del ejecutivo. Vivimos en un régimen donde supuestamente existe un equilibrio de poderes que permite la el funcionamiento correcto de las instituciones y la posibilidad de limitar el abuso de un poder hacia otro. En todo caso, destacan las fallas de nuestro sistema de procuración y administración de justicia que no da pie con bola. Además del caso de la maestra Elba Esther, salieron absueltos tanto la luchadora socialNestora Salgado como el doctor Mireles. O bien estuvieron detenidos injustamente, o el sistema judicial mexicano simplemente no funciona. O dicho en palabras más claras: estos personajes sólo fueron presos políticos. Pero volviendo al caso de la lideresa magisterial:¿Quién liberó a la maestra Elba Esther cargando con la responsabilidad histórica de haber actuado indebidamente por acción u omisión? No podemos dejar de reconocer que la culpa pesa sobre el actual régimen que, en su afán por llevar la fiesta en paz con el presidente electo, deja muy mal paradas a las instituciones de justicia. luissigfrido@hotmail.com
La Voz de Michoacán
