En reunión ejecutiva sobre juicios orales que realizó la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el mandatario Salvador Jara Guerrero solicitó apoyo para la capacitación de 10 servidores públicos que formarán parte de la Unidad de Medidas Cautelares, instancia que deberá crear el Gobierno de Michoacán. El próximo siete de marzo deberá entrar en vigor el nuevo sistema de justicia penal en las regiones de Morelia y Zitácuaro; el 3 de agosto se incorporan Uruapan y Zamora a este esquema, y hasta el 9 de mayo del 2016 lo hacen Apatzingán y Lázaro Cárdenas. En la reunión de la Conago destacó que Michoacán se encuentra dentro de la media nacional en cuanto al avance de trabajos para la implementación del modelo acusatorio-adversarial. La Unidad de Medidas Cautelares, que dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, realizará las evaluaciones necesarias para el dictado de éstas, y dará seguimiento a aquellas distintas a la prisión preventiva que sean impuestas a los imputados. En su solicitud a la Conago, el gobernador recalcó que la capacitación de funcionarios michoacanos en la práctica diaria de las Unidades de Medidas Cautelares que ya se encuentran operando en algunos estados, sería un complemento importante a los talleres formativos que cursan quienes formarían parte de dicha unidad en Michoacán. Dicha solicitud, en concreto plantea que 10 servidores públicos enviados por Michoacán sean recibidos en alguno de los estados con experiencias exitosas en la operación de las Unidades de Medidas Cautelares, y de ser procedente, que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) apoye con la cobertura de algunos costos que pudieran generarse con motivo de esta actividad. Salvador Jara Guerrero externó el interés que tiene su gobierno en ampliar la cartera de proyectos susceptibles de ser financiados con recursos concursables, e incluir la propuesta de remodelación del edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Morelia; la creación de instalaciones para el Nuevo Sistema de Justicia Penal de la PGJE, la SSP y la Defensoría Pública en las cabeceras de las regiones judiciales de Lázaro Cárdenas y Apatzingán, y la construcción de salas de oralidad en Lázaro Cárdenas.