Derivado de la carga de atender hasta mil 200 expedientes jurídicos y de la necesidad de contratar nuevos abogados como cambiarse de inmueble, la Defensoría Pública del Estado de Michoacán requiere de una ampliación presupuestal cercana de los 30 millones de pesos para atender estas necesidades y darle un mejor servicio a los michoacanos que no pueden pagar un abogado. Lo anterior, aseveró Javier Valdespino García, titular del Instituto de la Defensoría Pública, quien comentó el presupuesto de este año asciende a los 53 millones de pesos, pero se requiere tener un presupuesto estimado de 83 millones de pesos para mudarse de edificio en el cual ya se encuentra asignado el personal del área, así como contratar a más personas y vehículos para atender juicios o atender expedientes fuera de la capital del estado. Comentó que por medio de la Secretaría de Finanzas se ha venido apoyando con la contratación temporal de 17 litigantes para defender a quienes no cuentan con recursos para poder pagar a un abogado para defenderse. Dijo que con la ampliación presupuestal se podría contratar personal ya por medio de un concurso de oposición. Mencionó que son 121 litigantes contratados por la dependencia para atender los expedientes o personas que requieren de asesoría. Mencionó que dentro de la capacitación desde hace tres años se cuenta con una mayoría de litigantes con más de 640 horas de capacitación y con 10 abogados de la dependencia con mil 100 horas de capacitación. Para más información consulte la edición impresa de La Voz de Michoacán.