La violencia contra las mujeres periodistas en México se triplicó en un decenio, la violencia institucional de género, la negación de protección y los prejuicios sexistas con que se realizan las investigaciones de estos delitos son los principales factores para que los casos queden impunes y los culpables no sean castigados. Así lo revela el informe "Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis Legal" que además detalla que tan sólo en los dos últimos años se presentaron 86 casos de violencia contra las profesionistas, de las cuales 54% ocurrieron en 2013. El estudio de la organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) indicó que la Ciudad de México reportó 35 % del total de casos, lo que coloca a la capital "como la entidad más peligrosa para las mujeres que ejercen esta profesión". Durante la presentación en el Centro Cultural España, la periodista y escritora Lydia Cacho señaló que la falta de perspectiva de género en las normas de libertad de expresión y la "naturalización de la violencia" se reflejan en el deficiente acceso a la justicia para el gremio periodístico. Cacho fue demandada en 2005 por Kamel Nacif por presuntos delitos de difamación y calumnia, luego de que ella revelara la existencia de una red de pederastia y pornografía infantil en la que participaba el empresario textilero. El estudio de Cimac analiza el caso donde destacó la colusión del entonces gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, y las irregularidades en la integración de la averiguación previa por las acusaciones contra la escritora que dieron pie a que fuera detenida y sometida a tratos inhumanos y degradantes en diciembre de 2005. La descalificación de las periodistas agredidas durante el proceso penal puede afectar de manera negativa la investigación de los casos de violencia y la valoración de las pruebas, advierte el documento. Al poner en duda la palabra de las mujeres, el costo social se agrava en los casos en que estas sospechas son publicadas en los medios de comunicación ya que genera desconfianza, minimiza y pone en tela de juicio la declaración de las periodistas, explica el análisis. En cuanto al tipo de violencia, la publicación refiere que en 45 de los 86 casos registrados en los dos últimos años hubo violencia verbal en forma de amenazas, insultos o descalificaciones personales. En 38 de ellos, la violencia se manifestó de forma física con golpes, los más graves, infringidos por policías y, en menor medida, éstos provinieron de escoltas de funcionarios públicos y manifestantes. Las presentadoras del informe subrayaron la importancia de implementar la perspectiva de género y derechos humanos en los distintos niveles de la sociedad como el estado mexicano, a la sociedad civil y a los medios de comunicación para garantizar a las periodistas el acceso a la justicia y prevenir la violencia en sus espacios de trabajo.
La Voz de Michoacán
