MÉXICO, DF.- Iñaki Blanco Cabrera, procurador General de Justicia de Guerrero, informó que ayer lunes por la noche se decidió ejercer acción penal en contra de los 22 policías de Iguala por el delito de homicidio calificado, tras la muerte de seis personas. En entrevista con Radio Red, reiteró que hubo un uso excesivo de la fuerza pública. "Parece que la respuesta de los elementos policiales no fue proporcional a lo acontecido, por el contrario, a todas luces resultó desmedida. "Creemos que hacer uso de armas de fuego sin justificación aparente conlleva a fincar responsabilidades de tipo penal. El día de ayer por la noche decidimos, en razón de los elementos de prueba con que cuenta el Ministerio Público, ejercer acción penal en contra de estos 22 elementos por el delito de homicidio calificado". El fiscal guerrerense dijo que se acreditó, en razón de las declaraciones de las víctimas directas e indirectas, que hubo un uso excesivo de la fuerza, y que no se siguieron los protocolos y manuales sobre el uso de la fuerza y los relativos a contención y disuasión de manifestaciones públicas. Los 22 agentes municipales fueron detenidos el pasado 28 de septiembre tras los hechos de violencia en Iguala en los que murieron seis personas. Posteriormente fueron trasladados al Ministerio Público en Acapulco y ayer fueron llevados al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Las Cruces, también en el puerto. Blanco Cabrera también señaló que tras los hechos fueron aseguradas 15 patrullas de la Policía Municipal y recordó que 16 agentes dieron positivo a la prueba de rodizonato. "Sí sabemos que fueron elementos de la Policía Municipal los que hicieron uso de armas de fuego en contra de los normalistas", añadió. Ayer lunes, en conferencia de prensa, el fiscal guerrerense mencionó que los desaparecidos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos son buscados en tres o cuatro puntos de Iguala, aunque no quiso revelar los lugares. No descartó la posibilidad de que se le finque responsabilidades a los policías municipales detenidos por el delito de desaparición forzada de personas, debido a que se desconoce el paradero de 57 normalistas.