Insultante e inmoral

La Voz de Michoacán. Las últimas noticias, hoy.

Raúl Castellano

 

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El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará 25 mil millones de pesos para el 2018. Esta cifra impresionante será para llevar a cabo las elecciones para el año que viene y habrán de pagarla todos los mexicanos.

De esta cantidad, 18 mil 256 millones se utilizarían en el gasto operativo de ese Instituto y, el resto, 6,788 millones, para financiar a los partidos políticos y candidatos independientes.

Es verdaderamente indignante e inmoral, la solicitud que hace el INE, en un país con millones de pobres, con una economía que no va bien y un endeudamiento que sobrepasa los límites de que hablen los expertos y, sobre todo, con un sistema democrático que no funciona. ¿Cómo es posible que se pretenda financiar con casi 7 mil millones de pesos a los partidos políticos que han sido secuestrados por quienes son los dueños de esas franquicias?

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¿Cómo se pretende gastar tanto dinero en un país donde se compran los votos? Es justamente la pobreza de tanta gente lo que permite que se falseen por este medio los resultados de una elección. El país va en retroceso en el campo democrático, que debía haber avanzado en tener un sistema electoral que impida la corrupta costumbre de comprar votos, y que garantice el resultado imparcial de los comicios.

El financiamiento a los partidos políticos se determinó para impedir una serie de vicios o formas inaceptables en un sistema auténticamente democrático, tales como el que pudieran ser financiados por narcos o el crimen organizado, o privado, y se ignorara el origen y montos de  ese tipo de financiamiento. Sin embargo, no se ha podido impedir esos serios inconvenientes, pues en realidad, los partidos reciben mucho dinero “por debajo del agua”. Tan sólo hay que ver el río de dinero que el PRI derrochó para que ganara su candidato en el Estado de México. Se trató de un “triunfo” ganado a billetazos. Un triunfo a la mala.

El INE había prometido reducir los gastos de los comicios para 2018, para lo cual reducirían los tiempos de las campañas, pero no lo hicieron, de suerte que ahora se gastarán 2 mil millones mensuales. El no haberlo hecho, refleja un desinterés total, una irresponsabilidad inaceptable, que hacen ver que el INE no funciona y que desde luego, no protege a la gente, no la toma en cuenta; en cambio, solo sirve a los partidos políticos dándoles más dinero.

Comparadas las cifras de ahora, con las del 2000, el incremento ha sido del 150%. Decir que el incremento se debe al aumento del dólar, o que ahora habrá que hacer más credenciales, no justifica el dispendio, y menos en un país pobre. Darles más dinero para que lo gasten como les dé la gana, porque esta es la realidad, alienta a los partidos a cometer más irregularidades, como el repartir tarjetas como recientemente lo hizo Del Mazo y antes se utilizaron tarjetas de Monex, así como repartir despensas y otros, que sabemos que sirven para comprar votos, lo que resulta ser la peor práctica en un régimen que se dice democrático.  Tenemos que convenir, como resultado de todo esto, que tenemos en sistema electoral más caro del mundo y tal vez el peor de todos.

Que el INE sea responsable de este absurdo dispendio, no solo es parte de un sistema corrupto,  sino francamente inmoral, sobre todo cuando sabemos que el INE no controla el gasto de los partidos y tal vez de eso se trate, de una danza de miles de millones en la que muchos le meten mano. Y es inevitable hablar de otro vicio del sistema, que es el rebase de los gastos de campaña, que resulta recurrente y que para el que nunca hay sanciones, que hace que el derroche de dinero sea, aberrante.

Sabido es que del dinero, del muchísimo dinero que algunos gobernadores han saqueado de las arcas públicas de sus estados, como los casos de Humberto Moreira, de Coahuila, y Javier Duarte, de Veracruz, una buena parte se ha ido a financiar campañas políticas y compra de votos.

El artículo 41 constitucional establece la forma que el INE utiliza para calcular el dinero que se da a los partidos políticos, y que consiste en multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En años de elecciones federales, a esa cantidad se le suma el 50% extra.

Es preciso revisar el tema del financiamiento a los partidos políticos. Las grandes cantidades que se dan a partiditos políticos que nada aportan a nuestro sistema, ha logrado despertar la avaricia de estos que se han convertido en grandes negocios en los que no hay que hacer nada, salvo estirar la mano.

Una propuesta que me parece muy adecuada, es la que liga la cantidad de votos que tenga un partido, con la cantidad de dinero que deba entregársele. Expresada en una frase equivale a que “Sin votos no hay dinero”. Este es el principio de una ley aprobada por el Congreso de Jalisco, por la que se reduce sensiblemente el dinero a los partidos, cuando no haya elecciones y que cuando deba dárseles dinero público, este sea proporcional a los votos recibidos. Esta ley conocida como la ley Kumamoto, ha sido declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este fallo de la Corte nos debiera alentar pensando que puede ser replicada por un buen número de estados para que, finalmente, sea aprobada por el Congreso con el fin de que rija en el Sistema Electoral Federal. Esta es una fórmula justa que, además, ahorraría muchísimo dinero que por ahora se dilapida.

Por ahora, los legisladores han rechazado algo así como 23 propuestas para reducir o suprimir el financiamiento a los partidos políticos. En el Senado destaca una propuesta que consiste en multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón por el 30% del UMA, con lo que se ahorrarían algo así como 4 mil millones de pesos.

Me parece que otra fórmula que sería muy buena, es la de que se les entregue a los partidos, el 50% de dinero público, aplicando la llamada ley Kumamoto y el resto, que cada partido pueda obtener financiamiento privado, cuyo origen sea muy claro y supervisado, estrictamente, por un INE que realmente funcione y deje de servir solo a los partidos políticos.