Funcionarios de Iguala buscan amparo por posibles detenciones tras desaparición de 43 normalistas

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ayotzinapa

El director Jurídico municipal, Mauro Valdez Castro, y los secretarios de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Luis Díaz Milanecio; Humberto Villalobos Domínguez, de Gobierno municipal, y María Eva Salmerón, de Administración y Finanzas, solicitaron en el Juzgado Octavo de Distrito la protección de la justicia federal en Morelos para evitar ser arraigados, detenidos, presentados o buscados por las autoridades que indagan el vínculo de este gobierno municipal con el crimen organizado y entregaron una fianza de 30 mil pesos.

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Mientras que en el Juzgado Tercero de Distrito, se interpusieron más solicitudes de amparo a favor de las regidoras de Derechos Humanos y de Educación, Juana Álvarez Martínez y María Soledad Mastache Hernández, respectivamente; y de Gilberto Salgado López, titular del Registro Civil del municipio de Iguala.

El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Christian Fragoso Velázquez, indicó que los juicios de amparo que funcionarios del Ayuntamiento de Iguala, Guerrero, han promovido en el Juzgado del Decimoctavo Circuito Judicial, con sede en Cuernavaca, son mecanismos válidos a los que cualquiera puede recurrir.

“En este caso no es la excepción aun y cuando sean funcionarios, por supuesto diversos empleados del Ayuntamiento de Iguala y obviamente tomados en consideración de que cómo se está desarrollando la situación precisamente en el Estado de Guerrero”, indicó.

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Explicó que los funcionarios que han recurrido a los Juzgados de Distrito en Morelos para interponer sus juicios de amparo, lo hacen tal vez por querer evitar alguna actuación parcial de los jueces federales de Iguala, tras la situación que se generó después de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

El penalista refirió que los amparos forman parte de una garantía que tiene cualquier ciudadano, por lo que cuentan con la posibilidad de acceder a este mecanismo y precisó que se está actuando bajo la norma y sin ninguna situación ilegal.

“El Juez federal con la poca información que tiene al momento del amparo cuenta con amplias facultades para otorgar la suspensión, eso es, para evitar que una persona sea detenida arbitrariamente sin haber un procedimiento previo”, externó.