Este jueves en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, se presentará -para su debate- un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que investiguen, en el ámbito de sus atribuciones, y en su caso, finquen responsabilidades en el presunto caso de corrupción del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés. A raíz de una petición que hizo la diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, se acordó que este punto de acuerdo será discutido en la sesión de este jueves. En conferencia de prensa, Lilia Aguilar aseguró que al interior de este órgano legislativo, el coordinador panista, Guillermo Anaya, trató de detener este punto de acuerdo, y se dio un intenso debate, sin embargo, por mayoría fue avalado. La legisladora de izquierda comentó que se debe investigar este asunto con mayor razón porque fue el PAN quien impulsó el aval de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y así no encubrir a ninguno de sus gobernantes, ni militantes. Si el PAN es quien encabezó la iniciativa anticorrupción, en acuerdo con el PRI, no puede pretender solamente buscar transparencia y anticorrupción como se dice “en los bueyes de mi compadre”, no puede pretender hacer una ley y tratar de que no se aplique de ninguna manera en sus gobernadores y militantes, comentó la vicecoordinadora del PT. El pasado jueves, el periódico estadounidense “The Wall Street Journal” informó que el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, se ha convertido en objetivo de una investigación de las autoridades mexicanas por presuntamente haber recibido cantidades millonarias de empresarios a cambio de jugosos contratos de su gobierno. El rotativo consigna que el esquema de las operaciones parece atenerse al viejo guión del hermano, que hace las veces de facilitador de los contratos y receptor de las jugosas cantidades de dinero. En este caso, se trata del hermano del gobernador panista, Miguel Padrés, quien habría recibido poco más de tres millones de dólares para facilitar la asignación de contratos por 20 millones de dólares a distintos empresarios que han sacado provecho de la industria de los uniformes escolares para las escuelas públicas del estado.
La Voz de Michoacán
