Muchos de los inmigrantes irregulares que soliciten permiso de trabajo bajo las medidas anunciadas por el presidente Barack Obama tendrían derecho a prestaciones del Seguro Social y del programa de atención médica Medicare al llegar a la edad de retiro, según la Casa Blanca. De acuerdo con la decisión de Obama, los inmigrantes protegidos de la deportación podrían obtener permiso de trabajo y un número del Seguro Social. Como resultado, contribuirían a ese sistema mediante los impuestos sobre ingresos. Sin embargo, ningún inmigrante "con presencia legal" tendría derecho de inmediato a esas prestaciones porque, como todos los beneficiarios del Seguro Social y el Medicare —el sistema gubernamental de atención médica para adultos mayores_, tendrían que trabajar 10 años para tener derecho a pagos de retiro y servicios de salud. Y para poder seguir cumpliendo los requisitos, el Congreso o futuros gobiernos tendrían que renovar las medidas de Obama para que a esos inmigrantes se les siga considerando "con presencia legal" en el país. Ninguno de los inmigrantes cubiertos por las medidas de Obama podría recibir asistencia federal como prestaciones de bienestar social o vales de alimentos, u otros apoyos con base en sus ingresos. Tampoco podrían adquirir un seguro médico a través de los mercados federales creados por la Ley de Servicios Médicos Asequibles, ni podrían solicitar créditos fiscales que disminuirían el costo de su seguro de gastos médicos. El tema de las prestaciones para los inmigrantes irregulares es particularmente delicado para el gobierno de Obama. Como resultado, la Casa Blanca ha dejado en claro que casi ninguno de los aproximadamente cinco millones de beneficiados por las medidas del mandatario podrían ser candidatos para recibir asistencia federal. La decisión de negarles el acceso a los mercados de adquisición de seguro médico y a créditos fiscales ha sido especialmente decepcionante para los activistas partidarios de los inmigrantes. "(Dichos inmigrantes) fueron retirados específicamente de eso, lo cual es profundamente desafortunado porque va directamente en contra del espíritu" de la ley de cuidados médicos asequibles, dijo Avideh Mussavian, abogado en el Centro Nacional de Derecho de Inmigración. "Deberían haber tenido la oportunidad de adquirir seguro médico como cualquier otra persona". Pero hasta ahora estaba menos clara su elegibilidad para obtener prestaciones por retiro para las cuales habrían contribuido mediante el impuesto sobre nóminas. Al describir la posición del gobierno, un funcionario dijo el miércoles que cualquier inmigrante considerado con presencia legal en el país y que tenga un número del Seguro Social tendría derecho a éste y al Medicare al jubilarse porque habría contribuido. Stephen Miller, portavoz del senador Jeff Sessions de Alabama, uno de los republicanos que encabezan la oposición a las medidas ejecutivas de Obama, dijo que el hacer que los inmigrantes que carecen de autorización para radicar en Estados Unidos tengan acceso al Seguro Social y al Medicare "es un ataque a las familias trabajadoras". "Los inmigrantes ilegales a los que se les concedió una amnistía son en general de edad más avanzada, de menores salarios y menor capacitación, y recibirán millones de dólares más en prestaciones de los que aportarán", afirmó. Los beneficiarios tendrían que tener la edad para jubilarse y haber trabajado cuando menos 10 años. Los inmigrantes también podrían recibir prestaciones por seguro de vida si el trabajador fallecido hubiera laborado 10 años. Para el seguro por discapacidad, tendrían que trabajar entre cinco y 20 años. Un informe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca esta semana concluyó que las acciones ejecutivas de Obama ampliarían la base de recaudación fiscal de Estados Unidos porque aproximadamente dos terceras partes de los inmigrantes que laboran sin autorización en el país no pagan impuestos. Pero muchos inmigrantes irregulares que trabajan ya contribuyen al Seguro Social porque han obtenido un Número Individual de Identificación del Contribuyente. Mussavian dijo que la cifra ha disminuido porque el Servicio de Rentas Internas ha incrementado los requisitos para solicitar dicho número de identificación. La Administración de Seguridad Social calcula que, de unos 11 inmigrantes que viven sin permiso a Estados Unidos, más de tres millones pagaron aproximadamente 6.500 millones de dólares en 2010 por concepto de impuesto sobre la renta, y sus empleadores contribuyeron con otros 6.500 millones. Esos pagos no serían aplicables al requisito de 10 años necesario para poder ser candidato a recibir prestaciones, señaló el funcionario, quien habló a condición de guardar el anonimato porque no estaba autorizado a dar su nombre cuando describía esta política. "Es una de muchas razones por las que les gustaría salir de las sombras", dijo Mussavian. "Muchos inmigrantes han contribuido enormemente a través de impuestos sobre nóminas y de la renta, y el dinero va a programas a los que actualmente no tienen acceso".
La Voz de Michoacán
