"El Congreso del Estado aún no cuenta con información suficiente para llevar a cabo un análisis preciso que nos permita realizar una revisión completa sobre la Iniciativa presentada al Congreso Local, para que el Gobierno del Estado pueda reestructurar y refinanciar nuevamente la deuda pública de Michoacán", así lo informó el diputado Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado. El legislador señaló que es necesario que el titular de la Secretaría de Finanzas del Ejecutivo Estatal entregue un informe a los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública, así como de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, en el cual sea detallado el destino de los recursos públicos que han sido etiquetados, así como lo reestructurado en autorizaciones anteriores por el Congreso local. El también presidente de la Mesa Directiva del Congreso local señaló que ante el análisis minucioso que han realizado los integrantes de las Comisiones Unidas sobre la información presentada por el Ejecutivo a través del titular de la Secretaría de Finanzas, esta ha sido insuficiente, ya que dijo faltan detalles sobre lo reestructurado en el 2013 y el costo que tuvo dicha operación al Poder Ejecutivo. Cabe señalar que el decreto 22 precisa que la solicitud realizada por el Ejecutivo Estatal al Congreso del Estado es para la contratación de créditos y el refinanciamiento de pasivos, así como para que realice diversas operaciones y actos relacionados, por lo que Martínez Alcázar una vez más insistió que no se dará una aprobación sin información suficiente, de un tema tan relevante y delicado que compromete las finanzas públicas de los michoacanos. Por lo anterior señaló que solicitarán más documentación a la Secretaría de Finanzas y Administración, que les permita hacer una revisión precisa donde se tome la mejor decisión para los ciudadanos. “No se hará un borrón y cuenta nueva en las finanzas públicas del Estado, y desde hace una semanas las comisiones encargadas de analizar dicha solicitud pedimos información exacta y puntual de la aplicación de los recursos autorizados mediante el decreto 22, por medio del cual se autorizó al Gobierno del Estado para que contrajera endeudamientos hasta por la cantidad de 9 mil 056 millones 098 mil 239 pesos 81 centavos para destinarse a pagos como fue con instituciones bancarias”, indicó. Cabe señalar que el mismo decreto contempló pago a proveedores y contratistas por gastos de inversión correspondientes a los capítulos cinco mil, Bienes Muebles e Inmuebles y seis mil, Obras Públicas y Construcciones de los ejercicios 2011 y anteriores, hasta por la cantidad de 775 millones de pesos que serían destinadas para cubrir inversiones públicas productivas, entre las que se incluía el Programa de Obra Convenida con Municipios; así como en contratación de deuda nueva para la reposición de la disponibilidad de las amortizaciones de principal correspondientes al ejercicio 2012 hasta por la cantidad de 1 mil 841. 2 millones, debiendo destinarse estos recursos a la realización de nuevas inversiones públicas productivas en los sectores de salud, educación, y desarrollo rural o al refinanciamiento de las amortizaciones de principal pagadas el año en curso. “A la fecha el Congreso del Estado no cuenta con información sobre proveedores a los que se les liquidó, cuando dentro del decreto se contemplaron pagos de pasivos por gastos de inversión correspondientes a los capítulos cinco mil “Bienes Muebles e Inmuebles” y seis mil “Obras Públicas y Construcciones” de los ejercicios 2011 y anteriores hasta por la cantidad de 2 mil 675 millones de pesos, y no nos explicamos el por qué no ha hecho uso del total del crédito que es de 4 mil 112 millones de pesos, de donde debió pagarse a los Proveedores y Contratistas de la entidad”, señaló Martínez Alcázar. “Seguiremos buscando las condiciones necesarias para que se transparenten las acciones realizadas por el Ejecutivo del Estado, y los integrantes de las Comisiones Unidas seguiremos esperando más información necesaria, para que el Congreso del Estado tome la mejor decisión en beneficio de los michoacanos”, concluyó.