El gobierno mexicano expresó, a través de su representante permanente ante organismos internacionales, Jorge Lomónaco, su malestar ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) porque se señala, en el informe del relator sobre tortura, Juan Méndez, presentado en Ginebra, el pasado 9 de marzo, que en México la tortura es generalizada. Asegura además que Juan Méndez violó el Código de Conducta para Procedimientos Especiales del CDH donde se indica que cualquier declaración del relator en el tema de derechos humanos debe orientarse a promover un diálogo constructivo. México consideró lo anterior porque el relator contravino la obligación, de acuerdo con ese código, de haber realizado múltiples declaraciones públicas, muchas de las cuales se hicieron a los medios de comunicación, tratando de justificar la terminología utilizada en el informe. "Al haber hecho esto, él omitió mencionar la postura que el gobierno de México, de manera repetida y directa, ha expresado al respecto", señaló. En una carta enviada el pasado 13 de marzo a Joachim Rücker, presidente del Consejo de Derechos Humanos, con copia al relator especial de tortura, Juan Méndez, Lomónaco expresa el sentir del gobierno. "El gobierno desea expresar su decepción, inconformidad y total desacuerdo con la aseveración contenida en el informe, según la cual la “tortura y los malos tratos son generalizados en México”, refiere Lomónaco en su misiva "Afirmar que la tortura en México es generalizada carece de fundamento", agrega. México expresa su preocupación por el hecho de que la afirmación se aparta de una "más profunda y constructiva discusión relacionada con las mejoras que pueden lograrse a partir de las acciones que el Gobierno ya ha puesto en marcha para combatir esta práctica". Argumentan que su preocupación es mayor "específicamente tomando en consideración que el Relator ha reconocido ante el Consejo que la metodología utilizada es “rudimentaria e insatisfactoria en varios niveles.” Este hecho, señala Lomónaco, contraviene el espíritu del papel que desempeñan los procedimientos especiales, tal y como se desprende del Código de Conducta para los Titulares de Mandatos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. México invoca el artículo 13 del Código de Conducta que establece que, en el contexto de las visitas a países, los procedimientos especiales deben asegurarse de que cualquier declaración sobre la situación de los derechos humanos en el país “puedan promover un diálogo constructivo entre los interesados, así como la cooperación en la promoción y protección de los derechos humanos”. Refiere que el propio artículo 13 también requiere a los titulares de mandato que, “al expresar sus opiniones ponderadas, particularmente en sus declaraciones públicas sobre denuncias de violaciones de derechos humanos, [deben] indicar también con imparcialidad las respuestas proporcionadas por el Estado de que se trate”. En la carta se refiere que el relator realizó declaraciones públicas en las cuáles afirmó "…que la tortura es generalizada en México, como lo prueban cientos de testimonios que yo mismo recogí en mis visitas a las prisiones y centros de detención en México, donde casi todos, incluidos niños, manifestaron haber sufrido brutalidad al momento de su detención." Se afirma que con dicha afirmación el Relator contraviene la letra y el espíritu del artículo 12 del Código de Conducta que demanda que, al cumplir su mandato, “los titulares de mandatos deberán hacer gala de prudencia, moderación y discreción para no menoscabar el reconocimiento del carácter independiente de su mandato o el clima necesario para desempeñarlo debidamente”. Lomónaco subraya sin embargo, la disposición de México para continuar trabajando en el tema e indica que el informe que resultó de la visita al país, identifica y reconoce importantes avances llevados a cabo por el Gobierno de México, tanto en materia legislativa como en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales. Entre otros desarrollos, el Relator resaltó las reformas constitucionales relacionadas con los derechos humanos, la adopción del Código Único de Procedimientos Penales, la implementación a nivel nacional del Protocolo de Estambul, así como el enorme progreso que representa la reforma a la jurisdicción militar.
La Voz de Michoacán
