Saúl Álvarez y Ulises Solís libran debajo del cuadrilátero un combate que parece no tener fin. En el último round de esta batalla, el “Canelo” ha pagado una fianza de 10 mil pesos para evitar cualquier posibilidad de ir a la cárcel. Mediante dicho pago, el pugilista asegura permanecer en libertad, en caso de que el juez séptimo de lo criminal dicte auto de formal prisión en su contra, luego de que días atrás fuera girada una orden de aprehensión en su contra por el delito de lesiones calificadas. “El Archie” Solís mantiene desde hace tiempo una demanda judicial en contra de Álvarez. En la misma, asegura que fue agredido por Álvarez cuando ambos se encontraron en la barranca de Oblatos, en octubre de 2011, lo que le provocó una fractura de mandíbula y la pérdida de varios dientes. Han pasado casi tres años de los presuntos golpes y el caso parece estar llegando a las últimas instancias. Álvarez contaba ya con un amparo contra la orden de aprehensión girada en su contra y ahora ha pagado una fianza para asegurar que permanecerá libre aun cuando el juez séptimo de lo criminal pudiera dictarle un auto de formal prisión. Tras conocerse la orden de aprehensión y con el amparo obtenido, el “Canelo” debía comparecer por voluntad propia ante el juez séptimo de lo criminal, el lunes pasado, pero Álvarez argumentó un golpe en el ojo que lo obligó a presentarse en un hospital. Personal del tribunal acudió a dicho sitio para tomar la declaración del acusado. Sin embargo, se reservó ese derecho y solicitó el beneficio llamado libertad bajo caución, que le permitió pagar la fianza de 10 mil pesos. La averiguación previa 15729/2011 da cuenta de los hechos del 21 de octubre de 2011 en la barranca de Oblatos, donde presuntamente se realizó la agresión que hasta hoy mantiene este pleito legal. Solís asegura que las lesiones sufridas requirieron de operaciones y lo llevaron a perder su título mundial minimosca avalado por la FIB por inactividad. El caso fue registrado finalmente en el expediente judicial 179/2013-C y a Saúl Álvarez se le procesa desde entonces por provocar "lesiones que pusieron en riesgo la vida del ofendido", algo que de acuerdo al Código Penal del Estado de Jalisco se castiga con hasta 6 años de prisión.